MundoComplicaciones internas y externas
Bolivia denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de un escenario de “desestabilización” contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, pidió respaldo hemisférico para preservar el orden democrático y solicitó el seguimiento político del organismo regional.
La representación boliviana estuvo liderada en Washington por el vicecanciller Carlos Paz Ide y, previamente, el canciller Fernando Aramayo intervino de manera virtual para exponer la posición oficial sobre el conflicto que, según el Gobierno, ya supera los 20 días y mantiene cercada a La Paz, con severas consecuencias económicas y sociales, según reportó el diario El Deber.
“Bolivia desea solicitar el acompañamiento político” del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, a fin de “contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación de la institucionalidad y la paz social en nuestro país”, señaló Aramayo ante el organismo internacional.
El canciller boliviano también pidió al sistema interamericano “condenar toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado”, y consideró que la población boliviana es “la principal afectada por las consecuencias del conflicto”.
En su intervención, Paz Ide describió un escenario de “conflictividad social compleja”, en medio de una transición económica e institucional marcada -según dijo- por desequilibrios heredados: caída de ingresos hidrocarburíferos, debilitamiento de reservas internacionales, presión inflacionaria y tensiones fiscales.
El vicecanciller insistió en que Bolivia reconoce plenamente el derecho a la protesta pacífica, pero remarcó que ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio vulnera derechos fundamentales de terceros.
“Durante las últimas semanas, diversos bloqueos instalados en rutas estratégicas de la red vial nacional, que han superado los 60 puntos de interrupción, han generado severas afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal”, afirmó.
Añadió que el conflicto comprometió el funcionamiento de hospitales, dificultó el acceso a servicios de salud y restringió gravemente la libre circulación de personas y mercancías.
Paz Ide dijo que “Bolivia observa con preocupación que determinados sectores buscan instrumentalizar la conflictividad social con fines de erosión institucional y desestabilización política”.
El vicecanciller alertó además sobre la convergencia entre mecanismos de presión extrema y “actores vinculados a economías ilícitas”, una línea argumental que coincide con declaraciones previas del Gobierno boliviano y con el reciente pronunciamiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien advirtió sobre la presencia de crimen organizado y narcotráfico en la actual crisis.
La administración de Rodrigo Paz sostuvo en los últimos días que detrás de las movilizaciones existen sectores radicalizados con intenciones de alterar el orden constitucional.
Expulsan a la embajadora de Colombia en Bolivia
Por otro lado, el Gobierno de Paz declaró este miércoles “persona non grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, y solicitó el cese de sus funciones diplomáticas, tras los dichos del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre los conflictos sociales en el vecino país.
A través de su cuenta de la red social X, Petro aseguró que estaba dispuesto a buscar una salida pacífica para la “crisis política” en Bolivia, y consideró que ese país “vive una insurrección popular”.
Asimismo, consideró que la crisis que atraviesa Bolivia es “la respuesta a la soberbia geopolítica”, y señaló que “Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se la puede homogeneizar desde ningún lado del planeta”.
“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, expresó Petro en su posteo, al tiempo que indicó que su gobierno está dispuesto, “si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.
Para el mandatario colombiano, “no debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización que viene de 60.000 años en las américas, pero también viene del mediterráneo ancestral y del África negra y de los desiertos del Sahara”.
El Gobierno boliviano rechazó esas declaraciones y declaró que es “improcedente” inmiscuirse en asuntos internos de los estados.
La Cancillería boliviana, mediante un comunicado, aseguró que “la decisión adoptada” de cesar a la diplomática colombiana responde a la necesidad de preservar los “principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”.
Aclaró que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia ni afectará los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto.
Al respecto, Petro consideró este miércoles que “si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase”.
En diálogo con radio Caracol de Colombia, Petro reiteró que su país está dispuesto a servir de intermedio por un diálogo y aseguró que “lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo”.
Petro también hizo mención a las consecuencias que podría haber en caso de que el gobierno boliviano reprima estas manifestaciones.
“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra un gran diálogo nacional en ese país o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer”, insistió el mandatario colombiano.