Del sueño revolucionario al poder familiar
La crisis de Nicaragua dejó de ser solamente un conflicto político interno y se convirtió en una de las mayores preocupaciones diplomáticas de América Latina. La decisión del presidente Daniel Ortega de afirmar que “no volverá a haber elecciones” para impedir que la oposición pueda llegar al poder encendió nuevas alarmas internacionales y provocó críticas de gobiernos, organismos de derechos humanos y también de la Iglesia Católica.
El punto central del conflicto es que el gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo -quien fue convertida en “copresidenta” mediante una reforma constitucional cuestionada- acumuló cada vez más poder, debilitando los mecanismos de control democrático.
Del triunfo revolucionario al poder permanente
Ortega llegó al poder por primera vez en 1979, tras el triunfo de la Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Perdió las elecciones de 1990, pero regresó a la presidencia en 2007.
Desde entonces gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida. Sus críticos sostienen que durante estos años fue modificando las reglas institucionales para garantizar la permanencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La tensión aumentó especialmente después de las elecciones de 2021, cuando el gobierno arrestó a varios candidatos opositores antes de los comicios. Ortega consiguió un nuevo mandato, pero Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales denunciaron que el proceso careció de condiciones democráticas.
La reforma que concentró todo el poder
En 2025 el oficialismo impulsó una reforma constitucional que generó fuertes críticas: creó la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo, amplió el mandato presidencial, redujo la independencia de otros poderes del Estado, permitió que el Ejecutivo tenga mayor control sobre instituciones públicas, eliminó contrapesos democráticos.
Para sus críticos, la reforma convirtió a Nicaragua en un sistema de poder familiar concentrado en Ortega y Murillo.
¿Por qué preocupa tanto a la Iglesia Católica?
La relación entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica se deterioró profundamente desde las protestas sociales de 2018. Aquel año, una ola de manifestaciones contra el gobierno fue reprimida violentamente. Organismos internacionales denunciaron cientos de muertos, detenciones arbitrarias y persecución contra opositores.
Desde entonces, la Iglesia -que en algunos casos actuó como mediadora del conflicto- pasó a ser señalada por el gobierno como una fuerza opositora.
El régimen expulsó sacerdotes, cerró instituciones religiosas, confiscó bienes de organizaciones católicas y expulsó al obispo Rolando Álvarez, una de las figuras religiosas más críticas del gobierno.
El Vatican City expresó preocupación por la situación de la Iglesia en Nicaragua y por las restricciones a la libertad religiosa. La Santa Sede buscó mantener canales diplomáticos, pero el deterioro de las relaciones llegó a niveles inéditos.
¿Por qué Estados Unidos reaccionó?
Washington considera que Nicaragua forma parte de un eje de gobiernos autoritarios en la región junto con Cuba y Venezuela. Marco Rubio afirmó que Estados Unidos y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados” ante lo que definió como una profundización de la represión.
La frase de Ortega fue interpretada como una ruptura abierta con la idea de alternancia democrática, dirigida a Estados Unidos por sus intentos de manejar el poder de otros países.
Aunque Nicaragua debía realizar elecciones generales en los próximos años, el mandatario dijo que no permitirá comicios donde la oposición pueda “atrapar el Gobierno”.
La oposición interpreta esa declaración como la confirmación de que el régimen ya no busca competir electoralmente, sino mantener el poder mediante cambios legales y control institucional.
¿Nicaragua va hacia una dictadura total?
Para Estados Unidos, la OEA, organismos de derechos humanos y opositores nicaragüenses, Nicaragua ya funciona como una dictadura.
El gobierno de Ortega sostiene que enfrenta intentos de desestabilización financiados desde el exterior y acusa a sus críticos de intentar un golpe de Estado.
El escenario actual es el de un país donde no existe una oposición política con capacidad real de competir, numerosos dirigentes opositores están presos o exiliados, miles de organizaciones fueron clausuradas, la Iglesia Católica perdió gran parte de su espacio público, y Ortega y Murillo concentran el poder político.
La preocupación internacional crece porque Nicaragua pasó de una crisis electoral a un modelo donde el propio gobierno anuncia que no permitirá elecciones que puedan poner en riesgo su permanencia.
La historia enigmática y oscura de Rosario Murillo
Es la esposa de Daniel Ortega y una de las figuras políticas más influyentes de Nicaragua. Durante décadas pasó de ser una militante del movimiento sandinista y una figura vinculada a la cultura a convertirse en la principal arquitecta del poder del régimen que gobierna el país junto a su marido.
Nacida en Managua en 1951, Murillo proviene de una familia de clase media alta. Estudió en instituciones privadas en Nicaragua y posteriormente en Europa. Antes de ingresar plenamente a la política, fue conocida como poeta y escritora.
Durante la Revolución Sandinista de 1979, que terminó con la dictadura de Anastasio Somoza, se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde conoció a Daniel Ortega. La pareja se consolidó como una alianza política y personal que décadas después dominaría el Estado nicaragüense.
En 2025, una reforma constitucional impulsada por el gobierno creó la figura de “copresidenta”, otorgándole un papel institucional equivalente al de Ortega y reforzando la idea de un poder compartido dentro de la familia presidencial.
Sus críticos sostienen que Murillo es la principal responsable del diseño político del régimen, especialmente en materia de propaganda, control institucional y manejo de la imagen pública del gobierno.
El conflicto con su hija Zoilamérica que denunció violación
Uno de los episodios más polémicos de su vida personal fue la denuncia realizada en 1998 por su hija mayor, Zoilamérica Narváez, quien acusó a Daniel Ortega, su padrastro, de abuso sexual y violación ocurridos durante su infancia y adolescencia.
Ortega negó las acusaciones y el caso no prosperó judicialmente. Murillo respaldó públicamente a Ortega, lo que generó un profundo distanciamiento con su hija.
Años después, Zoilamérica comparó su experiencia familiar con la situación política de Nicaragua, afirmando que veía un paralelismo entre el abuso de poder dentro de una familia y el control ejercido sobre la sociedad.