DeportesNo solo por Lucas Scarlato
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió avanzar con una medida contundente para desalentar el uso de la “patria potestad” como vía para sacar juveniles de los clubes formadores sin compensación económica. La propuesta consiste en no convocar a las selecciones juveniles a aquellos jugadores que hayan dejado sus instituciones apelando a este mecanismo legal.
La iniciativa tomó fuerza luego del caso de Lucas Scarlato, delantero de 16 años que se marchó de River Plate sin haber firmado contrato profesional. Al no existir vínculo contractual, el club no recibió ningún tipo de resarcimiento, situación que volvió a encender las alarmas en el fútbol argentino.
El uso de la patria potestad permite que familias o representantes trasladen a jugadores menores de edad al exterior sin que los clubes que los formaron perciban ingresos por derechos de formación. Esta práctica genera un fuerte impacto en las divisiones inferiores y es observada con creciente preocupación por dirigentes y formadores.
En el centro de la polémica quedó el representante Martín Guastadisegno, quien ya protagonizó otros casos similares. En 2023, sacó de River a Joaquín Panichelli rumbo al Deportivo Alavés de España bajo el mismo esquema. Hoy, Panichelli es uno de los goleadores del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 y fue convocado recientemente a la Selección Argentina.
Un antecedente aún más resonante ocurrió en 2020, cuando Guastadisegno utilizó la patria potestad para trasladar a Matías Soulé desde Vélez a la Juventus. El mediocampista, entonces una de las grandes promesas del “Fortín”, es hoy figura en la Roma y habitual convocado al seleccionado nacional.
Ante este nuevo episodio, la AFA elevó la propuesta a los clubes y al Comité Ejecutivo, que otorgaron su aval de manera unánime. El objetivo es claro: frenar una metodología que, entienden, perjudica a los clubes formadores y debilita el sistema de desarrollo del fútbol argentino.
De avanzar formalmente en la próxima reunión de AFA, la medida marcaría un precedente fuerte y abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre la protección de los juveniles y los derechos de las instituciones que los forman.