Un peligroso venezolano, con un rol clave
En Orán, la investigación que encabeza la Sede Fiscal Descentralizada a cargo del fiscal federal Marcos Romero dio un paso clave: el juez federal de Garantías de esa ciudad, Gustavo Montoya, declaró la legalidad de la detención de los líderes y un integrante de una organización que alquilaba fincas agrícolas para acopiar drogas.
Cómo informó Gente de Salta, los tres hombres, identificados como los hermanos A.R., J.R. y el ciudadano venezolano J.B., habían sido apresados el sábado pasado en Colonia Santa Rosa, en el norte salteño.
En la misma resolución, el magistrado admitió la imputación de la fiscalía, dispuso la prisión preventiva por 90 días y otorgó 120 días para profundizar la investigación. Además, autorizó los peritajes sobre los teléfonos incautados y sobre el dispositivo DVR de una cámara instalada en un local de entretenimiento propiedad de uno de los imputados, una pieza que podría reconstruir parte de los encuentros, las idas y vueltas y los silencios que hicieron mover la maquinaria.
En la audiencia, los investigadores trazaron el mapa penal: los hermanos A.R. y J.R., junto con J.B., fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
A los dos primeros también se los acusó por transporte de estupefacientes agravado, figura que se sostiene en la escala del despliegue logístico.
El fiscal Romero detalló que esta tanda de detenciones complementa la pesquisa iniciada el 7 de enero pasado, en la que también intervinieron el auxiliar fiscal Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos, y por la cual ya habían sido imputados otros cinco miembros de la misma estructura. La trama, tejida con escuchas, rastreos y a veces apenas con huellas de conversaciones, fue anudando nombres con movimientos y traslados que, bajo apariencia rural, escondían un circuito de acopio y salida.
Aquella primera línea de tiempo nació con una pista anónima recibida por personal de la Sección Colonia Santa Rosa de la Gendarmería Nacional.
Fue el 7 de enero, a partir de una denuncia formulada el día anterior. Sobre el asfalto caliente de Pichanal, en las inmediaciones de una estación de servicio, detuvieron a D.L.G.C., conductor de un camión con semirremolque cargado de cajones de berenjenas.
Cuando el perro antinarcóticos “Orfeo” olfateó la carga, marcó el engaño: entre verdura y madera asomaron 30 kilos de cocaína ocultos con prolijidad de rutina.
También quedó detenido J.P.C., quien guiaba un Volkswagen Gol en el que viajaban J. A., E. J. A. y J. C. Y., un segundo vehículo que oficiaba de custodia y enlace. A los cinco se los imputó por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes; se les dictó la prisión preventiva y se ordenó el análisis de sus teléfonos celulares, semillas digitales de una ruta más amplia.
Los peritajes a esos equipos y el aporte, en calidad de arrepentidos, de tres de los detenidos, abrieron la puerta de la organización: ubicaron a los hermanos como jefes y a J.B. como miembro operativo.
Este último había llegado a Colonia Santa Rosa siete meses antes, procedente de Buenos Aires. Con la cartografía humana delineada, los investigadores pudieron unir puntos en el territorio y mirar con otros ojos cada portón, cada cultivo y cada vehículo que se movía entre fincas.
Arriendo de fincas
La fiscalía reconstruyó que, en los últimos meses, los dos hermanos alquilaron tres terrenos en Colonia Santa Rosa. Allí cultivaban tomates y otras verduras, pero el verde era, sobre todo, una pantalla.
Entre surcos y galpones, se tejía la logística de almacenamiento y traslado. Agentes siguieron con vigilancias discretas otros inmuebles vinculados a los jefes, entre ellos el pool “El Bunker”, señalado como punto de encuentro para coordinar el acopio y el movimiento de la droga.
También identificaron varias camionetas que iban y venían de una finca a otra con la excusa de tareas agrícolas, un tránsito que, visto de lejos, parecía cotidiano y, de cerca, marcaba ritmos más precisos.
Con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Orán” de la Gendarmería, la fiscalía estableció que la droga ingresaba desde Bolivia hasta un establecimiento rural cercano al Río Colorado, punto de llegada silencioso antes del siguiente salto logístico. Las escuchas a los teléfonos de los hermanos y de J.B. mostraron, días previos a los allanamientos, conversaciones y chats que daban cuenta del inminente movimiento de una carga importante.
El hallazgo bajo los yuyos
Confirmado el lugar de almacenamiento, el juez Montoya ordenó ocho allanamientos a pedido de la fiscalía. Personal de la Gendarmería irrumpió en los puntos señalados y, en una de las fincas donde se cultivaban tomates, encontró lo que buscaba: una zanja cubierta de yuyos guardaba ocho bolsas con un total de 171,450 kilogramos de cocaína, distribuidos en 170 paquetes.
En ese operativo, quedaron detenidos los dos hermanos A.R., J.R. y J.B., piezas centrales de este último tramo de la investigación.
Además del pool y de las fincas arrendadas, se allanó el local bailable “El Jocker”, propiedad de los hermanos, junto a sus viviendas particulares y el domicilio del ciudadano venezolano en Orán. El inventario de los secuestros incluyó un tractor con acoplado, tres camionetas Toyota y dos Volkswagen, teléfonos celulares y el dispositivo de memoria de una cámara de video del local de entretenimiento, piezas materiales que, cruzadas con itinerarios y mensajes, pueden completar el rompecabezas de movimientos y roles dentro de la estructura.
Peritajes, riesgos y prisión preventiva
Para cerrar la imputación de esta etapa, el representante del MPF puso el foco en las conversaciones mantenidas por los imputados, de las cuales surgieron evidencias claras sobre el acopio de la droga y su disponibilidad para ser transportada en breve.
Solicitó, además, peritajes exhaustivos de los dispositivos electrónicos con el fin de verificar la intervención de otras personas y determinar si hubo otros viajes con la misma modalidad. Por la gravedad del caso, su complejidad operativa y el poderío económico de los principales imputados, el fiscal Romero pidió la prisión preventiva, subrayando riesgos de fuga, la alta escala penal de los delitos en juego y el posible entorpecimiento del proceso en caso de una liberación.
La defensa, por su parte, reclamó arresto domiciliario. La fiscalía se opuso y recordó que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, en otra investigación, mientras que el Juzgado de Garantías del partido bonaerense de Lanús había declarado en rebeldía a J.R. Señaló que, si bien esas referencias no constituyen antecedentes condenatorios, deben ponderarse a la luz de la Ley de Reiterancia, vigente desde marzo de 2025.
Finalmente, el juez Montoya rechazó los planteos de la defensa y confirmó las peticiones de la fiscalía: autorizó los peritajes y concedió la preventiva por la envergadura y gravedad del caso, fundado en los elementos de cargo reunidos hasta ahora por el MPF. La investigación continúa, con 120 días por delante para profundizar cada capa, desde los surcos de tomate hasta los mensajes cifrados que dieron forma al circuito.