De la pasarela al banquillo. Cuestionan la domiciliaria
El proceso judicial contra la organización narcocriminal liderada por Joaquín Tolaba y su pareja, la ex Miss Orán Martina Oliva, tomó un giro polémico. Durante la primera audiencia del año de este martes, el fiscal federal Eduardo Villalba solicitó formalmente que los acusados dejen de participar de forma virtual y comparezcan de manera presencial en el Juzgado, poniendo bajo la lupa los privilegios de los que goza Oliva en su detención domiciliaria.
Según la investigación, la banda desarticulada operaba con una precisión aceitada: realizaron al menos 31 traslados desde Orán hacia la capital salteña. En cada viaje, la carga se repetía: 15 kilos de marihuana que terminaban en manos de José Burgos, un conocido revendedor de la zona norte. Por esta estructura, la Justicia advierte que la modelo podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
"Resiliencia" con iPhone y lencería
Sin embargo, el rigor de la ley parece diluirse en el mundo digital de la imputada. Lejos del perfil bajo, Oliva transformó su arresto en una plataforma de "superación personal". A través de un iPhone de último modelo, comparte con sus seguidores reflexiones sobre cómo el 2025 la "formó" y la ayudó a "reconstruirse".
"Este año no me destruyó… este año me formó", publicó recientemente, intercalando frases motivacionales con la promoción de su showroom de lencería, perfumes y carteras.
El reclamo del Ministerio Público
Para la fiscalía, este despliegue de bienestar contradice cualquier argumento de vulnerabilidad que justifique la permanencia de Oliva en su hogar. Villalba fue tajante al señalar que la acusada se muestra en "fiestas" y con un estado anímico óptimo en sus redes, lo que elimina las barreras para su traslado al Juzgado.
Mientras la ciudadanía observa con escepticismo cómo una causa por narcotráfico convive con posteos de moda y frases de coaching, el juicio previsto para este mes de febrero determinará si la "nueva oportunidad de volver a creer" que Oliva pidió para su 2026, la encontrará detrás de una pantalla o en el banquillo de los acusados.
La causa
De los 31 viajes que la Fiscalía de Distrito expondrá en el juicio que comenzó este martes ante el Tribunal Oral Federal 1, Martina Oliva participó en ocho.
A veces, en una camioneta Toyota Hilux y otras en una Volkswagen Amarok, más otros autos de apoyo, esta banda había comenzado a consolidarse como un proveedor premium.
En esos momentos de pleno ascenso y la incorporación de otros cómplices, la organización cayó presa de su propia ambición. Al parecer, habrían dejado de lado a un integrante que, no demoró en cobrarse venganza con una denuncia anónima, la que llegó a oídos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Orán.
Los datos aportados, a fines del 2024, tenían una precisión quirúrgica, pues los investigadores de la PSA no demoraron en identificar, primero a Tolaba, por detrás a su pareja y al resto de la banda: Ángela Cuenca (con domiciliaria por sus hijos, uno de ellos con discapacidad), Benjamín Delgado, Juan Romero, Carlos Leiton y Burgos.
Con la paciencia de Job, los policías se camuflaron por las calles de Orán y, con el sigilo suficiente, esperaron por las señales que les permitieran deducir que los acusados tenían otro viaje entre manos. Esto sucedió en los primeros días del mes de febrero del 2025.
Lo supieron porque la banda ya tenía una ruta de viaje, de la cual no solían moverse. Para la ida, de Orán a Salta, evitaban la ruta 34, la más directa. El motivo era lógico, pues la organización buscaba eludir los puestos de control, tanto de la policía provincial como de Gendarmería Nacional y la PSA.
Para ello, se alejaban de la ruta 34, la más directa para viajar a Salta. Por el contrario, tomaban bifurcaciones que los llevaba a dar un gran rodeo por Jujuy,con el único puesto de requisa ubicado en la localidad de Chalicán.
Sorpresa
Así lo hicieron el 5 de febrero del año pasado. El convoy estaba encabezado por una camioneta Toyota, conducida por Tolaba. Junto a él, viajaba su pareja, Oliva y Cuenca, novia de Delgado, quien venía por detrás al mando de un auto Citroën C3.
Al llegar al ex peaje Aunor, una comitiva de policías de la PSA aguardaba ansiosa para detener a la banda, de la cual ya tenía suficientes evidencias, pues habían intervenido sus teléfonos celulares y ya conocían bastante de las operaciones de tráfico.
Cuando vieron a los uniformados, Cuenca se apresuró a mandarles mensajes a Delgado, quien viajaba con los 15 kilos de marihuana en la parte trasera del auto, en el que también iban Romero y Leitón, como acompañantes y respaldo de la mercancía.
