Tres condenados y otros dos a juicio oral
Una compleja organización dedicada al contrabando de rieles ferroviarios operó durante meses en el norte de la provincia de Salta, utilizando a integrantes de comunidades originarias en situación de vulnerabilidad, con apoyo logístico, político y policial, según surge de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal.
Entre el 3 y el 12 del corriente mes, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó mediante acuerdos de juicio abreviado las condenas a José Miguel Gerala, hijo del exintedente de Morillo, Atta Miguel Gerala, condenado con 6 años de prisión por ser coautor del delito de contrabando de mercadería -exportación e importación- agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con los delitos de cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda.
Contra el comerciante David Edilberto Medina, condenado también a 6 años de prisión como coautor del delito de contrabando de mercadería (exportación) agravado por la cantidad de personas intervinientes y por la utilización de un paso no habilitado, en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se dispuso su inhabilitación para ejercer el comercio por el plazo de 5 años.
En tanto, la jueza homologó un segundo acuerdo alcanzado por la fiscalía con la defensa de Jorge Fernando Cabrera, quien se desempeñaba como sargento de la Gendarmería Nacional. Fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de cohecho pasivo.
Mientras que el exintendente, Atta Gerala, y el policía Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, era el jefe de la dependencia policial de Pluma de Pato, serán llevados a juicio oral y público, el primero imputados por el delito de contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos, en calidad de autor. Y el segundo deberá responder por el delito de cohecho pasivo. La jueza dispuso la elevación a juicio, debate con tribunal colegiado, con una expectativa de pena de 11 y 3 años respectivamente.
De acuerdo a lo ventilado en el marco del juicio abreviado, la maniobra se desarrolló en distintas etapas, con roles claramente definidos y una estructura que garantizaba desde la extracción del material ferroviario hasta su traslado ilegal hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.
Reclutamiento y extracción de rieles
De acuerdo a la investigación, el primer eslabón de la organización estuvo a cargo de José Miguel Gerala, quien se ocupaba del reclutamiento y traslado de personas pertenecientes a comunidades originarias hasta las vías del ramal C25, en la zona de Pluma de Pato.
Según los testimonios recolectados, Gerala ofrecía sumas de dinero —entre $5.000 y $10.000 diarios— a cambio de realizar tareas de extracción de rieles, aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad económica de las personas convocadas. En algunos casos, incluso se descontaba el valor de la comida entregada.
La extracción se realizaba con maquinaria provista por el propio Gerala, como grupos electrógenos y amoladoras, y los rieles eran posteriormente acopiados tanto en su domicilio como en una finca vinculada a su padre, Atta Gerala, quien al momento de los hechos se desempeñaba como intendente de la localidad de Morillo.
Según la Fiscalía, Atta Gerala cumplía un rol clave dentro de la estructura: aportaba vehículos, herramientas pertenecientes al municipio, espacios para el acopio del material sustraído y, principalmente, utilizaba su influencia para garantizar que no hubiera controles policiales durante las maniobras.
El uso de las fuerzas de seguridad
La investigación también determinó la participación del oficial de la Policía de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien habría brindado cobertura a la organización. De acuerdo a las escuchas telefónicas incorporadas al expediente, el funcionario acordaba el “libre tránsito” de los camiones cargados con rieles a cambio de dinero, permitiendo que el material robado fuera trasladado sin controles hacia la ciudad de Orán.
Los testimonios recabados indican además que algunos integrantes de las comunidades fueron amenazados para que no denunciaran los hechos, advirtiéndoles que “no hablaran” porque existía una causa en su contra.
Una vez concretada la extracción, David Edilberto Medina se encargaba del traslado de los rieles desde Pluma de Pato hacia Orán, para luego enviarlos de manera ilegal a Bolivia. La investigación fiscal determinó que Medina coordinaba los movimientos con José Miguel Gerala y utilizaba camiones y choferes de su confianza.
Para garantizar el paso sin controles, Medina contaba con la colaboración del sargento de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera, quien prestaba servicios en el Puesto de Control Fijo “28 de Julio”, el último antes de la frontera. Según el legajo fiscal, el funcionario avisaba horarios y momentos adecuados para circular, a cambio de coimas.
Una vez superado el control de Gendarmería, los camiones se dirigían hacia una finca de la familia Cardozo, donde se realizaba el cruce clandestino de los rieles hacia Bolivia, mediante pasos no habilitados previamente acordados.
El rol de las comunidades originarias
Las declaraciones de integrantes de la comunidad Misión Km 2 de Pluma de Pato resultaron determinantes. Varios de ellos señalaron de manera coincidente a José Miguel Gerala como el organizador principal de la maniobra.
Indicaron que los trabajos se realizaban durante la noche, en jornadas de hasta 12 horas, y que el propio Gerala supervisaba las tareas, trasladándose en una camioneta Toyota perteneciente a su padre. También relataron amenazas directas por parte de efectivos policiales para evitar que hablaran.
Si bien en febrero de 2025 algunos testigos modificaron su versión y señalaron a otra persona como responsable, la Fiscalía consideró ese cambio “llamativo y sospechoso”, ya que otros integrantes de la comunidad mantuvieron sus declaraciones originales y ratificaron el rol de la familia Gerala.
Del análisis del teléfono celular de José Miguel Gerala surgieron imágenes y videos que muestran a miembros de comunidades originarias cargando rieles en una camioneta vinculada al intendente Atta Gerala. El material fue fechado el 6 de mayo de 2024 y coincide con los horarios y relatos aportados por los testigos.
Asimismo, las conversaciones extraídas del dispositivo revelan coordinaciones logísticas y referencias a la continuidad de la actividad durante varios días, reforzando la hipótesis de una organización estructurada y sostenida en el tiempo.
La investigación judicial expone una presunta red de corrupción que involucró a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y particulares, utilizando a personas de comunidades originarias como mano de obra precarizada para la comisión de delitos federales.
Los montos que manejaban
De acuerdo a la ley 22.415 (artículo 865 inciso i) el delito de contrabando se considera agravado cuando la mercadería o la suma de los valores de las mercaderías involucradas en su conjunto, integra una cantidad mayor o equivalente a $3.000.000. En esta causa la suma total de los rieles robados asciende a 558.218.937 pesos.
Unos 150 rieles fueron secuestrados en la finca de los Cardozo, lugar donde los sabuesos acreditaron como punto de acopio del material extraído en Pluma de Pato, presentaba un valor de $130.907.284,20. Por otra parte, 15 rieles secuestrados en el domicilio de Atta Gerala arrojaron un valor en plaza de $13.090.477,70. Finalmente, los rieles secuestrados en la localidad de Padre Lozano fueron valuados en $414.221.175,95, de acuerdo a lo valuado por la Dirección General de Aduanas.