MundoUna promesa de campaña de José Antonio Kast
Con el confesado objetivo de enfrentar el creciente problema del crimen organizado, José Antonio Kast implementó el plan Escudo Fronterizo chileno.
El primer vuelo del plan, una iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para endurecer los controles de migración irregular y acelerar las expulsiones de extranjeros con antecedentes o en situación irregular, marcó un punto de inflexión. Entre los deportados, la mayoría de los ciudadanos expulsados son bolivianos que presentaban vínculos con el robo de vehículos. En total, 17 ciudadanos bolivianos fueron expulsados desde Chile en esta primera fase del plan.
El operativo se llevó a cabo con la partida de una aeronave desde Santiago de Chile, transportando en total a 40 inmigrantes con órdenes de expulsión vigentes. Doce bolivianos fueron embarcados en la capital chilena, mientras que otros cinco se unieron al vuelo en Iquique, tras una escala en esa ciudad del norte.
Según informes oficiales, la conexión de la mayoría de los bolivianos expulsados no radicaba en infracciones migratorias, sino en delitos graves como recepción de vehículos robados y narcotráfico; solo dos casos estaban relacionados con situación migratoria irregular.
El avión aterrizó en Santa Cruz de la Sierra, donde las autoridades bolivianas recibieron a sus ciudadanos. El operativo continuó hacia Ecuador y Colombia con ciudadanos de esas nacionalidades y bajo estrictas medidas de seguridad y con escoltas policiales asignadas a cada pasajero.
Esta expulsión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno chileno para reforzar la seguridad en sus fronteras. El plan abarca la construcción de zanjas y barreras físicas, la implementación de tecnología de vigilancia avanzada y el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas, buscando crear un muro que frene la entrada de actividades ilícitas.
El presidente Kast justificó estas medidas, señalando que su administración heredó un escenario con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados, según sus declaraciones, a redes de crimen organizado. "Nos encontramos con una situación insostenible," declaró Kast, "y estamos tomando las medidas necesarias para proteger a nuestros ciudadanos."
La inclusión de 17 bolivianos en este primer operativo resalta el alcance regional de la política migratoria chilena y, inevitablemente, vuelve a centrar la atención en la situación de los ciudadanos bolivianos en ese país, donde miles residen por razones laborales, principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y el comercio.
Aunque las autoridades chilenas no proporcionaron detalles individuales sobre los expulsados, el caso fue comunicado al Estado boliviano por vía diplomática, asegurando un seguimiento adecuado de la situación.
Mientras tanto, Bolivia y Chile mantienen canales de diálogo abiertos sobre asuntos migratorios y fronterizos. El 10 de abril, la Cancillería boliviana informó haber recibido documentación oficial sobre la construcción de zanjas en la frontera común, un tema sensible que requiere una gestión cuidadosa y coordinada entre ambos países.