Quiénes son y cuánto recibieron
Hace menos de una semana salió a la luz una lista de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo que, a partir de la publicación de los datos de deuda del Banco Central, quedaron expuestos como beneficiarios de créditos millonarios del Banco Nación para acceder a una vivienda.
Aunque desde el oficialismo —espacio al que pertenecen la mayoría de los apuntados— sostienen que las tramitaciones se realizaron dentro de los carriles formales, en las últimas horas se radicaron dos denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. Las presentaciones apuntan tanto a directivos de las entidades como a los propios funcionarios involucrados.
En el medio de una escalada que ya tuvo derivaciones políticas —como el pedido de renuncia de la ministra Sandra Pettovello a su jefe de Gabinete tras quedar alcanzado por el caso—, Gente de Salta accedió a la plataforma de visualización donde también figuran registros de deuda y consumos de funcionarios de la provincia.
Si bien entre los legisladores nacionales por Salta aparecen montos elevados y variaciones abruptas, dentro del recorte local sobresale otro grupo: funcionarios del ámbito del Poder Judicial Federal. Entre ellos, un caso que se despega del resto por la magnitud de los importes y que roza los $500 millones.
Dentro de la plataforma cuantodeben.visualizando.ar —medio por el cual se difundieron los registros de deuda de numerosos servidores públicos— se exhibe, para Salta, únicamente a los poderes judiciales a nivel federal y legislativos a nivel nacional. Este medio pudo constatar que entre diputados y senadores no se registran deudas asociadas a créditos hipotecarios o prendarios. No así en el caso de los servidores de justicia.
Marta Liliana Snopek: crédito por más de $450 millones
En el caso de Marta Liliana Snopek —jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Salta—, los registros muestran un comportamiento de deuda compatible con un crédito hipotecario del Banco Nación.
Según los datos disponibles, su nivel de deuda con el Banco Nación pasó de $5,2 millones en septiembre de 2025 a más de $421 millones en octubre del mismo año. Sin embargo, este medio pudo constatar que, para ese momento, el monto máximo de financiamiento ofrecido por la entidad para créditos hipotecarios se ubicaba en torno a los $417 millones.
Bajo esas condiciones, y teniendo en cuenta que la entidad financiaba hasta el 75% del valor del inmueble, en caso de haber accedido a un crédito cercano al máximo ofrecido —en línea con los registros de deuda observados—, la propiedad involucrada debería haber tenido una valuación aproximada de $556 millones.
El dato a tener en cuenta es que, para reducir el valor de la cuota, este tipo de financiamiento extiende los plazos hasta un máximo de 30 años. Bajo esas condiciones, y según la calculadora oficial del Banco Nación —que establece como criterio que la cuota no supere el 25% de los ingresos del titular—, el ingreso necesario de Snopek para acceder a un crédito de ese nivel debería haberse ubicado sobre los $17 millones mensuales en caso de afrontarlo de manera individual.
En caso de haber incorporado un codeudor, ese umbral podría reducirse, aunque el ingreso del titular debería igualmente superar los $8,5 millones mensuales para octubre de 2025.
Sobre sus ingresos en ese período, y según la escala salarial del Consejo de la Magistratura, el cargo que le corresponde —jueza de cámara— registraba haberes en torno a los $7,1 millones mensuales.
Quién es
Marta Liliana Snopek se desempeña como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Salta, con intervención en causas penales federales dentro de la jurisdicción.
En su actuación reciente, registró intervenciones en procesos por narcotráfico, trata de personas y delitos contra la administración pública, con decisiones tanto condenatorias como absolutorias. Entre ellas, actuaciones en expedientes por explotación sexual y transporte de estupefacientes agravado, en los que participó tanto en integración de tribunal como en carácter unipersonal.
En junio de 2025, actuando de manera unipersonal, dictó una absolución en una causa por uso de instrumento privado falso al considerar que no se encontraba acreditado el conocimiento sobre la falsedad del documento.
En ese mismo mes, en una causa vinculada a defraudación a la administración pública y cohecho, había integrado un tribunal que dictó, otra vez, absoluciones que luego fueron anuladas por una instancia superior, tras lo cual dispuso su apartamiento del expediente.
En los meses siguientes, integró tribunales que dictaron condenas por transporte de estupefacientes agravado, mientras que en septiembre, nuevamente en actuación unipersonal, resolvió absoluciones en un expediente por tenencia de drogas. En noviembre, firmó una condena a siete años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, pero con cumplimiento domiciliario.
Eduardo José Villalba: crédito por $27 millones
En el caso de Eduardo José Villalba —Fiscal General y con funciones de coordinación del Distrito Salta en el Ministerio Público Fiscal—, el comportamiento de su deuda presenta un incremento relevante a mediados de 2024, aunque con una característica central: no se trata de un crédito hipotecario del Banco Nación.
