Un hombre fue condenado a la pena de prisión perpetua por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género, y el juez Leonardo Feans ordenó su inmediato alojamiento en la Unidad Carcelaria local.
La víctima fue Nelly Alejandrina Juárez, de 67 años, quien fue hallada sin vida, en abril del año pasado, en el interior de su vivienda, en el barrio 9 de Julio, de la zona sur de la capital salteña, y en su cuerpo tenía evidentes signos de haber sido atacada.
Ante el hallazgo, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Luján Sodero Calvet, se constituyó en el lugar, desde donde coordinó el cumplimiento de las tareas de rigor de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP.

En tanto, la causa de muerte establecida luego de la autopsia fue politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano.
La condena se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado por las partes, y el juez consideró que se encontraban adecuadamente acreditados la conducta atribuida al imputado, de 77 años, las circunstancias de los dos agravantes descriptos y los elementos objetivos.
En el marco del procedimiento abreviado, las partes renunciaron a su derecho a recurrir el fallo, el imputado reconoció su autoría en los hechos y aceptó la pena solicitada.
Establecerán si el estado de salud del condenado le permite seguir alojado en la cárcel
En tanto, la familia de la víctima también prestó conformidad a los términos del acuerdo.
De la audiencia intervinieron Luján Sodero, el defensor Marcelo Arancibia, y el querellante Nicolás Juárez Campos, en representación de la familia de la víctima.

El juez hizo lugar a la reparación del daño ofrecida por el imputado a la familia de la víctima, consistente en la entrega de una suma de dinero en efectivo y de un vehículo que fue incautado en el marco de la causa, al tiempo que le prohibió al acusado establecer cualquier tipo de contacto con los familiares de la damnificada.
Asimismo, dispuso que en el término de quince días se lleve a cabo, con supervisión del Juzgado de Ejecución y Detenidos, una junta médica para evaluar el estado de salud del condenado y si está en condiciones o no de seguir alojado en un establecimiento carcelario.
Finalmente, el juez ordenó la confección del cómputo de la pena y que se le extraigan muestras genéticas para su incorporación en los registros correspondientes.