EconomíaUn adelanto
Desde el Ministerio de Economía aseguran que 2026 será un año de estabilización y mayor previsibilidad. En la cartera destacan un escenario con más inversión privada, un sistema tarifario ordenado y un sector energético “respondiente a señales claras”, según plantearon fuentes oficiales.
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, sostuvo que el proceso de ajuste llevado adelante este año “no se basó únicamente en lo fiscal”, sino que forma parte de un esquema más amplio de reducción de costos y normalización del mercado energético. Las definiciones fueron recogidas en una entrevista citada por Siemens Energy.
Uno de los cambios que más destaca el Gobierno es la baja en los subsidios energéticos. Según González, cuando asumieron representaban el 1,5% del PBI, mientras que con el esquema de tarifas vigente y las proyecciones del Presupuesto 2026 se reducen a 0,5%.
El funcionario sostiene que esta corrección permite restablecer la ecuación económica de las empresas del sector, lo que se complementa con revisiones tarifarias y un proceso de desregulación que habilita a los generadores a adquirir libremente su propio combustible.
Hidrocarburos: precios libres, retenciones y actividad
Para 2026, González anticipa que la prioridad será seguir reduciendo impuestos distorsivos sin afectar la disciplina fiscal. En ese marco, destaca la eliminación de retenciones al petróleo crudo convencional, como ocurrió hace cuestión de semanas con algunas provincias del sur.
Sobre la dinámica de la actividad, plantea que la caída reciente del precio internacional del petróleo puede moderar algunos ritmos de producción, pero no provocar un freno significativo. El argumento oficial es que “Vaca Muerta mantiene una productividad dos o tres veces superior a la del Permian”, aun con costos más altos.
También remarca que en Argentina “los precios son libres”, ya que el crudo se comercializa bajo paridad de exportación, sin intervenciones como el histórico “barril criollo”.
El Gobierno avanza con la privatización de ENARSA, lo que González considera un paso necesario para retirar al Estado del mercado de gas. También plantea una transición similar para CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico.
En gas, el funcionario sostiene que el Plan Gas cumplió su ciclo y ahora se busca que los productores contraten directamente con privados. Para ello se están promoviendo esquemas de adhesión voluntaria que permitan una salida gradual del modelo actual.
Respecto del Gas Natural Licuado (GNL), la prioridad es asegurar el abastecimiento sin que el Estado deba financiarlo. Si la transición se completa antes del invierno, las compras pasarían a manos de comercializadores privados; de lo contrario, ENARSA asumirá una vez más ese rol.
Transporte eléctrico
En materia de infraestructura eléctrica, la prioridad oficial es implementar un esquema de obras con estándares elevados y un proceso licitatorio continuo.
González mencionó el proyecto AMBA I, que busca ampliar la capacidad de abastecimiento en el área metropolitana. Reconoció que la intención era publicarlo antes de fin de año, pero aseguró que se priorizó la calidad del diseño antes que la velocidad del lanzamiento.
Minería
En el área minera y energética, el Gobierno destaca el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde su aprobación en 2024, ya se presentaron más de 27 proyectos, distribuidos de manera equilibrada entre energía y minería.
González considera que el régimen será clave en la agenda 2026, y anticipó que recomendará al Ejecutivo extenderlo más allá del plazo actual.
Qué es el RIGI y por qué es central en la estrategia oficial
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un marco aprobado en 2024 que establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante treinta años para proyectos de gran escala. Incluye reducción de impuestos, amortización acelerada, libre disponibilidad gradual de divisas y trámites simplificados. Está orientado a iniciativas que requieren inversiones elevadas y plazos largos de ejecución.
Para el Gobierno, el régimen funciona como una señal clave de previsibilidad para sectores estratégicos. En energía y minería, concentra más de dos decenas de propuestas y se presenta como un instrumento central para atraer capital privado, potenciar exportaciones y avanzar hacia un modelo con menos impuestos y mayor competencia. La vigencia para nuevas presentaciones termina en julio de 2026, aunque dentro del Ejecutivo ya se analiza la posibilidad de prorrogarlo.
Mientras las provincias del sur avanzan en acuerdos para eliminar las retenciones al petróleo crudo, una medida que busca mejorar la competitividad de la actividad hidrocarburífera de los pozos tradicionales, desde el sector minero que ocupan las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Mendoza, entre otras, no parecerían correr con la misma suerte por ahora.