DeportesEl 10, manoseado hasta después de muerto
Los hijos de Diego Armando Maradona —Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando— difundieron un comunicado para informar públicamente una resolución judicial vinculada al abogado Matías Morla y otros imputados en la causa que investiga la administración de las marcas asociadas al nombre del exfutbolista.
En el escrito, los herederos señalaron que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, en el marco del expediente 11.155/2021 por presunta defraudación y administración fraudulenta, resolvió dictar la prohibición de innovar y de celebrar contratos sobre todas las marcas vinculadas al nombre, los apodos y la imagen de Maradona que estén registradas a nombre de Sattvica S.A., tanto en el país como en el exterior.
La medida también establece que los procesados —entre ellos Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona— deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de acto o gestión relacionada con esas marcas. Esto incluye contratos, negociaciones, promociones, publicaciones, trámites ante registros oficiales o cobro de sumas de dinero, ya sea de manera directa o mediante apoderados o intermediarios, en cualquier parte del mundo.
Días atrás, la Justicia ya había ordenado la suspensión de toda operación comercial vinculada a la marca Maradona. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, que notificó al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) para que tome razón de la prohibición respecto de las marcas registradas a nombre de Sattvica S.A.
Los imputados deberán evitar cualquier acción que implique disponer o explotar comercialmente esos derechos marcarios mientras avance el proceso judicial.
En la causa, Morla, Pomargo y Garmendia están acusados como coautores del delito de defraudación y administración fraudulenta, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal y el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.