El dirigente opositor y exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, murió este sábado a los 56 años mientras permanecía detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde llevaba un año bajo custodia acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La información fue confirmada por autoridades venezolanas, familiares del dirigente socialdemócrata y su partido político, Acción Democrática (AD). De acuerdo con el Ministerio del Servicio Penitenciario, Díaz falleció en horas de la tarde a causa de un infarto y habría recibido atención médica inmediata antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Caracas, donde finalmente murió.
Una muerte que reaviva denuncias por las condiciones carcelarias
La organización Foro Penal Venezolano informó que Díaz se encontraba aislado desde hacía un año en los calabozos de El Helicoide, instalación frecuentemente señalada por prácticas de tortura y condiciones inhumanas. El exgobernador se convierte en el opositor número 18 que pierde la vida bajo custodia del Estado desde 2014, según registros de la ONG.
Su hija, Alejandra María Díaz, expresó dudas sobre la versión oficial y aseguró en declaraciones a CNN que su padre no recibió la atención médica adecuada durante su reclusión. “No garantizan el derecho a la vida ni a la salud en esas cárceles”, afirmó.
La líder opositora María Corina Machado responsabilizó directamente al gobierno de Maduro. “Su integridad física y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas”, señaló en un comunicado.
Contexto: un año de detención tras las elecciones de 2024
Díaz había sido detenido en noviembre de 2024, en la ciudad de Ospino, unos 380 kilómetros al suroeste de Caracas. Su arresto se produjo meses después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados —que dieron la victoria a Nicolás Maduro— cuestionó públicamente.
El Ministerio Público lo acusó de “incitación al odio” y “terrorismo”, cargos que organizaciones de derechos humanos consideran parte de un patrón de persecución contra dirigentes críticos. Tras la ola de protestas y detenciones que siguió a los comicios, más de 2.000 venezolanos fueron apresados.
En un comunicado, el Ministerio del Servicio Penitenciario aseguró que el exgobernador “estaba siendo procesado con plena garantía de sus derechos”, en conformidad con la legislación venezolana y el respeto a los derechos humanos.
Antecedentes de muertes bajo custodia
La muerte de Díaz se suma a una serie de fallecimientos de opositores y exfuncionarios detenidos en recintos de inteligencia del Estado venezolano. Entre los casos más resonantes figura el del general retirado Raúl Isaías Baduel, quien murió en 2021 en El Helicoide. Aunque las autoridades atribuyeron su deceso a complicaciones de COVID-19, su familia denunció falta de atención médica.
También destaca el fallecimiento, en 2018, del concejal opositor Fernando Albán, inicialmente reportado como un suicidio, aunque investigaciones posteriores y testimonios familiares confirmaron que murió bajo tortura.
La muerte de Díaz generó preocupación fuera del país. Desde Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el hecho como “un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Nicolás Maduro”, instando a garantizar investigaciones independientes sobre las condiciones de los presos políticos.
Organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han exigido reiteradamente al Estado venezolano poner fin a las prácticas y condiciones degradantes en centros de detención como El Helicoide.
Los restos del exgobernador fue llevado a la isla de Margarita, donde familiares, allegados y ciudadanos comenzaron a despedirlo en medio de expresiones de dolor e indignación.