EconomíaLa prevención, en tiempo diferido
A poco más de un mes de la muerte de Emanuel Aguirre y Raúl Omar Torres, dos operarios de Aguas del Norte que fallecieron durante tareas vinculadas al sistema cloacal en Rivadavia Banda Sur, la empresa estatal compró material y elementos de seguridad. La contratación, sin embargo, no tuvo como destino el lugar donde ocurrió la tragedia, sino una obra de reemplazo de red cloacal en Orán.
Según el relevamiento realizado por este medio en los Boletines Oficiales posteriores al accidente fatal, se trata de la primera compra de Aguas del Norte vinculada de manera explícita a material y elementos de seguridad después de la muerte de los trabajadores. En el medio, crecieron los reclamos de las familias de las víctimas, los cuestionamientos sobre las condiciones laborales dentro de la compañía y los pedidos de informes en el Senado de Salta.
La adjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de Salta y tiene como objeto la “adquisición de material y elementos de seguridad para obra reemplazo de Red Cloacal”. El destino informado fue Orán y la operación se realizó como contratación abreviada por emergencia, bajo el artículo 15 inciso i de la Ley 8.072.
El documento oficial no informa el monto adjudicado, pero sí detalla que los proveedores seleccionados fueron FORESNOA SRL, RESTON MADERA SRL, ADRIAN CASANUEVA E HIJOS SRL, ROGUANT SRL, ATENOR SRL, GRUPO WORK SRL y MS INSUMOS SRL. Hasta el momento de esta revisión, la información específica del expediente no fue localizada en la página de contrataciones de la Provincia.
La publicación oficial llega después de semanas marcadas por el dolor y la búsqueda de respuestas. Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Omar Torres, de 42, murieron el martes 5 de mayo durante un episodio laboral ocurrido en La Unión, en el norte provincial. Otros dos trabajadores, Leonardo Sebastián Méndez y Lisandro Federico Ruiz, también resultaron afectados.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, uno de los operarios se descompensó dentro de una fosa o boca de registro cloacal y sus compañeros intentaron asistirlo. El primer fallecimiento se produjo en el lugar, mientras que el segundo trabajador murió durante el traslado hacia el hospital de San Ramón de la Nueva Orán.
Desde entonces, las familias de las víctimas reclaman saber quién ordenó la tarea, qué condiciones de seguridad había en el lugar y por qué los trabajadores terminaron expuestos a una intervención de riesgo. Los padres de Emanuel Aguirre cuestionaron públicamente el avance de la investigación y sostuvieron que la empresa intenta deslindar responsabilidades sobre los propios operarios.
En una entrevista publicada por Gente de Salta, Carmen y Miguel Aguirre denunciaron que los trabajadores no contaban con los elementos necesarios. También vecinos de la zona relataron que los operarios estaban “a la deriva” y que no habrían tenido herramientas básicas, linterna, arnés ni equipos especiales al momento del hecho.
Una vecina que dijo haber llegado al lugar tras escuchar los gritos de auxilio contó que los trabajadores pedían una soga para sacar a sus compañeros del pozo. También sostuvo que, en otras ocasiones, empleados de la empresa solían pedir herramientas en casas del barrio para poder realizar tareas.
Los cuestionamientos no quedaron solo en los familiares. En la misma publicación, fuentes vinculadas a trabajadores de Aguas del Norte señalaron que pedir elementos básicos, como guantes, podía transformarse en un trámite burocrático. Según esos testimonios, algunos empleados terminaban comprando por su cuenta insumos necesarios para trabajar.
La versión institucional de Aguas del Norte fue distinta. En la respuesta enviada al Senado de Salta, tras un pedido de informes legislativo, la empresa sostuvo que los operarios no habían sido enviados a realizar la tarea en la que finalmente murieron. Según la documentación remitida por el presidente de COSAYSA, Ignacio Jarsún, la orden de trabajo habría sido el reemplazo de una bomba sumergible en la Estación de Bombeo N° 1 de Rivadavia Banda Sur.
En ese expediente legislativo, la empresa afirmó que la intervención en la boca de registro cloacal no estaba autorizada. También sostuvo que los trabajadores contaban con elementos de protección personal adecuados para la tarea originalmente encomendada, entre ellos casco, guantes, botas, ropa de trabajo, faja lumbar y botines reforzados.
Sin embargo, la propia documentación reconoce que las tareas en espacios confinados requieren protocolos especiales, medición ambiental previa y equipamiento específico. Entre esos elementos, la empresa informó la existencia de arneses de seguridad y un detector multigás Altair 5X de la marca MSA, destinados a intervenciones de ese tipo.
La compañía remarcó que esos equipos no guardaban relación con la actividad autorizada oficialmente, porque, según su postura, nunca se ordenó ingresar a la boca de registro donde ocurrió el accidente fatal.
La compra no fue destinada a Rivadavia Banda Sur, donde murieron los trabajadores, sino a una obra cloacal en Orán. Pero sí aparece como la primera contratación de seguridad laboral realizada por la empresa después de la tragedia. Ese dato vuelve inevitable una pregunta: por qué los elementos de prevención llegaron al Boletín Oficial recién después de dos muertes.