El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a 17 años de prisión al gendarme Walter Álvarez por el homicidio de Ivo Torres, un joven de 22 años asesinado el 6 de febrero de 2025 durante una persecución en la ciudad fronteriza de La Quiaca. El juicio contó con la intervención del fiscal federal Federico Zurueta y de la auxiliar fiscal Marina Cura.
El pasado 8 de junio, el tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi había declarado al suboficial responsable del delito de homicidio con dolo eventual. Esta semana se realizó la audiencia de determinación de la pena, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 18 años de prisión.
Según se acreditó en el debate, Ivo Torres, estudiante de Turismo e integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera desde Bolivia por un paso ilegal conocido como "La Ladrillera", en La Quiaca. Se desplazaba en motocicleta y transportaba 30 kilos de hojas de coca en una mochila.
Al ser detectado por una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, integrada por el acusado, comenzó una persecución de poco más de tres kilómetros que se extendió durante aproximadamente seis minutos.
Durante el operativo, Álvarez efectuó tres disparos disuasivos. Sin embargo, pese a que su superior le ordenó cesar el uso del arma de fuego, desobedeció la instrucción y realizó otros seis disparos. Uno de los proyectiles atravesó la mochila de la víctima e ingresó por su espalda, provocándole heridas mortales.
Durante los alegatos sobre la responsabilidad penal, el fiscal Zurueta había solicitado que el gendarme fuera condenado por homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, una calificación que contemplaba la pena de prisión perpetua.
Por su parte, la querella pidió que se aplicara el agravante de alevosía, mientras que la defensa sostuvo que el hecho debía encuadrarse como homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, subsidiariamente, como homicidio culposo.
Finalmente, por mayoría, los jueces Batule y Matteucci consideraron que el acusado actuó con dolo eventual y lo declararon culpable del delito de homicidio simple. La jueza Alejandra Cataldi votó en disidencia y entendió que correspondía la figura agravada por abuso de la función pública.
La pena
En la audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 18 años de prisión, la querella requirió 22 años y la defensa pidió el mínimo legal de ocho años.
Al fundamentar la condena de 17 años, el juez Batule explicó que el tribunal valoró tanto circunstancias agravantes como atenuantes. Entre los aspectos más relevantes mencionó la condición del acusado como integrante de una fuerza de seguridad, armado y entrenado para proteger la vida, así como el incumplimiento de los protocolos sobre uso racional de la fuerza y la desobediencia a la orden expresa de su superior de dejar de disparar.
El magistrado sostuvo además que la conducta del gendarme no solo provocó un daño irreparable a la familia de la víctima, sino que también lesionó la confianza que la sociedad deposita en las fuerzas de seguridad.
A su turno, la jueza Cataldi destacó el quiebre de esa confianza institucional y se dirigió a los familiares de Ivo Torres para reconocer el profundo dolor causado por la pérdida del joven.
Argumentos del Ministerio Público Fiscal
Durante el juicio, el fiscal Federico Zurueta sostuvo que las pruebas demostraron de manera contundente el accionar doloso del acusado. Señaló que los tres gendarmes que participaron del operativo coincidieron en que Álvarez fue el único que utilizó su arma reglamentaria y efectuó los disparos.
También destacó el valor de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, las pericias realizadas y la inspección ocular llevada a cabo por el tribunal en el lugar del hecho.
Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, luego de los tres disparos preventivos y de la orden de cesar el fuego, el imputado descendió del móvil y continuó la persecución a pie, efectuando seis nuevos disparos a corta distancia. Dos proyectiles impactaron en la víctima: uno en un tobillo y otro atravesó la mochila con los paquetes de hojas de coca, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que el acusado actuó con dolo eventual porque conocía los riesgos de su conducta, desobedeció una orden directa, incumplió los protocolos vigentes y, pese a saber que podía provocar la muerte del motociclista, decidió continuar disparando.
Asimismo, rechazó que se hubiera tratado de una reacción impulsiva y remarcó que el gendarme contaba con 18 años de experiencia en la fuerza y había recibido la capacitación correspondiente para el uso de armas de fuego, por lo que calificó su conducta como plenamente consciente.