Según los registros, el total de sus obligaciones pasó de aproximadamente $5,8 millones en junio de 2024 a más de $27 millones en julio del mismo año. El salto, por su magnitud y concentración en un período acotado, resulta compatible con el ingreso de un financiamiento de mediano o largo plazo.
La composición de la deuda permite precisar su origen. El incremento está explicado principalmente por la aparición de una obligación con PSA Finance Argentina, que concentra cerca de $18,6 millones. A partir de ese punto, el monto se mantiene elevado durante algunos meses y luego inicia un descenso progresivo, hasta ubicarse en torno a los $7,5 millones hacia comienzos de 2026, un comportamiento consistente con la amortización de un crédito.
Dado que se trata de una entidad vinculada al financiamiento automotriz no cuenta con parámetros públicos estandarizados que permitan estimar con precisión la relación entre cuota e ingreso.
Quién es
Eduardo José Villalba se desempeña como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y actualmente cumple funciones de coordinación del Distrito Salta dentro del Ministerio Público Fiscal, además de estar a cargo de la región NOA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Su actuación se vincula principalmente con investigaciones de delitos vinculados al narcotráfico en el ámbito federal.
Entre mayo y agosto de 2024 participó en una condena por transporte de cocaína que derivó en la muerte de una mujer, en la obtención de prisiones preventivas contra integrantes de una organización que operaba con cargamentos superiores a los 100 kilos, y en un juicio por el traslado de casi 100 kilos de droga hacia Córdoba.
También intervino en el inicio de un debate por un homicidio vinculado al narcotráfico y en condenas contra una organización que operaba mediante el traslado de estupefacientes arrojados desde avionetas.
En ese mismo lapso, su actuación institucional también se registra en el avance de la causa contra el exjuez federal Raúl Reynoso y otros imputados, en la que la Cámara Federal de Salta confirmó procesamientos vinculados a un expediente por transporte de estupefacientes. En conjunto, se trata de un período con participación sostenida en causas federales de relevancia dentro de la jurisdicción.
Matías Federico Gutiérrez Perea: crédito por $76 millones
Sobre Matías Federico Gutiérrez Perea —actualmente a cargo de la Coordinación General de la Defensa en la jurisdicción federal de Salta dentro del Ministerio Público de la Defensa—, el comportamiento de su deuda presenta un incremento significativo a mediados de 2024, aunque, al igual que el anterior caso, con una característica central: no se trata de un crédito hipotecario del Banco Nación.
Según los datos, el total de sus obligaciones pasó de aproximadamente $15,4 millones en junio de 2024 a más de $76 millones en julio del mismo año, lo que configura un incremento abrupto en un período acotado. A partir de ese momento, el nivel de deuda se mantiene por encima de los $60 millones durante varios meses, con variaciones posteriores pero sin volver a los valores previos al salto.
El componente dominante corresponde a Toyota Compañía Financiera de Argentina, que concentra más de $50 millones en el momento del salto, acompañado por obligaciones con entidades bancarias como Galicia y Banco Macro. Por el tipo de acreedores involucrados, el comportamiento observado resulta más compatible con líneas de financiamiento prendario.
Al igual que en otros casos de este tipo, la ausencia de condiciones públicas estandarizadas para este tipo de financiamiento impide estimar con precisión la relación entre cuota e ingreso.
Quién es
Matías Federico Gutiérrez Perea se desempeña como Defensor Público Oficial dentro del Ministerio Público de la Defensa, con condición permanente en la categoría de “DPO Federal del Interior del País”. En la jurisdicción federal de Salta, además, se encuentra a cargo de la Coordinación General de la Defensa, función que mantiene de manera sostenida en el período analizado.
En esa ventana, su actividad pública combina intervenciones en litigación penal federal con tareas institucionales vinculadas a la organización de la defensa. Una de sus actuaciones judiciales documentadas corresponde a una causa por trata de personas con fines de explotación sexual tramitada en San Salvador de Jujuy, en la que intervino como defensor público de una de las imputadas.
En ese mismo expediente intervino como jueza Marta Liliana Snopek, quien actuó de manera unipersonal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy y tuvo a su cargo la resolución del caso. El fallo concluyó con la principal acusada condenada a seis años de prisión por hechos de explotación sexual, aunque con pena domiciliaria. En el mismo proceso, otras imputadas recibieron condenas con penas de ejecución condicional.
En conjunto, los registros muestran comportamientos distintos dentro de un mismo universo: mientras algunos casos responden a financiamientos prendarios con estructuras identificables, otros se encuadran en líneas hipotecarias con montos que alcanzan los límites del sistema.
El análisis se construye a partir de datos públicos, reglas de las propias entidades —incluido el Banco Nación, en su carácter de entidad financiera de gestión estatal— y la evolución de los registros disponibles, sin que ello implique conclusiones sobre las condiciones particulares de cada operación.