La nueva iniciativa de España para acelerar el trámite legal de al menos medio millón de inmigrantes indocumentados ya ha sobrecargado a las oficinas de inmigración y generado ansiedad entre los posibles solicitantes semanas antes de que comience el proceso, dijeron una docena de funcionarios sindicales, abogados e inmigrantes.
La falta de información y de financiación estatal para el proceso podría hacer descarrilar la amnistía masiva anunciada por el gobierno español el mes pasado , dijeron dos personas involucradas en la iniciativa, que es la última entrega de la política migratoria relativamente inclusiva a la que se le atribuye el impulso del auge económico de España en los últimos años.
El gobierno español ha anunciado que la campaña se extenderá desde principios de abril hasta junio, pero ha proporcionado pocos detalles sobre el proceso de solicitud o la documentación requerida. El Ministerio de Migración indicó en su sitio web en enero que no se había asignado presupuesto ni personal adicional para el aumento previsto de solicitudes.
Esto ha inquietado tanto a los inmigrantes que aspiran a utilizar la ventana de legalización como a los trabajadores de primera línea en las oficinas de inmigración que ya están sobrecargadas con un retraso de meses.
“Nuestras oficinas están completamente saturadas. Si no hay más personal, si no hay refuerzo tecnológico, sin más dinero, esto es imposible”, declaró César Pérez, líder sindical de los agentes de inmigración de España.
Pérez dijo a Reuters que la mayoría de sus colegas todavía estaban trabajando en las solicitudes de estatus legal presentadas en junio de 2025.
El gobierno español publicó un documento preliminar sobre la iniciativa el mes pasado. Un borrador inédito del decreto completo, fechado el 18 de febrero y al que tuvo acceso Reuters, indicaba que se desarrollaría un procedimiento específico, preferencial y diferenciado para la ventanilla de legalización, pero no ofrecía detalles.

Los ministerios de Inclusión, Interior y Política Territorial de España declinaron responder a preguntas detalladas de Reuters. Un portavoz del ministerio responsable de migración afirmó que el decreto final aún se estaba elaborando.
“Caos en el lanzamiento”
Mientras otros países europeos refuerzan sus fronteras , el gobierno socialista de España ha seguido defendiendo la inmigración, a la que los economistas atribuyen la mayor parte del rápido crecimiento económico del país en los últimos cuatro años.
Gobiernos anteriores, incluidos aquellos liderados por conservadores, han ofrecido múltiples amnistías masivas en las últimas décadas. La mayor tuvo lugar en 2005, cuando se legalizó el estatus migratorio a 570.000 personas que pudieron demostrar que contaban con contratos de trabajo formales.
Existe un incentivo para la regularización: España necesita aproximadamente 2,4 millones más de personas que paguen a la seguridad social durante la próxima década para sostener su estado de bienestar, según estimaciones oficiales.

Sin embargo, las disputas con partidos disidentes han desintegrado la mayoría del gobierno actual en la cámara baja del parlamento. El estancamiento resultante ha impedido a los legisladores aprobar un presupuesto desde 2023 y ha limitado la capacidad del gobierno para implementar su nueva visión migratoria.
La falta de fondos estatales adicionales para la campaña de 2026 marcaría un cambio en la política respecto a las legalizaciones masivas anteriores. En 2005, se contrataron 1700 empleados y se establecieron 742 nuevos puntos de información para ayudar al sistema existente a afrontar la situación, según un estudio de la investigadora Claudia Finotelli.