EconomíaEdificios alquilados por el Estado desde hace más de 20 años
El Ministerio de Educación de Salta volvió a contratar a los mismos locadores y mantendrá durante otros tres años sus oficinas en un inmueble ubicado en pleno centro de la ciudad. El nuevo acuerdo se suma a otro alquiler vigente con los mismos propietarios: entre ambos, los cánones iniciales superan los $28,7 millones mensuales y el desembolso proyectado durante sus respectivos períodos escalaría como mínimo a $1.045 millones.
Aunque esos edificios son ocupados por el Ministerio desde hace al menos 20 años y los alquileres atravesaron las gestiones de tres gobernadores distintos, Gente de Salta pudo confirmar que los beneficiarios de los contratos son la hermana y el cuñado de un juez de Salta.
Los inmuebles están ubicados en Catamarca 70 y Caseros 322. En el primero funciona la Dirección General de Administración, encargada de concentrar parte del manejo operativo y financiero de Educación. El segundo fue destinado a Legajo Único del Alumno y a la División Certificación de Servicios y Remuneraciones, dos áreas relacionadas con las trayectorias escolares y los trámites laborales y previsionales del personal.
Los contratos tienen como locadores a Jorgelina Lávaque y Sergio Daniel Lafuente, hermana y cuñado, respectivamente, de Alejandro Lávaque, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. El magistrado también fue designado en 2019 como conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Otros tres años en Catamarca 70
La nueva contratación comprende el período que comenzó el 2 de mayo de 2026 y finalizará el 1 de mayo de 2029. Educación pagará un alquiler inicial de $26.032.890 mensuales por el edificio de Catamarca 70, donde seguirá instalada la Dirección General de Administración.
Si ese valor permaneciera sin cambios durante los 36 meses, el Estado desembolsaría $937.184.040. La cifra funciona como un piso, ya que el cálculo toma únicamente el canon inicial y no incorpora las actualizaciones que puedan aplicarse durante la vigencia del acuerdo.
El inmueble tiene 2.415 metros cuadrados cubiertos, distribuidos entre un subsuelo, una planta baja y cinco pisos. Cuenta con cocheras, ascensor, decenas de oficinas, baños, cocinas, equipos de climatización y sistemas de conectividad y videovigilancia.
El contrato también coloca sobre Educación el pago de los consumos y de distintos servicios necesarios para mantener el edificio operativo. Entre ellos aparecen el mantenimiento del ascensor, la telefonía, los datos, la vigilancia, la limpieza y las alarmas. Los locadores, en tanto, deben afrontar los impuestos, tasas y contribuciones que recaen sobre la propiedad.
Una relación que atravesó tres gobiernos
La renovación no abre una relación inmobiliaria nueva.
Caseros 322 ya era utilizado por dependencias de Educación en 2006, durante el gobierno de Juan Carlos Romero, y continuó ligado a la cartera durante las administraciones de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz. Catamarca 70, en tanto, aparece en los expedientes oficiales desde 2014 y siguió ocupado bajo las dos últimas gestiones.
En Catamarca 70, la continuidad quedó asentada en sucesivos instrumentos oficiales. En 2018 se aprobó un contrato para instalar oficinas del Ministerio; en 2021 se autorizó una prórroga hasta mayo de 2023 y, una vez vencida, se firmó otro acuerdo por tres años, hasta mayo de 2026. La nueva contratación prolongó la permanencia hasta 2029.
El salto en el valor del alquiler puede seguirse entre los últimos dos contratos. El acuerdo iniciado en mayo de 2023 fijó un canon de $3.128.000 mensuales, con actualizaciones semestrales del 45%. Tres años después, Educación continuará en el mismo edificio, pero con un precio inicial superior a los $26 millones por mes.
El segundo edificio de la familia
El vínculo entre Educación y la familia Lávaque-Lafuente no se limita a Catamarca 70. La cartera mantiene vigente otro alquiler con los mismos locadores por el inmueble ubicado en Caseros 322, una dirección utilizada por dependencias educativas desde 2006.
Durante años funcionaron allí las oficinas de Legajo Único del Alumno y de Certificación de Servicios y Remuneraciones. El contrato actual modificó ese destino: ahora el edificio alberga la Unidad Técnica Provincial y la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria.
La propiedad está registrada a nombre de Andrea Martina Lafuente Lávaque, mientras que Sergio Daniel Lafuente y Jorgelina Lávaque poseen el usufructo vitalicio. Son ellos quienes aparecen ante el Estado como locadores y beneficiarios de los pagos mensuales.
La última contratación incluyó un acta para cubrir el período comprendido entre junio y septiembre de 2025, durante el cual Educación pagó $2.400.000 por mes. Desde octubre comenzó un nuevo contrato con un canon inicial de $2.732.049,04 mensuales, actualizaciones cuatrimestrales por el Índice de Contratos de Locación y vigencia hasta el 30 de septiembre de 2028.
Incluso sin incorporar esos ajustes, Caseros 322 representa un compromiso mínimo de $107.953.765. Sumado a los $937.184.040 proyectados por Catamarca 70, el gasto comprometido por las dos propiedades supera los $1.045 millones.
Los documentos muestran así dos edificios vinculados con el mismo grupo familiar y contratados por el Ministerio. Uno concentra la Dirección General de Administración; el otro reúne actualmente áreas técnicas y educativas destinadas a estudiantes que reciben clases en sus domicilios o durante una internación.
Quién es Alejandro Lávaque
Alejandro Lávaque ocupa un cargo permanente como juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. Fue designado mediante un decreto provincial de 2018, después de haber desarrollado una extensa carrera dentro del Poder Judicial.
En enero de 2019, el gobierno de Mauricio Macri también lo incorporó a la lista de conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Un conjuez actúa como sustituto cuando los magistrados titulares no pueden intervenir por una vacante, recusación, excusación u otro impedimento. Esa designación, por lo tanto, no lo convirtió en juez federal permanente.
Su nombre volvió a llegar al ámbito nacional a finales de 2021, cuando el Poder Ejecutivo pidió acuerdo al Senado para designarlo vocal titular de la Sala I de la Cámara Federal de Salta. La postulación fue retirada en 2022 y el nombramiento no llegó a concretarse.
La nueva contratación vuelve a extender esa relación. Educación seguirá utilizando Catamarca 70 hasta 2029 y comprometerá, solamente a valores iniciales, al menos $937 millones. El monto final dependerá de las actualizaciones que se apliquen durante los próximos tres años.