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Uruguay aprueba la ley de eutanasia y se convierte en pionero en la región

Tras un extenso debate, el Senado uruguayo legalizó la eutanasia para mayores de edad con enfermedades terminales e incurables, garantizando el derecho a una "muerte digna".

Redacción  Gente de Salta
por Redacción Gente de Salta 16 Octubre de 2025
16 Octubre de 2025
Uruguay aprobó la ley de eutanasia
Uruguay aprobó la ley de eutanasia (Foto: Web )

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia tras la votación histórica que resultó en la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo este miércoles en la Cámara de Senadores.

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Festejo entre los familiares que esperaban esta ley en el palco

Con la excepción de Colombia, donde todavía existen muchas lagunas legales y técnicas para su uso, la eutanasia directa está prohibida en la totalidad de países de América Latina.

En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de una solicitud de Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna. 

En Argentina, el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles. En Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos.

En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de ley de “Muerte digna y cuidados paliativos” que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.

La Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Michoacán, en México, ta

mbién permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Sin embargo, varios proyectos de leyes para autorizar la eutanasia han fallado en el Congreso.

En Uruguay cuentan con una la ley conocida como de “voluntad anticipada” o “del buen morir”, que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos.

Más de 10 horas de debate parlamentario

Fueron más de diez horas de intenso debate durante las cuales los legisladores del partido oficialista, Frente Amplio, se expresaron a favor, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y el Partido Nacional, demostrando un consenso transversal en este tema sensible.

Eutanasia
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¿Quiénes pueden acceder a la eutanasia en Uruguay?

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en personas que cumplan con requisitos específicos:

  • Mayores de edad psíquicamente aptos
  • Que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles
  • O que padezcan sufrimientos insoportables por estas enfermedades

"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", establece el texto legal.

Próximos pasos: reglamentación y control

Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación. Asimismo, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión.

Esta comisión "será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia".

Composición de la Comisión de Revisión

Dicha comisión estará integrada por:

  • Un representante del Ministerio de Salud Pública
  • Un representante del Colegio Médico del Uruguay
  • Un representante de la Universidad de la República
  • Un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La comisión elaborará un informe anual que remitirá tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Asamblea General, garantizando así la transparencia y el control del proceso.

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