Audiencia de Chatard con fiscales
El periodista Jean Charles Chatard, autor del libro “Francesas. Autopsia de un doble asesinato”, habló hoy con la prensa y contó cómo fue la audiencia a la que fue citado por los miembros de la Unidad Fiscal Especializada que está a cargo de la nueva investigación sobre el doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
“Acabamos de cruzar un nuevo umbral en el camino hacia la verdad”, destacó el francés, quien detalló que pudo expresarse con “total libertad”, y que fue escuchado “con una atención meticulosa”, durante tres horas y media, por “cuatro fiscales”, en una audiencia que “marca un punto de inflexión” y en la que pudo expresarse “con total libertad”.
En este marco, sostuvo que respondió todas las preguntas que le formularon, que fueron "abiertas y no direccionadas", y agregó que “toda la declaración fue filmada” y asistida por una traductora pública, "lo que garantiza la exactitud y fidelidad de cada palabra pronunciada”.
Ante los periodistas, en un bar céntrico de la ciudad de Salta, Chatard leyó una declaración para comunicar con mayor facilidad lo sucedido en la audiencia, en la que respondió a los fiscales, según dijo, “con total transparencia y honestidad", sin refugiarse "en el secreto profesional de la fuente periodística", y sostuvo que el diálogo “fue fluido, respetuoso y de muy alto nivel”, ante “fiscales atentos” que no lo interrumpieron ni intentaron “instalar contradicciones artificiales".
El secreto de la investigación
El periodista aclaró que el contenido de su declaración quedó “protegido por el secreto" de la investigación, y comentó que, en ese marco, aportó información sobre sus encuentros con Gustavo Lassi en la cárcel de Villas Las Rosas.
Además, apuntó que desarrolló su análisis sobre “la hipótesis de una puesta en escena en el mirador de la quebrada de San Lorenzo", destinada "a confundir a los investigadores desde la primera hora”, y sobre “el extraño estado de conservación de los cuerpos de Cassandre y Houria, supuestamente expuestos al aire libre durante 14 días”.
Chatard explicó que también compartió su opinión sobre “la polémica en torno a la datación de sus muertes, un punto decisivo que nunca ha sido aclarado de manera satisfactoria”.
Por otro lado, contó que durante la audiencia se abordó “la actitud sumamente controvertida” de quien en el momento del hecho era el juez de la Instrucción, Martín Pérez, que decidió “deliberadamente”, en octubre de 2011, "no incorporar al expediente argentino pruebas esenciales aportadas por los investigadores y peritos franceses que podrían haber exculpado a Clemente Vera y a Daniel Vilte, y, sobre todo, permitido identificar a los verdaderos autores del doble femicidio, que hasta hoy no han sido identificados pese a haber dejado sus huellas genéticas en la escena del crimen”.
Investigación en materia de genética y telefonía
También, habló sobre las dudas existentes en torno al arma presuntamente utilizada en el doble crimen y a la “falla grave de la investigación en materia de genética y telefonía”, que, a su entender, constituyen un "punto central que, si se retomara con rigor, podría orientar a los investigadores directamente hacia los posibles autores e incluso hacia eventuales cómplices”.
“Luego analizamos la cadena de responsabilidades que condujo al colapso judicial que todos conocemos, la presunta tortura policial contra inocentes, las falsas pruebas colocadas para desviar la investigación y finalmente la condena arbitraria de Clemente Vera por la justicia local, seguida de su liberación y absolución total por la severa y contundente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina", resaltó.
Chatard dijo que les planteó a los fiscales dos preguntas que se imponen: “¿Quién es el autor intelectual de este desastre judicial?” y “¿Quién, desde las sombras, orquesta esta sucesión de errores, manipulaciones y omisiones que alejaron a la justicia y la verdad durante 14 años?”.
“También abordamos la cuestión sensible de una posible fiesta VIP clandestina relacionada con el caso, en un barrio de San Lorenzo, durante la desaparición de las víctimas. Expuse la información que poseía y mis reservas. Compartí además mi opinión sobre lo que puede llamarse un deporte nacional en Salta: los rumores, que lejos de esclarecer generan efectos perversos, distorsionan la comprensión de los hechos y desvían la atención de los verdaderos desafíos judiciales”, expresó.
