Después de 15 años de inestabilidad y estancamiento, puede ser difícil pensar más allá de controlar la inflación y volver a crecer. Pero, aun así, es imprescindible recordar que el objetivo último de la política económica es mejorar el estándar de vida de la gente y promover la dignidad humana. El crecimiento es indispensable, pero por sí solo no alcanza. Si sube la desigualdad y se deterioran los servicios públicos, habremos fallado en lo fundamental.
¿Por qué importa la desigualdad? Si Argentina tuviera el nivel de desigualdad de Francia, el 50% de los hogares de menores ingresos ganarían un 36% más, y la pobreza, que hoy mide 32%, bajaría a 16%. En este sentido, la alta desigualdad representa una oportunidad perdida para reducir la pobreza.
Frente a esto, algunos responden que cualquier esfuerzo redistributivo comprometería el crecimiento, en última instancia perjudicando a los pobres. La evidencia demuestra que este argumento carece de sustento: además de una literatura académica que lo desmiente, es fácil observar que los países más ricos también son los menos desiguales y los que más redistribuyen. Imponen los impuestos más altos y transfieren más recursos a los hogares de bajos ingresos. Insistir en que bajar la desigualdad perjudica el crecimiento es aferrarse a una doctrina ajena a los datos.
Además, los recortes actuales en salud y educación no solo perjudican el bienestar de hoy, sino también comprometen el crecimiento futuro. Absorber la cartera de Educación dentro de un Ministerio de Capital Humano sólo subraya, con ironía involuntaria, que los recortes están erosionando las capacidades necesarias para crecer.
Ahora bien, cómo se redistribuye importa y mucho. Las socialdemocracias exitosas lo hacen minimizando distorsiones económicas, teniendo en cuenta los incentivos que enfrentan los hogares y las empresas. Imponen impuestos altos, pero bien diseñados, y redistribuyen mediante altos gastos en educación y salud públicas de calidad; transferencias a hogares de menores recursos, especialmente con hijos y jubilados; y políticas e instituciones laborales que moderen la dispersión de ingresos y protegen derechos sin poner en riesgo la rentabilidad privada. Para quienes pierden su empleo, ofrecen seguros de desempleo, capacitación y asistencia para reinsertarse.
Las socialdemocracias de Europa tienen un gasto público entre 45% y 55% del PBI. El costo es una presión tributaria igualmente elevada; el beneficio son las mejores condiciones de vida del mundo. Pero no se trata de replicar Europa. Varios países latinoamericanos redujeron fuertemente la desigualdad desde comienzos de siglo con políticas que responden a sus especificidades y sin perjudicar el crecimiento.
Argentina tuvo sus éxitos, como la moratoria previsional, la AUH y las políticas de integración sociourbana, que demostraron ser herramientas eficaces para reducir la desigualdad. Además, la AUH y la integración sociourbana contribuyen al crecimiento, mejorando las oportunidades para hogares y comunidades de menores recursos.
Pero el impuesto sobre los Ingresos Brutos es altamente distorsivo, mientras que los subsidios a la energía desalientan la inversión y eficiencia. Es necesario llevar a cabo reformas, pero no para reducir la recaudación ni la redistribución, sino para remover distorsiones que destruyen valor.
La virtud de la socialdemocracia es aprovechar la fuerza productiva del capitalismo y convertirla en bienestar compartido. El capitalismo no lo hace solo, pero tampoco sirve militar contra los mercados e ignorar los incentivos que enfrenta la gente. Como demuestran las experiencias internacionales, ni siquiera es necesario intentarlo.
Históricamente, la búsqueda del equilibrio entre Estado y mercado está en el ADN de la política argentina. Lo que hoy falta es una fuerza política decidida a actualizarlo para el presente.