No es solo la causa del "Camión narco"
En un miércoles que sacudió la ciudad de Río Cuarto, la calma matutina se vio interrumpida por un despliegue de Gendarmería Nacional. Un operativo que abarcó 33 empresas y propiedades, todas con un denominador común: su vínculo con Alicio Dagatti, el empresario deportivo cuya gestión llevó al club Asociación Atlética de Estudiantes a la cúspide del fútbol argentino, ascendiendo a Primera División.
El epicentro de la actividad se ubicó en un edificio de la calle Hipólito Yrigoyen al 700, un punto neurálgico donde convergen oficinas, cocheras y un multimedio, propiedad de Dagatti. Los agentes federales irrumpieron en el lugar, buscando documentación y pruebas que pudieran arrojar luz sobre las investigaciones en curso.
La lupa de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) se posó sobre las finanzas del empresario, desencadenando una serie de allanamientos que se extendieron al club Estudiantes y a una oficina en el emblemático edificio Ópera, puntos clave en el entramado empresarial de Dagatti.
La causa, que se encuentra en manos del Juzgado Federal 1 de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, mantiene en vilo a la ciudad. “El ingreso al club está cerrado hasta que concluyan los operativos”, se informó oficialmente, una medida que refleja la magnitud de la investigación y su impacto en la vida institucional del club.
Se hizo hincapié en que esta causa es independiente de las investigaciones previas relacionadas con la AFA y Sur Finanzas, deslindando cualquier conexión con otros escándalos que sacudieron el mundo del fútbol.
El laberinto judicial de Dagatti
El nombre de Alicio Dagatti ya había ocupado titulares meses atrás. En agosto, tras ofrecer una fianza millonaria de 1.400.000 dólares, recuperó su libertad, un respiro efímero en medio de una tormenta judicial. Poco después, su hijo también salió bajo caución, tras el pago de 500.000 dólares. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho.
En noviembre, la defensa de Dagatti logró un fallo favorable para que la causa del controvertido “camión narco” pasase al fuero federal. No obstante, el fiscal de Delitos Complejos de la Provincia, Enrique Gavier, no se amilanó y formuló un requerimiento de elevación a juicio, acusando a Dagatti de ser el “jefe y organizador de una asociación ilícita”. Con el cambio de fuero, la causa experimentó un nuevo impulso, reactivándose con requerimientos que prometen desentrañar una compleja trama.
El origen de esta madeja se remonta a diciembre de 2023, cuando el hallazgo de celulares, droga (casi dos kilos de marihuana y unos 10 gramos de cocaína) y otros elementos prohibidos entre la carne enviada por el frigorífico Livorno, propiedad de los Dagatti, al Establecimiento Penitenciario de Bouwer, encendió las alarmas. La Justicia provincial actuó con celeridad, condenando al chofer Néstor Lucero a cinco años y cuatro meses de prisión por transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Lucero, en su declaración, señaló a Alicio Dagatti como el proveedor de los elementos ilícitos.
Tras ocho meses tras las rejas, Dagatti recuperó su libertad a principios de agosto, gracias a una resolución de la fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico, Paulina Lingua. Sin embargo, la imputación en el marco de las distintas causas abiertas en su contra seguía vigente, como una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza.
Para el fiscal Enrique Gavier, los movimientos detectados formaban parte de un “mecanismo muy bien aceitado” para introducir elementos prohibidos en las cárceles. En consecuencia, ordenó la detención de Dagatti y otros sospechosos de integrar una asociación ilícita, mientras que la fiscalía antinarcotráfico, a cargo de Lingua, continuaba avanzando en su propia investigación.
El futuro de Alicio Dagatti, otrora figura destacada del deporte y el empresariado riocuartense, se encuentra ahora en manos de la Justicia, inmerso en un laberinto judicial de consecuencias impredecibles.