Ley de Glaciares: cuánto giró Nación a Salta y a las otras cuatro provincias clave antes de la votación

Un grupo de cinco distritos, luego destacados por la Casa Rosada, concentró envíos por más de $844.000 millones durante marzo. Los montos combinan recursos automáticos y transferencias definidas por el Ejecutivo.

Por Juan Ancalle

Aprobaron la laey de glaciares — (Departamento de fotografía diputados de la nación)

Apenas horas después de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, la Casa Rosada difundió un comunicado en el que, además de agradecer a legisladores que apoyaron la iniciativa, expresó un “especial reconocimiento” a cinco gobernadores clave para que la nueva normativa vea luz verde.

Según pudo saber Gente de Salta, durante el mes previo el Gobierno nacional giró más de $844.000 millones a esas mismas provincias; entre ellas, la administrada por Gustavo Sáenz.

La reforma de la Ley de Glaciares ya contaba con media sanción del Senado y ayer fue aprobada en Diputados. Tras esa votación, la Casa Rosada agradeció de manera explícita a cinco gobernadores: Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego.

Durante marzo, las provincias que encabezan recibieron en conjunto $844.229 millones:

  • Mendoza (Alfredo Cornejo): $203.730 millones
  • Salta (Gustavo Sáenz): $200.656 millones
  • San Juan (Marcelo Orrego): $161.789 millones
  • Jujuy (Carlos Sadir): $140.016 millones
  • Catamarca (Raúl Jalil): $138.038 millones

Giros de Nación a las provincias durante marzo.

Esos fondos girados parten de transferencias automáticas —principalmente por coparticipación federal de impuestos, que se distribuye de manera regular según criterios establecidos por ley—, pero también incluyen envíos discrecionales, es decir, transferencias que el Gobierno nacional define de forma puntual, sin un reparto automático, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) u otros programas específicos.

Mientras el Gobierno registró por octavo mes consecutivo una caída en la recaudación —lo que impactó directamente en los envíos por coparticipación y explicó la baja de transferencias automáticas en casi todas las provincias, con excepción de Salta—, los fondos discrecionales mostraron una dinámica distinta: en la mayoría de las jurisdicciones consideradas “clave”, los giros no automáticos tuvieron un repunte marcado durante marzo.

Mendoza. Totalizó $7.588 millones en fondos no automáticos, con un aumento real interanual del 155,8%, motorizado por giros discrecionales.

Catamarca. Captó $6.916 millones y mostró uno de los mayores incrementos del país, con un salto real interanual del 1.070,9%, explicado en gran parte por transferencias específicas y ATN.

Jujuy. Percibió $5.648 millones en envíos discrecionales y registró una suba real interanual del 3,8%, en un contexto general de fuerte caída de estos fondos a nivel nacional.

Salta. Recibió $5.412 millones en transferencias no automáticas durante marzo, con un crecimiento real interanual del 226,9%, impulsado principalmente por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y programas de financiamiento de obras.

San Juan. Recibió $4.728 millones, aunque en este caso presentó una caída real interanual del 22,5%, desmarcándose del comportamiento expansivo observado en las otras provincias del grupo.

Qué cambia con la nueva Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares redefine el alcance de las zonas protegidas al introducir un criterio más selectivo: ya no todo el ambiente periglaciar quedará bajo resguardo, sino únicamente aquellas geoformas que cumplan una función hídrica comprobable. En la práctica, esto implica que áreas que antes estaban alcanzadas por la prohibición de actividades industriales —como la minería— podrían quedar habilitadas si no se consideran estratégicas para la reserva de agua.

Otro cambio central es el mayor protagonismo de las provincias en la definición de esos criterios, ya que la nueva redacción les otorga margen para establecer estándares propios de evaluación. Además, se plantea que, ante conflictos técnicos, la autoridad de aplicación nacional pueda intervenir como instancia final. Mientras sectores empresarios sostienen que la reforma aporta seguridad jurídica para avanzar con inversiones en cobre y litio, organizaciones ambientalistas advierten que podría implicar una reducción en los niveles de protección vigentes.