Aunque ya no hay llamas visibles, los equipos siguen con tareas de enfriamiento. El riesgo, según explicaron fuentes de la investigación, permanece bajo tierra en la zona afectada en Cafayate. En paralelo, la fiscalía avanza con cautela sobre otros dos frentes: el cálculo de los costos del operativo y una iniciativa para implementar tecnología que permita medir el alcance real del daño.
Según pudo conocer Gente de Salta, en diálogo con la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, las llamas arrasaron más de 220 hectáreas, una superficie equivalente a más de 300 canchas de fútbol. El costo total del operativo todavía no está cerrado, pero ya hay una referencia que permite dimensionarlo: cada hora de avión hidrante rondaría los 5.500 dólares y se habrían realizado alrededor de 30 vuelos. De mínimo: 165 mil dólares.
A ese cálculo preliminar, sostuvo la funcionaria, deben sumarse los gastos de hospedaje, comida y viáticos de los cuerpos que llegaron para combatir el fuego. Sin embargo, el pedido de informes todavía no puede cerrarse porque Defensa Civil, bomberos y brigadistas continúan en la zona, con tareas de control y enfriamiento ante posibles reactivaciones.
“No sería prudente pedir un informe final mientras todavía hay personal trabajando en la zona”, explicó Rojas, al señalar que el riesgo permanece bajo tierra. La fiscal sostuvo que el fuego puede mantenerse activo en raíces y sectores calientes, aun cuando ya no existan llamas visibles en la superficie.
En paralelo, la fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar cómo se inició el fuego. La causa se originó a partir de la denuncia presentada por la intendenta Rita Guevara y, por ahora, avanza con medidas orientadas a reconstruir el punto de inicio, la propagación de las llamas y las condiciones en las que se produjo el incendio.
Hoja de ruta de la fiscalía
Rojas también anticipó que se analiza incorporar herramientas tecnológicas para precisar el alcance del daño y fortalecer la reconstrucción del caso. La medida apunta a obtener una lectura más completa del terreno afectado, especialmente en una zona donde el fuego avanzó sobre bosque nativo y donde todavía persisten sectores calientes bajo tierra.
La fiscal explicó que el pedido de informes técnicos se realizará cuando finalicen las tareas en el terreno y exista una evaluación más completa del operativo y estima que el proceso de control y enfriamiento podría extenderse hasta 30 días antes de confirmar que no existen riesgos de reactivación.
Si la investigación lograra comprobar que el incendio fue provocado, la causa podría avanzar bajo la figura de “estrago”, un delito que contempla penas de prisión cuando el fuego genera riesgo para bienes o personas. De todos modos, hasta el momento no hay imputados y la fiscalía mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el origen del siniestro.
Ante la consulta de este diario, Rojas no descartó la posibilidad de “asociación ilícita”, que se encuadraría si se comprobara la participación organizada de tres o más personas, con roles y una finalidad delictiva común. Por ahora, no hay imputados y la fiscalía mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el origen del fuego.