EconomíaAparecieron volantes anónimos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que una disposición administrativa firmada por su director, Andrés Vázquez, dispusiera la recategorización de 246 empleados hacia los escalafones salariales más altos del organismo.
La medida generó un fuerte malestar interno tanto en la Dirección General Impositiva (DGI) como en la Aduana, donde trabajadores y gremios cuestionan que muchos de los ascensos no habrían respetado criterios históricos como la antigüedad, el mérito profesional o el título universitario.
En cambio, según denuncian distintos sectores internos, habrían pesado más las relaciones personales, políticas y familiares.
Ascensos bajo sospecha
Uno de los casos más comentados es el de Nicolás Andrés Velis, hijo de José Andrés Velis, director de la Aduana.
El joven fue ascendido al grupo 3, uno de los niveles jerárquicos más altos dentro de la estructura aduanera, pese a que —según remarcan empleados del organismo— no posee título universitario ni una antigüedad suficiente que justifique esa categoría.
Velis ingresó a la Aduana durante la gestión de Carlos Castagneto, en el gobierno de Alberto Fernández. Dentro del escalafón aduanero, los grupos van del 1 al 15, siendo el 1 el de mayores ingresos y jerarquía. La controversia se suma a antecedentes recientes dentro del organismo. En enero pasado, María Eugenia Fanelli, pareja del titular de la ARCA, fue designada como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la DGI.
Las críticas más fuertes se concentran en la DGI, donde fueron recategorizados 208 agentes. En ese esquema, las categorías funcionan de manera inversa: el grupo 26 es el más alto y el 3 el más bajo. Allí volvió a llamar la atención el caso de Yael Bialostozky, vocera del Ministerio de Economía, quien ya había sido ascendida el año pasado al grupo 22 y ahora pasó directamente al grupo 26, el máximo nivel permitido.
Según el convenio colectivo, además, las recategorizaciones no deberían superar más de dos escalafones por vez y los empleados sin título universitario no tendrían que acceder a categorías superiores al grupo 16.
Desde el Palacio de Hacienda justificaron el ascenso señalando que Bialostozky cumple funciones de supervisora del Equipo de Enlace de Comunicación Estratégica, un puesto con mayores responsabilidades jerárquicas.
El clima interno en ARCA se tensó aún más cuando comenzaron a circular listados con nombres de los ascendidos. Incluso, este jueves aparecieron volantes en la sede central del organismo con una frase irónica dirigida a los trabajadores: “Vos laburá. A ellos les suben el grupo”. Uno de los sindicatos del sector, UpsAfip, emitió un duro comunicado en el que cuestionó la medida y acusó a la conducción de premiar vínculos personales antes que el mérito profesional.
“La carrera administrativa no es un botín”, señalaron desde el gremio, donde además denunciaron que se vulneró el convenio colectivo de trabajo mediante ascensos “discrecionales”.
Los trabajadores sostienen además que algunos empleados habrían escalado hasta 12 categorías de manera repentina, algo considerado inusual dentro de la estructura administrativa.
Familiares y funcionarios en la lista
Otro de los nombres que despertó cuestionamientos fue el de Daiana Soledad Venier, hermana de Karina Venier, una de las asesoras más cercanas a Andrés Vázquez dentro del organismo.
Aunque trabaja en la ARCA desde 2013, empleados remarcan que no posee título universitario y aun así fue ascendida al grupo 22.
También aparece en la lista Juan Ignacio Waissman, abogado con larga trayectoria en la DGI pero que actualmente cumple funciones fuera del organismo como asesor de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia. Waissman fue recategorizado directamente al grupo 26, el más alto del escalafón.
A esto se suman casos de funcionarios llegados recientemente desde otras áreas del Gobierno, como la abogada Mariela Andrea Perugini, proveniente del Ministerio de Economía, y Aixa Granara, quienes también recibieron importantes mejoras escalafonarias pese a su escasa antigüedad.
Para muchos empleados, las recategorizaciones representan una contradicción con el discurso oficial contra la “casta” y los privilegios dentro del Estado.