La construcción de una ciudad modular china para alojar a miles de trabajadores del proyecto minero Vicuña, en San Juan, abrió una discusión que también mira hacia Salta. En un escenario de fuerte expectativa por el crecimiento de la minería en el norte argentino, proveedores nacionales advierten que el mismo esquema podría repetirse en otras provincias si la importación continúa siendo más barata que la producción local.
El caso tomó fuerza luego de conocerse que el complejo habitacional Batidero, destinado al proyecto Vicuña, será abastecido con módulos prefabricados provenientes de China. La primera etapa tendría capacidad para 2.500 personas, aunque por los sistemas de rotación podrían circular entre 3.500 y 5.000 trabajadores.
En diálogo con Gente de Salta, Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada, CACMI, sostuvo que el dato no es menor. Según planteó, el problema no se limita a una obra puntual en San Juan, sino que puede marcar un antecedente para futuros proyectos mineros en Salta, Jujuy o Catamarca.
El eje del reclamo está en los costos. Rudoni explicó que, una vez que los módulos llegan al puerto de Buenos Aires, el traslado hacia el norte no modifica de fondo la diferencia económica. Es decir, el costo logístico de llevarlos hasta zonas mineras de Salta seguiría estando por debajo del costo final de producirlos en el país.
La diferencia de costos
Según datos difundidos en el sector, fabricar módulos en China ronda los US%500 por metro cuadrado, a los que se sumarían cerca de US$200 por metro cuadrado por transporte internacional. En Argentina, en cambio, producir estructuras similares podría ubicarse cerca de los US$1.300 por metro cuadrado.
Esa distancia fue determinante en el caso Vicuña. La oferta internacional habría alcanzado los US$52 millones, mientras que una propuesta nacional se habría ubicado alrededor de los 70 millones.
Sin embargo, desde CACMI plantean que esa diferencia no puede analizarse solo como una cuestión de eficiencia o precio final. Rudoni sostuvo que una propuesta argentina quedó 23% por encima de la oferta china, pero remarcó que el costo impositivo de producir en el país supera el 30%.
“Si tuviera el mismo beneficio que la empresa china, que ingresa sin impuesto, seríamos competitivos”, planteó el titular de la cámara.
El empresario también cuestionó que los beneficios asociados a las grandes inversiones terminen favoreciendo la compra de bienes importados, mientras la industria nacional conserva una mayor carga fiscal. “¿Por qué le damos beneficio impositivo a la mercadería china para estos proyectos y no se los daríamos a la mercadería argentina?”, señaló.
Una discusión que alcanza al RIGI
El proyecto Vicuña forma parte de una nueva etapa de grandes inversiones mineras en la Argentina. La obra está vinculada al cobre y aparece dentro del grupo de iniciativas que podrían modificar el perfil exportador del país en los próximos años.
En ese marco, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, aparece como una herramienta clave para atraer capitales. Pero para los proveedores locales también abre una pregunta: cuánto de esas inversiones quedará efectivamente en empleo, industria y desarrollo nacional.
Rudoni sostuvo que el proyecto implica una inversión estimada en US$18.000 millones y que el beneficio fiscal asociado al régimen rondaría los US$5.000 millones. Para el sector, parte de ese ahorro debería traducirse en mayor participación de proveedores locales.
“Si la inversión del 100% de ese campamento se fabrica en China, el desarrollo es para China, no para la Argentina. Lo que queda en Argentina es un trabajo residual de montaje, con poco valor agregado”, advirtió.
El presidente de CACMI aseguró que el RIGI fue pensado con un efecto de derrame sobre las economías regionales, pero consideró que esa lógica todavía no se refleja en las primeras decisiones de inversión. “Hay una política escrita, pero no se está traduciendo en la realidad”, sostuvo.
Capacidad instalada
Uno de los argumentos que aparecen en este tipo de proyectos es que Argentina no tendría escala suficiente para abastecer obras de gran tamaño. Rudoni rechazó esa lectura para el sector modular.
El dirigente afirmó que CACMI reúne a 58 empresas, aunque aclaró que no representa a todo el universo de la actividad. “Hay más de 100 empresas en el país de construcción modular”, sostuvo.
Como ejemplo de capacidad instalada, mencionó que su empresa, Ecosan, realizó el campamento para el oleoducto que une Vaca Muerta con Río Negro, con capacidad para 1.600 personas. “Lo abastecimos perfectamente bien”, aseguró.
También recordó que durante la pandemia se construyeron 11 hospitales modulares en 40 días. Para Rudoni, esos antecedentes muestran que la industria nacional no parte de cero y que tiene experiencia para responder a demandas de gran escala.
“Argentina tiene muy buena infraestructura, muy buenas empresas y mucha expertise para hacer campamentos modulares”, afirmó.
La alerta para Salta
La discusión no queda encerrada en San Juan. En Salta, donde el desarrollo minero aparece como una de las principales apuestas económicas, el caso Vicuña abre un interrogante concreto: si los próximos campamentos, oficinas o espacios de servicios serán fabricados en el país o llegarán importados.
Rudoni sostuvo que no hay un impedimento real para que ese modelo se replique en provincias del norte. Según explicó, el traslado desde Buenos Aires hacia Salta no alcanza para compensar la diferencia entre producir localmente e importar con beneficios impositivos.
El empresario también señaló que hasta el momento no fueron convocados formalmente por autoridades políticas ni por las empresas para discutir la capacidad real del sector. Incluso afirmó que, pese a los anuncios públicos de nuevas licitaciones abiertas a firmas locales, ninguna de las 58 empresas de CACMI recibió una invitación concreta.