El gobierno de España anunció un plan excepcional de regularización migratoria que beneficiará a más de 500.000 personas en situación irregular, una medida inédita en más de 20 años y con fuerte impacto en la población latinoamericana, incluidos cientos de miles de argentinos que residen en el país europeo.
La iniciativa fue presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien calificó el anuncio como “un día histórico” y sostuvo que busca “dar respuesta a una realidad que ya existe en las calles”. El objetivo central es reconocer derechos, garantizar dignidad e integrar plenamente a personas que ya viven y trabajan en España.
El plan se aprueba por Real Decreto, sin pasar por el Congreso, lo que permitió sortear la oposición del Partido Popular y Vox. Surge de un acuerdo con Podemos y retoma una iniciativa legislativa popular que había quedado bloqueada pese a contar con amplio respaldo parlamentario.
¿Por qué importa especialmente en Argentina?
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), al 1 de enero de 2025 residían en España 450.883 personas nacidas en Argentina, una cifra que muestra un crecimiento acelerado respecto de 2021, cuando eran poco más de 300.000. La migración argentina se consolidó así como una de las más dinámicas dentro del flujo iberoamericano hacia España.
En ese marco, la regularización anunciada abre una ventana clave para argentinos y argentinas que se encuentran en situación administrativa irregular o con trámites de asilo pendientes, permitiéndoles acceder a trabajo formal, cobertura sanitaria y estabilidad legal.
El propio gobierno español reconoce que hoy más del 20% de la población del país es de origen inmigrante, y que el crecimiento demográfico reciente se explica casi exclusivamente por la llegada de personas desde el exterior, en especial desde América Latina.
Quiénes podrán regularizarse
Podrán acceder al plan quienes:
- Se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo
- Demuestren haber estado en el país o haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025
- Acrediten una permanencia mínima de cinco meses, mediante empadronamiento, contratos de alquiler, constancias médicas, certificados sociales o envíos de remesas
- No tengan antecedentes penales ni representen una amenaza para el orden público
- El plazo para presentar solicitudes irá de abril a fines de junio.
Trabajo legal “desde el primer día”
Uno de los puntos más relevantes del plan es que, una vez admitida la solicitud, se suspenden automáticamente las órdenes de expulsión y, en un plazo máximo de 15 días, la persona podrá trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del país.
La autorización inicial será por un año, con posibilidad de pasar luego a una residencia ordinaria. Además, la medida contempla la integración familiar, otorgando permisos de residencia de cinco años a hijas e hijos de las personas regularizadas.
Un contraste con el debate argentino
Mientras España avanza hacia una regularización masiva para integrar a quienes ya forman parte de su entramado social y económico, el anuncio vuelve a poner en agenda el debate migratorio en Argentina, históricamente reconocida por una política de puertas abiertas y derechos plenos, pero hoy atravesada por discursos más restrictivos y tensiones presupuestarias.
En España, incluso sectores de la Iglesia respaldaron la medida. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó que la regularización “aporta al bien común y reconoce la dignidad de miles de inmigrantes”.
No es la primera vez que el país europeo recurre a este tipo de medidas: la última regularización masiva fue en 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y benefició a más de 570.000 personas. Antes, también hubo procesos similares durante los gobiernos de José María Aznar y Felipe González.
En un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de mano de obra, España vuelve a apostar por una política que ordena, integra y reconoce una realidad migratoria que ya existe, con un impacto directo en miles de familias argentinas.