Causa ANDIS
A poco más de dos meses de la polémica boda en un área protegida de Cafayate, realizada con una autorización falsa, uno de los nombres centrales del entorno familiar atraviesa una complicada situación penal: Alan Pocovi, hermano de la novia, fue citado a indagatoria en la causa ANDIS por sospechas de lavado de dinero.
Bajo la investigación del fiscal Franco Picardi, el menor de los Pocovi aparece en el tramo final de un supuesto circuito que, habría comenzado con operadores paraestatales -personas ajenas al organismo- direccionando compras con sobreprecios dentro de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad.
Los Pocovi hijos, lejos de ser desconocidos en el ambiente del poder, en realidad -como ya contó Gente de Salta- comparten un medio hermano de apellido Menem, hijo de Zulema y Marcelo Pocovi. Pero lejos de quedar en un vínculo de sangre, también viajaron junto a la delegación presidencial en al menos una ocasión, compartieron de cerca la asunción libertaria y sus empresas son proveedoras del Estado nacional y provincial.
La causa que lo dejó bajo la lupa
La investigación federal apunta a un presunto esquema montado dentro de ANDIS, un organismo que debía administrar prestaciones sensibles para personas con discapacidad y sectores de alta vulnerabilidad social. Según la acusación fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la agencia habría sido utilizada para direccionar compras, beneficiar a un grupo reducido de proveedores y mover fondos públicos por fuera de los controles que exige el Estado.
En el escrito presentado ante el Juzgado Federal N°11 y al cual Gente de Salta tuvo acceso, Picardi describió a la Agencia Nacional de Discapacidad como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”. La frase resume el corazón del expediente: una estructura pública creada para garantizar derechos sociales que, según la fiscalía, habría quedado atravesada por intereses privados.
El mecanismo bajo análisis gira alrededor de medicamentos e insumos de alto costo, conocidos como prestaciones PACBI. Esas compras se tramitaban a través del sistema SIIPFIS, utilizado para compulsas de precios dentro del Programa Federal Incluir Salud. Para la fiscalía, esa herramienta habría permitido manejar procesos de forma discrecional, restringir la competencia y direccionar adjudicaciones.
En la reconstrucción judicial aparecen funcionarios, droguerías y operadores externos. No se trataba solamente de proveedores que vendían al Estado: el planteo fiscal sostiene que personas ajenas a la estructura formal de ANDIS habrían intervenido en decisiones internas, desde la asignación de compulsas hasta la distribución de pagos.
Operadores externos y compras con sobreprecios
Entre los nombres centrales de la causa aparecen Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de ANDIS, y Daniel Garbellini, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. También aparecen Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, señalados como operadores externos con llegada al organismo y vínculos con firmas del sector salud.
Picardi sostuvo que Garbellini permitió que personas sin cargo ni designación administrativa tomaran decisiones vinculadas con la gestión de recursos públicos. Ese punto es una de las claves del expediente: la causa no describe únicamente posibles incumplimientos internos, sino una agencia permeada por actores de afuera.
La investigación también ubica a Calvete como un articulador entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. Según la fiscalía, habría tenido influencia sobre pagos, droguerías y movimientos de dinero, además de operadores propios dentro del organismo.
Las droguerías mencionadas en el tramo principal son Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. De acuerdo con la acusación, esas firmas habrían alternado ganancias y recibido sumas millonarias de manera permanente durante el período investigado. También se habla de sobreprecios y de un sistema de compulsas donde algunos oferentes habrían funcionado como competencia aparente.
El lugar de Alan Pocovi
Alan Pocovi no aparece como funcionario de ANDIS ni como proveedor de medicamentos. Su lugar es otro: la ruta posterior del dinero. Por eso la citación a indagatoria lo ubica en una zona especialmente sensible del expediente.
Para la Justicia, el interrogante ya no es solamente cómo se direccionaron compras o qué droguerías fueron beneficiadas, sino qué pasó después con los fondos que habrían salido de ese esquema. En ese tramo aparece Pocovi, señalado en reconstrucciones judiciales como parte del circuito financiero bajo sospecha.
