Dentro de una estrategia de reestructuración que abarca múltiples sectores, el Gobierno argentino está llevando adelante un proceso de venta y transformación que afecta a diversas entidades estatales. La lista incluye la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Estas instituciones, pilares en sus respectivos ámbitos, se encuentran en una etapa de transición.
La iniciativa también alcanza a Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y la agencia de noticias Télam. A su vez, se contempla la privatización de empresas públicas de gran envergadura, como Transener, las centrales hidroeléctricas y AySA, la compañía que suministra agua potable y servicios de saneamiento a la extensa área metropolitana de Buenos Aires, un servicio esencial para millones de personas.
Para materializar este plan, el Gobierno ha completado la conversión de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso crucial para alinearlas con el régimen legal del sector privado. Este cambio, según las autoridades, busca modernizar la gestión y atraer inversiones.
El viernes pasado, el Registro Público formalizó la última de estas transformaciones: “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)” se convirtió en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”. El horizonte de los ferrocarriles argentinos se dibuja ahora bajo una nueva forma jurídica, con implicaciones aún por verse en la eficiencia y el alcance del servicio.
El DNU 70/2023 y la transformación societaria
El presidente Javier Milei, a través del artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación estatal, independientemente de su forma societaria, se transformarían en Sociedades Anónimas. El objetivo declarado es sujetarlas a las normas de la Ley General de Sociedades N°19.550, equiparándolas a las empresas privadas y eliminando cualquier prerrogativa pública.
La atención principal se centra en los sectores de energía y transporte, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país y donde la eficiencia y la inversión privada son vistas como factores clave para el crecimiento.
Esto incluye a Corredores Viales, una entidad que gestiona 9.000 kilómetros de rutas, incluyendo la tristemente célebre “Ruta de la muerte” 9/34; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, que ha despertado el interés de inversores franceses; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía, una arteria vital para el comercio fluvial.
Corredores Viales S.A., antes una empresa estatal, está en camino a ser privatizada. El Gobierno busca transferir la gestión de las rutas nacionales al sector privado a través de concesiones de obra pública y licitaciones, apostando a que operadores privados inviertan en infraestructura y financien su trabajo con el cobro de peajes. La liquidación de la empresa estatal es el paso final de este proceso.
El 17 de febrero de 2025, el Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la autorización para la privatización total de Corredores Viales SA (CVSA). Un paso decisivo en la reconfiguración del sistema vial argentino.
Este proceso implica la adjudicación al sector privado de las rutas actualmente operadas por CVSA, mediante contratos de concesión de obra pública por peaje, enmarcados en la Ley de Concesión de Obra Pública 17520. Un modelo que busca equilibrar la inversión privada con la necesidad de mantener y mejorar la infraestructura vial.
La Ley Bases 27742, que había declarado a la empresa estatal CVSA “sujeta a privatización”, encuentra así su materialización, siguiendo los lineamientos de la Ley de Reforma del Estado 23696. Un camino delineado para transformar la gestión de la infraestructura pública.
Se espera que el Ministerio de Economía, con el apoyo de la Unidad Ejecutora Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, tome las medidas necesarias para llevar adelante la privatización. Estas medidas incluyen:
- La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes sobre los tramos asignados a CVSA;
- La ejecución de los procedimientos de selección para celebrar los nuevos contratos de concesión de obra pública sobre los tramos referidos;
- La disolución y posterior liquidación de CVSA, una vez que se adjudiquen los nuevos contratos.
Se delega en el Ministerio de Economía la responsabilidad de convocar a licitación pública nacional e internacional y adjudicar los tramos de la Red Vial Nacional que actualmente gestiona CVSA. El Ministerio también tendrá la facultad de modificar la conformación de los corredores viales, incluyendo o excluyendo tramos específicos que no estén actualmente concesionados. Un margen de maniobra que permitirá adaptar el proceso a las necesidades y oportunidades que surjan.
Con estas acciones, el Gobierno avanza en su política de transferir al sector privado la gestión de la infraestructura vial, buscando promover nuevas inversiones y fomentar el desarrollo económico. La visión es clara: una mayor participación del sector privado para impulsar el crecimiento y la eficiencia en áreas clave de la economía.