Mientras los policías detenían a Tolaba, Oliva y Cuenca, el resto de la banda, que iba en el auto C3 con la droga, puso en marcha la fuga. A solo 500 metros de llegar al ex peaje, Delgado giró en “U” y huyó a 180 kilómetros por hora hasta llegar a la rotonda de Torzalito, donde siguieron la fuga por la provincial 112, la que los llevó hasta la finca San Juan de Dios, en el límite provincial con Jujuy.
Cuando finalmente los policías le dieron alcance, solo hallaron el auto en medio de los pastizales. Al patrullar por los alrededores, en tanto, detuvieron a Romero, mientras que Delgado y Leitón lograron darse a la fuga rumbo al norte de la provincia.
En el camino, mientras Delgado hacía todo para dejar atrás a los policías, sus acompañantes, Romero y Leitón, arroban por la ventanilla los quince kilos de marihuana, por la cual esperaban recibir seis millones de pesos de la mano de Burgos.
Tan acertó la fiscalía que, cuando le cayeron a Burgos, en su casa del barrio 17 de Octubre, hallaron un bolso con seis millones de pesos, el cual esperaba por Tolaba y su gente. El revendedor, cabe decirlo, intentó escapar cuando se vio rodeado de policías.
El acusado corrió e intentó saltar la tapia de su vecina, pero los policías lo redujeron con facilidad y, en uno de los bolsillos del pantalón, encontraron 250 gramos de marihuana, razón por la cual Delgado responde por el transporte de la droga, agravado y por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Leiton y Delgado, en tanto, fueron detenidos el 20 de febrero y el 5 de octubre respectivamente. El primero cayó porque interactuó con una hermana, quien reside en Orán. Con su posición delatada y casi de inmediato, una dotación de policías cayó en la casa y se lo llevaron esposado.
Delgado, en cambio, fue detenido por casualidad.
Resulta que los policías de la PSA viajaron a la localidad de Aguas Blancas para cumplir con un trámite del caso, circunstancias en la que vieron una camioneta Toyota Hilux estrellada en la dependencia policial.
Avispados, los sabuesos chequearon la patente y se dieron con que la misma era de un vehículo que ya tenía en la mira, así que, al hablar con sus colegas de la policía provincial, se enteraron de que el conductor de la camioneta había volcado en la ruta 50 y lo llevaron al hospital de Orán, donde quedó internado.
Al presentarse en ese centro médico, los investigadores vieron nada menos que a Delgado, quien se había hecho pasar por un hermano, razón por la cual no saltó el pedido de captura nacional e internacional que ya pesaba en su contra.
Condenados
El 28 de octubre pasado, los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano condenaron a 5 años de prisión a Burgos como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de seis millones de pesos, que era el dinero con el que se iba a pagar la droga que fue secuestrada durante el operativo.
Además, condenaron a 4 años de prisión a Leiton por el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad.
El 25 de noviembre pasado, en tanto, el tribunal (integrado en este caso de forma unipersonal por el magistrado Almaraz) condenó a 7 años de prisión a Benjamín Michel Delgado por el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad.
Cuenca y Romero también llegaron a un acuerdo con la fiscalía y recibieron una pena de 6 años de prisión. Romero fue considerado responsable del transporte de estupefacientes agravado y del delito de resistencia a la autoridad por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, el 11 de septiembre pasado.
En cuanto a Cuenca, el juez federal de Revisión Rabbi Baldi Cabanillas dispuso el cumplimiento de su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, dado que se encuentra a cargo de tres hijos menores, uno de ellos con una discapacidad.
En todos los casos, las penas surgieron de un acuerdo pleno tramitado por las defensas de los acusados, quienes buscaron evitar la demora del juicio e ir en busca de una condena exprés para comenzar a purgar sus sentencias. Lejos de ello, Oliva y Tolaba rechazaron resolver su situación a través de este recurso alternativo de resolución de conflicto.
El debate
En soledad, y con las condenas de sus cómplices en su contra, Tolaba y Oliva se sentarán desde este martes ante el tribunal presidido por la jueza María Alejandra Cataldi, en reemplazo del juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, quien solicitó una licencia médica de larga duración.
El fiscal general, Eduardo Villalba llevará adelante la acusación, mientras que la defensa de ambos acusados será ejercida por el abogado Rambert Ríos, de la ciudad de Orán. La audiencia se realizará en la sala de audiencia de calle Deán Funes al 200, al lado del Correo.
Para la primera audiencia, se espera que la fiscalía y la defensa hagan sus alegatos de apertura, instancia en la que el fiscal presentará el caso al tribunal, mencionará las pruebas y la hipótesis del caso, para reafirmar su intención de arribar a una condena.
Lo más probable es que los acusados no estén presentes, sino que seguirán las alternativas del debate vía zoom. Tampoco se descarta que alguno de ellos acepte prestar declaración. Al respecto, Oliva había adelantado en sus redes sociales su inocencia, por lo que es posible que se explaye al respecto.