La Asamblea Nacional de Francia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca poner fin al concepto del “deber conyugal”, después de que organizaciones de derechos de las mujeres criticaran su uso para ignorar el consentimiento sexual dentro del matrimonio y facilitar la violación conyugal.
Respaldado por más de 120 diputados en la cámara baja, la Asamblea Nacional aclara en el Código Civil que la convivencia no crea ninguna obligación para que los cónyuges mantengan relaciones sexuales.
Encabezada por la diputada ecologista Marie-Charlotte Garin y el presidente del grupo Horizontes, Paul Christophe, la ley pretende descartar definitivamente la idea de que los cónyuges están obligados a mantener relaciones sexuales regulares.
Esta noción está ausente del Código Civil, pero sigue firmemente arraigada en ciertas sentencias judiciales y representaciones sociales.
En una entrevista concedida a Euronews, Garin explicó que el objetivo era “poner fin a la interpretación de la comunidad de vida como comunidad de lechos, y por tanto a esta noción de ‘deber conyugal’ que persiste en el derecho y en la sociedad”.
Señaló que esa noción se encontraba “tanto en los divorcios por culpa como en la idea, todavía muy presente, de que hay que obligarse a mantener relaciones sexuales en la pareja”.
Esta ambigüedad jurídica ha tenido consecuencias muy reales.
En los últimos años, varios tribunales han dictado todavía divorcios por falta basándose en que uno de los cónyuges, la esposa en la mayoría de los casos, se negaba a mantener relaciones sexuales, considerando esta negativa como un incumplimiento de las obligaciones conyugales.
En 2019, un hombre obtuvo un divorcio en Francia alegando que su esposa había dejado de tener relaciones sexuales con él.
El año pasado, el máximo tribunal europeo de derechos humanos falló a favor de la exesposa, indicando que una mujer que se niega a tener sexo con su marido no debe ser considerada “culpable” por los tribunales en un proceso de divorcio.
Francia adoptó el año pasado el principio de consentimiento en la definición del delito de violación, siguiendo a otros países europeos como Países Bajos, España y Suecia.