Las pistas que apuntan a Pocovi
En el escrito de Picardi, Alan Pocovi aparece asociado a conversaciones extraídas del teléfono de Miguel Ángel Calvete, uno de los operadores centrales de la causa. Para la fiscalía, esos mensajes muestran que Pocovi habría recibido dinero tanto de Calvete como de otras personas vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos para ANDIS.
Uno de los intercambios citados corresponde a junio de 2025. Allí, desde el chat de Alan, una persona que se presenta como Bautista responde que Pocovi estaba en una reunión y le pide a Calvete que pase la transferencia. Minutos después aparecen datos de una cuenta con CVU, alias y titular, junto al monto que resume la operación: “22,5 palos”.
Para la fiscalía, ese tipo de movimientos forma parte de las operaciones que deben analizarse dentro del posible circuito de lavado, porque no se trataba de pagos formales de ANDIS a proveedores, sino de dinero que se movía por fuera del canal principal.
Otro intercambio apunta a dólares en efectivo. Según la reconstrucción judicial, Calvete le indicó a Pocovi que una persona llamada Julio pasaría a retirar USD 4.500 y que debía descontarlo de “lo del lunes”. Luego aparece una respuesta atribuida a Alan: “-4500 que se llevó Julio”.
El día de los allanamientos también dejó registros sensibles. En una comunicación del 9 de octubre de 2025, Lorena Di Giorno le preguntó a Calvete qué hacer con dinero y él respondió que lo enviara “A Baires, a una buena”. Cuando esa opción se complicó, Calvete mencionó otra alternativa: “Pará que le voy a decir a Alan, pará que lo llame a Alan”.
En otra llamada de esa misma jornada, Calvete le pidió a Julio Viera que llamara directamente a Alan para “mandar, transferir una cosa”. La conversación siguió con una instrucción concreta: si Sergio no podía hacerlo, había que hacerlo con Alan antes de las seis de la tarde.
Otro frente: los contratos públicos
La situación penal de Alan Pocovi se suma a otro frente que ya lo había puesto bajo la lupa: su vínculo con He Vras SRL, firma beneficiaria de contratos de Vialidad Nacional para tareas de corte de pasto, desmalezado y cortafuego.
Según documentos públicos, la empresa obtuvo una adjudicación original por $1.292 millones y luego una prórroga que llevó el negocio a $2.584 millones. Ese capítulo no forma parte del eje central de la causa ANDIS, pero ayuda a dimensionar el perfil del empresario investigado: no se trata de un nombre aislado, sino de alguien vinculado a contrataciones estatales de alto monto.
La combinación vuelve más sensible el caso. Mientras la Justicia intenta reconstruir la presunta ruta financiera de ANDIS, una firma relacionada con Pocovi aparece también en contrataciones millonarias de otro organismo nacional.
Los Pocovi en Salta
Además de haber viajado junto a Milei en uno de sus primeros viajes oficiales a Mar-a-Lago y de vivir en primer plano, al lado de Victoria Villarruel, la asunción libertaria, Kevin Pocovi, hermano de Alan, también dejó rastros concretos en Salta.
Como ya contó Gente de Salta, una de sus empresas, AFC Services S.A.S., ganó una licitación por $20.500.000 con el Servicio Penitenciario de la Provincia, mientras que años antes había intentado instalar en la ciudad una plataforma de estacionamiento pago digital, presentada como alternativa para ordenar el cobro en la vía pública y reemplazar el trabajo informal de los denominados “trapitos”.
El padre de Alan, Marcelo Pocovi, también arrastra antecedentes empresariales en Salta vinculados a tierras y ambiente. Junto a su hermano Jorge Alberto Pocovi aparece ligado a la finca Las Colmenas, en el departamento Orán, donde habilitó 28.235 hectáreas y fue denunciado por desmonte. Para dimensionarlo, se trata de una superficie superior a la de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La trama, además, no quedó solo en el plano ambiental. Años después, en el marco de un conflicto por posesión y superposición de tierras entre las fincas Las Colmenas y Las Botijas, empleados directos de Pocovi. fueron imputados por amenazas con armas de fuego, en una disputa por los mismos terrenos.