El sistema gasífero argentino empezó a mostrar señales de tensión incluso antes de la llegada de los meses más fríos, en un escenario en el que, aunque la producción local se mantiene elevada, la combinación de precios internacionales en alza, definiciones regulatorias demoradas y una infraestructura que opera al límite vuelve a dejar el abastecimiento atado a decisiones de “último momento”.
La primera alerta, que funciona más como síntoma que como problema en sí mismo, apareció con los cortes de GNC en estaciones de servicio de distintas regiones del país, una medida prevista dentro del esquema de contratos interrumpibles que, sin embargo, deja ver el escaso margen de maniobra del sistema cuando la demanda comienza a escalar. En esos casos, tal como establecen los protocolos, el ajuste recae sobre consumos industriales y vehiculares para preservar el suministro residencial, cuya prioridad está definida por normativa.
En paralelo, y en una decisión que reconfigura el esquema de abastecimiento para los meses críticos, el Gobierno resolvió dar marcha atrás con el cambio que buscaba trasladar al sector privado la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y volvió a apoyarse en ENARSA como garante del suministro, según adelanta el último informe del CEPA. La empresa estatal, que retoma el rol de proveedor de última instancia, será la encargada de asegurar la llegada de entre 10 y 12 barcos durante junio y julio, dentro de un programa que podría escalar a unos 20 buques en total.
El trasfondo de ese giro, que oficialmente se vincula con la volatilidad de los precios internacionales, también responde a una tensión interna del sistema: el gas importado, necesario para cubrir los picos de consumo, se negocia a valores que pueden superar los 10 dólares por millón de BTU, mientras que las tarifas locales reconocen apenas una fracción de ese costo. Según advierte un informe del centro de estudios CEPA, esa brecha no sólo complica el cierre de contratos entre productores y distribuidoras, sino que introduce un nivel de incertidumbre que impacta directamente en la planificación del abastecimiento.
En ese contexto, en el que el equipo económico busca evitar un traslado pleno a tarifas para no presionar sobre la inflación, las distribuidoras se muestran reticentes a asumir compromisos sin garantías de recupero, lo que deja al sistema en una zona gris en la que los volúmenes necesarios para el invierno todavía no están completamente asegurados. El punto puede ser bisagra si se considera que, en los días de mayor demanda, ese diferencial puede representar cerca del 10% del consumo total.
A esa fragilidad de precios se suma una restricción estructural que se repite invierno tras invierno: la capacidad de transporte. Aunque la producción, impulsada en gran parte por Vaca Muerta, logró incrementarse de forma sostenida, la red de gasoductos y la capacidad de almacenamiento no acompañaron ese crecimiento al mismo ritmo, lo que reduce la flexibilidad del sistema y obliga a recurrir a importaciones cada vez que el consumo residencial se dispara.
De acuerdo con el análisis del CEPA, esta combinación —producción en expansión, pero limitada por cuellos de botella en transporte y por un esquema tarifario que no refleja los costos reales— configura un sistema que, lejos de una situación de escasez absoluta, funciona bajo una lógica de administración de tensiones, en el que el invierno, ya pronosticado uno de los más crudos, pone a prueba la capacidad de respuesta.
Mientras el sistema enfrenta dificultades para cubrir su demanda interna en los meses más fríos, avanzan proyectos de infraestructura orientados a la exportación de gas, como el recientemente adjudicado gasoducto vinculado al desarrollo de GNL en Río Negro, pensado para conectar la producción de Vaca Muerta con mercados internacionales.
La coexistencia de ambos procesos —una demanda interna ajustada y un horizonte exportador en expansión— no constituye una contradicción técnica, sino una muestra del desfasaje temporal entre la capacidad instalada y los proyectos en desarrollo, que requieren plazos más extensos para su maduración.
En ese marco, y aun cuando el abastecimiento residencial se mantenga como prioridad, el sistema ingresa al invierno con menos margen del que sugiere el discurso oficial: no porque el gas no esté disponible en términos generales, sino porque su acceso efectivo depende de variables —precio, transporte y decisiones regulatorias— que, en un contexto de alta demanda, vuelven a quedar bajo presión.