Una nueva controversia sacude la investigación sobre el presunto fraude vinculado al proyecto cripto $LIBRA. La divulgación de un contrato, aparentemente firmado por el presidente Javier Milei con el empresario Hayden Davis antes de un mensaje en X (anteriormente Twitter), ha desatado la polémica. Denunciantes alegan que dicho mensaje derivó en una estafa.
La periodista Natalia Volosin hizo público el documento, afirmando que la fiscalía lo tenía en su poder desde hace meses. Tras la publicación, el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, la citó a declarar como testigo.
La revelación del contrato ha generado fuertes críticas por parte de denunciantes y representantes de presuntas víctimas del caso $LIBRA. Sostienen que el material fue “ocultado” dentro del expediente digital de la causa y que no se puso a disposición de los abogados querellantes, impidiendo avanzar con medidas como un posible llamado a indagatoria del presidente Milei.
- Punto Clave: Denuncian que la fiscalía retuvo información crucial.
- Consecuencia: Se impidió el avance de la investigación y la citación de testigos clave.
El diputado nacional Juan Grabois, en su rol de querellante, presentó un pedido formal ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Solicita que la investigación sobre el caso $LIBRA pase a ser llevada por un equipo de fiscales, argumentando que la relevancia institucional del caso y las sospechas sobre la gestión del expediente exigen mayor transparencia y celeridad en el proceso.
La Fiscalía Bajo la Lupa
Según quienes impulsan el reclamo, la fiscalía habría tenido acceso a la información desde el 17 de noviembre, pero la consideró “actuaciones de trabajo interno”, motivo por el cual no se incorporó formalmente al expediente accesible para las partes.
La citación a Volosin, la primera testigo convocada en la causa, se interpreta como un reconocimiento implícito del valor de la investigación periodística para el avance del caso $LIBRA.
La periodista y abogada Natalia Volosin denunció en sus redes sociales que la citación de Taiano la expuso demasiado y lo responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera suceder.
Implicaciones Políticas y Judiciales: ¿quién declara primero?
El caso $LIBRA continúa bajo investigación judicial y podría tener derivaciones políticas y judiciales de alto impacto. El debate sobre el rol de la justicia y la transparencia en causas que involucran a figuras del gobierno nacional se intensifica. Este caso pone a prueba la integridad de las instituciones y la confianza pública.
La abogada Natalia Volosin es la primera citada para declarar en la causa de la criptoestafa $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis por promover inversiones con una memecoin apócrifa.
“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, manifestó Volosín en su cuenta personal de X e ilustró su publicación con una foto de la notificación judicial.
La letrada, según lo anunció, tendrá que presentarse en la Justicia el próximo martes 17 de marzo. "Estuvo rápido (el fiscal Eduardo) Taiano para citarme. Martes 17/03 a las 11 hs. Allí estaré", escribió.
La causa $LIBRA
En 2025, Volosin difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis que buscaba legitimar o “blindar” la investigación de la estafa internacional con la criptomoneda “difundida” por Milei.
Además, señaló cuestionamientos al proceso judicial por irregularidades en el manejo de los tiempos y denunció que informes periciales clave, como conversaciones telefónicas a través de celulares, tardaron semanas en incluirse en el expediente que manejaba el fiscal Eduardo Taiano.
En este caso, la criptomoneda que promocionó Milei dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de varias personas que invirtieron en todo el mundo.
¿Cómo ocurrió?
Tal como lo relataba el diario El País en el aniversario de la causa, el viernes 14 de febrero de 2025, mientras muchas parejas se disponían a celebrar el Día de los Enamorados, Javier Milei disparaba desde su cuenta en X el mensaje que desencadenaría un posible fraude transnacional y el escándalo que lo ha golpeado más de lleno en toda su gestión.
La promoción por parte del presidente argentino del criptoactivo $Libra provocó que una gran cantidad de personas invirtieran en la moneda, que escaló un pico violento de valorización y se desplomó luego, dejando un tendal de damnificados y unos pocos grandes ganadores con acceso a información privilegiada.
La moneda había sido creada apenas media hora antes del posteo de Milei y los fondos para su operación inicial, transferidos en los cinco minutos previos por sus desarrolladores, los mismos que pocas horas después vendieron sus tenencias de la moneda ya disparada y se retiraron con ganancias de entre 80 y 100 millones de dólares. Parte de esa operatoria fue confirmada por el estadounidense Hayden Davis, CEO de la empresa que creó $Libra y con quien Milei había firmado 15 días antes un contrato confidencial en el que lo declaraba como su asesor en materia cripto, según una reciente revelación del diario Clarín.
El periódico internacional señala que por este hecho hay una causa judicial en la Argentina, que avanza con lentitud. “Hasta ahora al Presidente le salió muy barato. No hay grandes responsabilidades para Milei y no porque no existan pruebas, sino porque hay un acuerdo tácito entre los jueces y los fiscales para no investigarlo. Tiene que ver con lógicas de impunidad muy instaladas en Argentina que evitan que presidentes en funciones sean condenados”, apunta Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
Para Biscay, si bien es más complejo probar el delito de fraude, hay sobrada evidencia de que Milei se interesó en un negocio ajeno, lo que configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. “En el mundo, un caso así se resuelve en un año”, asegura.
La Oficina Anticorrupción (OA) —a la que también le dio “intervención inmediata” tras el estallido— lo exculpó en junio. Esta oficina, dependiente del propio Gobierno y encabezada por un ladero del entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que Milei “no infringió la Ley de Ética Pública” y que su publicación, realizada “a través de su cuenta personal”, debe interpretarse como un “acto de comunicación individual o privado que no ha generado direccionamiento oficial de políticas públicas”. Es decir, que “Milei no tuiteó como presidente”.