“No tenemos balances”, responden
La denuncia penal fue impulsada por la Asociación Civil de Defensoría al Contribuyente (DECONSA), y señala a la Municipalidad de Salta, al Ente Descentralizado Mercado San Miguel y a la Fundación San Miguel. Según su estimación, los cobros —validados por recibos— habrían llegado a $200.000 mensuales por puesto; multiplicado por 420 espacios, el monto potencial ascendería a $84 millones por mes solo en el último año.
Es decir, un monto que supera los 1000 millones de pesos.
Sin embargo, antes de llegar a la denuncia penal, DECONSA le pidió al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta que informara si existían estados contables, informes financieros y documentación administrativa para saber cuánto había recaudado el Ente Descentralizado Mercado San Miguel y qué parte de esos fondos había sido girada al municipio. Cuando el reclamo avanzó por la vía del amparo, según Serrano, la respuesta municipal fue tajante: “no tenemos balances”.
La presentación fue radicada por presuntos delitos económicos contra la administración pública. En la constancia inicial aparecen mencionadas figuras como administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, lo que elevó el caso de un reclamo administrativo por documentación a una investigación penal sobre el manejo de fondos del mercado. El avance de la causa dependerá ahora de las medidas que impulse la Fiscalía para reunir documentación, identificar a quienes intervinieron y reconstruir el circuito de fondos.
En diálogo con Gente de Salta, Abel Serrano, presidente de DECONSA, sostuvo que la querella incorporó recibos de cobro al expediente. Los cobros, según narra, habrían estado a cargo de la familia Muratore, cuyo apellido atraviesa tanto la administración histórica del mercado como la etapa posterior a la intervención.
Aunque José “Pepe” Muratore fue desplazado de la administración histórica del Mercado San Miguel, el apellido volvió a aparecer después de su salida. La Fiscalía Penal informó en diciembre de 2024 que se habían solicitado medidas cautelares para impedir que el exadministrador se acercara a menos de 200 metros del predio y para evitar que retirara, alterara o suprimiera documentación, registros o bases de datos vinculados al establecimiento.
El propio municipio, sin embargo, reconoció públicamente a la Fundación Innovación como una entidad que, según la comunicación oficial, nuclea a los puesteros y a sus autoridades, y con la cual trabajó en conjunto en actividades vinculadas al Mercado San Miguel. Al frente de esa fundación aparece Ángel “Lelo” Muratore, hijo de “Pepe”, quien, según el denunciante, habría continuado con el cobro del funcionamiento de los puestos aun después del desplazamiento formal de su padre.
Aun así, el eje de la denuncia no está solo en la familia Muratore, sino en el rol de la Municipalidad. Si los puestos funcionaban dentro de un espacio municipal, los cobros por alquiler, canon o uso debían estar regulados y registrados por el Estado local.
Para la querella, el Tribunal de Cuentas debía cumplir un rol central en el control del Ente y de los recursos generados por el mercado. Por eso, la causa no solo pregunta quién cobró, sino también quién debía controlar, qué documentación se exigió y qué ocurrió ante la eventual falta de rendición.
La denuncia fue radicada en 2025 y llegó al Juzgado de Garantías N° 2, que reconoció a DECONSA como parte querellante. Hasta ese momento, la Justicia todavía no había individualizado a los presuntos responsables, por lo que la causa deberá avanzar sobre quiénes intervinieron en la administración, percepción y control de los fondos.
La estructura que administraba el mercado
Durante los años investigados, el Mercado San Miguel funcionó bajo el esquema del Ente Descentralizado Mercado San Miguel, creado por la Ordenanza 15151 dentro de la administración pública municipal, con personería jurídica propia y capacidad para administrar espacios, contraer obligaciones y fijar reglas de funcionamiento.
Esa norma estableció que el Directorio del Ente estaría integrado por tres miembros: dos designados por el intendente y uno por la Fundación San Miguel. Esa composición es relevante para la denuncia porque la fundación no aparece como un actor externo al funcionamiento del mercado, sino como parte del diseño institucional que participaba de su administración.
Entre sus atribuciones, el Directorio podía llevar el registro de permisionarios, otorgar y revocar permisos, autorizar usos transitorios de espacios, actualizar valores por ocupación de puestos y gestionar financiamiento. Además, en documentación judicial de otro expediente, José “Pepe” Muratore aparece acreditado como presidente de la Fundación San Miguel.
El incendio y la situación de los puesteros
El incendio del 6 de noviembre de 2024 afectó gravemente al Mercado San Miguel y obligó a relocalizar a numerosos puesteros mientras avanzaba la reconstrucción del predio. Ese proceso también quedó incorporado al planteo de Serrano, quien sostuvo que muchos comerciantes no tendrían una garantía documental clara sobre su regreso al mercado una vez finalizadas las obras.
Según el denunciante, esa situación explicaría por qué varios puesteros evitarían hablar públicamente sobre los pagos realizados durante los últimos meses, ya que todavía dependerían de decisiones administrativas vinculadas a la reorganización del mercado y a la futura asignación de espacios.
El nuevo esquema y la aparición de Fundación Innovación
En 2025, el viejo modelo fue reemplazado por la Unidad de Administración de Mercados Municipales, conocida como UAMM, una nueva estructura que desplazó al esquema anterior del Ente Descentralizado Mercado San Miguel, donde la Fundación San Miguel tenía participación formal dentro del Directorio.
Según publicaciones locales, la nueva etapa quedó a cargo de María Figallo, designada como administradora o directora ejecutiva después de la intervención encabezada por Emilio Gutiérrez. Sin embargo, en paralelo a ese reordenamiento, la propia Municipalidad reconoció públicamente a la Fundación Innovación como una entidad vinculada a los puesteros y a actividades desarrolladas en torno al Mercado San Miguel.
Esa fundación aparece presidida por Ángel “Lelo” Muratore, hijo de José “Pepe” Muratore. Para la denuncia, ese dato resulta relevante porque Serrano sostiene que, pese al desplazamiento formal del histórico administrador, los cobros vinculados al funcionamiento de los puestos habrían continuado bajo otra estructura relacionada con la misma familia.
La denuncia penal no implica responsabilidad comprobada. La causa deberá determinar si existieron irregularidades, quiénes intervinieron, qué documentación falta y qué controles ejercieron los organismos municipales durante el período investigado.