Policiales15 años de prisión
El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a penas de hasta 15 años de prisión a tres imputados que fueron juzgados por liderar, financiar e integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas desde Bolivia, y cuyo jefe operaba desde su celda en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario provincial, con la complicidad de las autoridades del penal.
Desde el Ministerio Público Fiscal Federal (MPF) se informó este viernes que el Tribunal Oral Federal (TOF) de esa provincia, integrado por las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, condenó a Rafael Dante Churquina a la pena de 15 años de prisión y el pago de una multa de 50 millones de pesos, mientras que Daniel Hedel Becher le impuso una pena de 13 años de prisión y una multa de 48 millones de pesos; y Efraín David Cortez recibió una pena de 4 años de prisión.
El tribunal mostró así que tuvo por acreditados los hechos juzgados durante el debate, conforme la acusación del fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal San Luis, Cristian Rachid, y del fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Martín Uriona.
En concreto, el TOF le atribuyó a Churquina la responsabilidad de organizar y financiar el tráfico de drogas desde la Unidad Penitenciaria 1 de San Luis -donde estaba preso en el marco de una causa por abuso sexual-, blanquear los bienes producidos como consecuencia de ello y haberle pagado una coima al director y subdirector del penal en el que estaba alojado, para poder operar desde ese lugar.
Por ello, terminó condenado como autor del delito de organización y coautor del financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas, coautor del delito de cohecho activo, y como autor de lavado de activos de origen delictivo, todos ellos en todos ellos en concurso real.
El financiamiento de la banda
En el caso de Becher, el tribunal le atribuyó el financiamiento del narcotráfico, el lavado del dinero proveniente de esa actividad y el haber pagado una dádiva a los mismos funcionarios penitenciarios, por lo que fue condenado por los mismos delitos que Churquina, salvo por el de organización del tráfico ilícito de drogas, solo atribuido al primero de los sentenciados.
A su turno, Cortez fue condenado como partícipe secundario del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte -desde la provincia de Jujuy hacia San Luis- agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas.
A instancias del MPF, el tribunal también ordenó el decomiso de dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos, mientras que, en el caso de Churquina, dispuso que se le dé intervención al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para evaluar su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR)
Durante el debate, resultó fundamental la declaración de los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que estuvieron a cargo de la investigación, como así también la reproducción de los audios de las conversaciones mantenidas por los acusados y el aporte de un imputado colaborador que permitió conocer la dinámica interna de la organización enjuiciada.
La gravedad de los delitos cometidos
Al momento de solicitar la pena, los fiscales hicieron hincapié en la gravedad de los delitos cometidos desde el establecimiento penitenciario y destacaron la labor institucional del MPF, en particular, en el marco de la mesa de trabajo conformada desde 2021 por la Procuración General de la Nación, en relación a la temática del desarrollo del delito complejo desde la cárcel.
“El caso bajo estudio del tribunal no es uno más de narcotráfico, sino que se trata de uno que reviste gravedad particular, pues no solo se ha llegado a descubrir a los organizadores y financistas del delito, sino que esas conductas eran desplegadas por su cabecilla desde el establecimiento carcelario en el que estaba detenido por otro delito grave”, dijeron los representantes del MPF durante su alegato.
En ese sentido, Rachid y Uriona remarcaron que para que ello ocurra “necesariamente se requiere de una estructura administrativa corrupta y esto también se evidenció con la cooptación del director y subdirector de la unidad penitenciaria en la que estaba alojado, ambos ya condenados en esta causa”.
Según la investigación, la cocaína que traficaba la organización provenía de la ciudad de Villazón, Bolivia.
En el debate, el MPF probó que Churquina arbitró los medios necesarios para enviar a la provincia de Jujuy la suma de 12.500 dólares -de los cuales 10.000 fueron aportados por Becher-, para comprar poco más de cinco kilos de cocaína.
Según los fiscales, la compra de la droga se sustentó con 6.000 dólares (1.200 dólares por cada paquete o “ladrillo” de cocaína), mientras que la suma restante se destinó a “mantener la cadena de provisión”.
Antes del inicio del debate, se llevaron a cabo acuerdos de juicio abreviados con los otros siete acusados en el proceso, quienes fueron condenados a diferentes penas de prisión por intervenir en las maniobras de narcotráfico y de lavado de activos, como así también, en el caso del director y subdirector del penal provincial, por haber aceptado los sobornos.
Estos acuerdos fueron homologados por el TOF el 31 de julio pasado.
El TOF indicó que los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos 20 días hábiles.
El caso
La causa se inició el 31 de agosto de 2023, cuando la PSA detuvo en la provincia de Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con 5,263 kilogramos de cocaína y que tenía como destino final la ciudad puntana de Villa Mercedes, lo que desencadenó una serie de allanamientos en esa ciudad y derivó en la detención de otras nueve personas, además de la incautación de estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.
A partir de estos operativos, y al descubrirse que manejaba la organización desde su lugar de detención, uno de los allanamientos se dispuso en la celda de Churquina, donde se hallaron elementos prohibidos y funcionales a la actividad criminal que habría desplegado desde su lugar de alojamiento, incluso, se determinó que tenía montada "una oficina" en la que se halló material estupefaciente, teléfonos celulares, una notebook, pendrives, cuadernos y carpetas con documentación, un talonario de pagarés y hasta una balanza de precisión.
Según la investigación, la actividad del líder de la organización fue posible gracias a la complicidad del director y el subdirector de la unidad, Jorge Ángel Orozco y Mario Ojeda, respectivamente, dos de los condenados tras el acuerdo de juicio abreviado.
Ambos recibieron condenas por cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público: A Orozco le otorgaron una pena de 3 años y 6 meses de prisión y a Ojeda de 3 años y 3 meses, mientras que ambos quedaron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.