Cielos del norte
En el laberinto burocrático y las sombras de contratos pasados, el control aéreo de Bolivia se encuentra en una encrucijada. El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, ha encendido las alarmas al revelar que los equipos adquiridos con grandes expectativas en 2015, destinados a ser los guardianes del cielo boliviano y a combatir el narcotráfico en la frontera con la Argentina, entre otros países, funcionan apenas a medias.
Una auditoría técnico-legal se cierne sobre el horizonte, buscando desentrañar las posibles irregularidades que nublan este millonario acuerdo.
Narcoavionetas sin control: Una brecha en el cielo boliviano
De los nueve radares que Bolivia compró a Francia hace casi una década, en 2015, solo dos permanecen operativos, una cifra que pinta un panorama preocupante.
Estas "torres de vigilancia" tecnológicas, diseñadas para escudriñar el espacio aéreo nacional, especialmente en las zonas fronterizas donde el narcotráfico acecha, se han visto disminuidas en su capacidad.
La promesa de una defensa aérea robusta parece desvanecerse entre fallos técnicos y controversias contractuales.
En una reciente entrevista con EL DEBER, el ministro Salinas no anduvo con rodeos: "El funcionamiento del sistema de radares es parcial”. Ante la pregunta directa sobre la cantidad de equipos en operación, su respuesta fue tajante: “Creo que dos… dos de nueve”. Aún más inquietante, precisó que los únicos radares activos están dedicados al control civil, dejando un vacío en la lucha contra las actividades ilícitas que surcan los cielos bolivianos.
Un contrato millonario bajo la lupa
El contrato firmado en noviembre de 2015 entre los gobiernos de Bolivia y Francia, por la compra de 13 radares a la empresa francesa Thales Air Systems, ascendió a la considerable suma de 200 millones de euros. Sin embargo, este acuerdo, que prometía modernizar la defensa aérea del país, se vio empañado por una serie de obstáculos: demoras inexplicables, modificaciones contractuales que generaron suspicacias e incluso los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus, que obligaron a realizar ajustes al contrato original. La sombra de la duda planea sobre la transparencia y eficiencia de esta adquisición.
Salinas ha puesto en tela de juicio la modalidad de contratación empleada durante el gobierno de Evo Morales, calificándola de contrato “llave en mano”. Según el ministro, la administración anterior recibió el proyecto en su totalidad, pero sin garantizar un esquema de mantenimiento adecuado para los equipos, lo que podría haber contribuido a su deterioro prematuro. Se vislumbran imágenes de radares abandonados a su suerte, víctimas de la negligencia y la falta de previsión.
“Es un proyecto que tiene diez años. Fue firmado como un contrato llave en mano y recibido por el anterior gobierno, pero no se siguieron los procedimientos de mantenimiento. Además, se hicieron siete modificaciones al contrato, algo que legalmente no es posible en este tipo de modalidad”, aseveró el ministro Salinas.
Auditorías en marcha: Desenterrando el pasado
Ante la magnitud de las irregularidades detectadas, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una serie de auditorías técnico-legales exhaustivas. Estas investigaciones abarcan desde la evaluación del estado actual de los equipos hasta la revisión minuciosa del precio pagado y las condiciones contractuales pactadas.
Se intenta reconstruir una cronología de decisiones y acciones que llevaron a la situación actual, buscando respuestas en los documentos y testimonios que puedan arrojar luz sobre este turbio episodio.
Consultado por sobre si estas investigaciones alcanzarán a exautoridades, como el exministro de Defensa Edmundo Novillo, Salinas fue cauteloso. Explicó que el enfoque inicial se centra en la verificación de hechos y fechas, antes de individualizar responsabilidades. “Más que poner nombres, estamos investigando hechos y cronologías. Eso permitirá establecer responsabilidades con elementos sólidos para remitir los informes a las instancias que correspondan”, precisó. La promesa de una investigación imparcial y rigurosa se mantiene en el aire.
Revisión de otros contratos: Un legado de sospechas
La lupa del Ministerio de Defensa no solo se enfoca en los radares. En el marco de esta revisión interna, Salinas anunció la reactivación de la investigación por la compra de barcazas chinas, un proceso que se remonta a 2009 y 2010. Además, se están auditando presuntas irregularidades en la adquisición de dos aeronaves, una de las cuales, según el ministro, aún no ha llegado a Bolivia, a pesar de haber transcurrido siete años desde su compra. Un inventario de proyectos fallidos que ensombrecen la gestión de recursos en el sector defensa.
A poco más de tres meses del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, Salinas ha delineado una nueva hoja de ruta para las Fuerzas Armadas, buscando dejar atrás el sesgo ideológico de la administración anterior. Entre las medidas adoptadas, destaca el cierre de la controvertida “Escuela Antiimperialista” y la creación, en sus instalaciones, de la Unidad Militar Ecológica y de Emergencias (UMEE). Un giro estratégico que busca redefinir el rol de las FFAA en la sociedad boliviana.
Según el ministro, la UMEE ha brindado apoyo en situaciones de emergencia en al menos 60 municipios, entregando más de 1.500 toneladas de alimentos y asistiendo a más de 15.000 familias. “El objetivo es que las Fuerzas Armadas estén al servicio de la población en situaciones críticas”, enfatizó. Un cambio de paradigma que prioriza la asistencia humanitaria y la protección del medio ambiente.
Salinas añadió que otro eje fundamental de la nueva orientación de las FFAA será el resguardo de parques nacionales y reservas forestales, así como la prevención de incendios forestales, en coordinación con las autoridades ambientales y los gobiernos subnacionales. Un compromiso con la defensa del patrimonio natural de Bolivia.