Pérdida de confianza de los ciudadanos en la justicia
Otro tema crucial puesto sobre la mesa durante la audiencia, fue “la pérdida total de confianza de los ciudadanos de Salta en su justicia provincial”, lo que Chatard calificó como "una desconfianza profunda, alimentada por una seguidilla de casos oscuros, nunca resueltos, entre ellos el doble femicidio de las francesas, que sigue siendo el emblema de este derrumbe institucional”.
Asimismo, indicó que desde la visita de Jean Michel Bouvier a Salta, en febrero de 2024, “jamás llegó una señal clara de la fiscalía sobre la voluntad real de identificar y juzgar a los presuntos autores”, y ese silencio “casi funerario de la justicia provincial” abrió la puerta "a interpretaciones erróneas que el propio Bouvier llegó a repetir” y de las que “yo mismo he hablado en los medios a menudo”.
“Pero la realidad es más compleja. Desde hace varios meses la fiscalía trabaja en las sombras, sin preocuparse por los malentendidos generados en la opinión pública”, dijo, tras lo que celebró que “sean los fiscales los que investiguen, para que se pueda avanzar en el análisis de las falencias del juez Martín Pérez”.
Sobre esto, agregó: "la unidad fiscal retomó la lectura completa del expediente, que cuenta con 32 tomos. Leyeron mi libro con gran tensión, y decidieron avanzar en una investigación profunda en materia de genética y telefonía”, que “considero fundamentales para llegar rápidamente a los verdaderos autores”.
Excelente cooperación con Francia
Aseguró que los fiscales le confirmaron "la excelente cooperación de la Embajada de Francia en Buenos Aires, lo que facilita el trabajo de los investigadores salteños y permite el cruce de información con la justicia francesa, un punto determinante en una investigación transnacional".
En tanto, Chatard explicó que todo esto demuestra que “la investigación avanza, está en curso y la impunidad que todavía rodea el doble femicidio podría muy pronto llegar a su fin”.
Por otro lado, se refirió a la agresión sufrida por Jean-Michel Bouvier, en la vía pública, en París, la semana pasada, que le provocó tres facturas y lo obligó a cancelar su viaje a Salta, previsto entre el 21 y el 28 de noviembre, y opinó que “no hay nada indique que este hecho tenga relación directa con el caso”.
“A primera vista, se trata de un hecho de derecho común. Deseo de corazón que Jean-Michel Bouvier pueda recuperarse lo antes posible de sus lesiones y que pueda regresar a Salta, para designar oficialmente un abogado capaz de aportar a la justicia local elementos nuevos y decisivos”, señaló.
Reveló que el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el gobernador Gustavo Sáenz estuvieron en la Embajada de Francia por este tema y especuló con que una ruptura en la relación del mandatario salteño con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey marcó “un momento muy importante”, que impulsó “la nueva investigación”.
“Creo que en Salta hay muchos homicidios y no hay suficientes magistrados y fiscales disponibles para trabajar cada caso en detalle”, opinó, y concluyó: "fui el primero en decir que en la Ciudad Judicial existe una cloaca y ahora, cuando veo esta buena voluntad, estoy aquí para decir que estamos en buen camino”.
Antes de cerrar su encuentro con los periodistas, llegó al lugar Santos Clemente Vera, con sus dos pequeñas hijas, y se reunieron con Chatard.
Unidad Fiscal Especial
En febrero del año pasado, la Procuración General de la Provincia dictó la Resolución 1594/25 disponiendo la creación de una Unidad Especial, conformada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM); el fiscal penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gabriel González, para la reapertura de las investigaciones en torno a esta causa.
Esta decisión se tomó luego del fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, invocando la figura de la insubsistencia de la acción penal debido al transcurso del tiempo y su impacto en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Este fallo se dictó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de diciembre de 2023 había dejado sin efecto la condena de prisión perpetua impuesta por el Tribunal de Impugnación Sala I, y confirmada por la Corte de Justicia de Salta en 2016.
La Corte Suprema no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Santos Vera, sino que cuestionó irregularidades procesales y dispuso que la justicia salteña dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a la normativa vigente en el Código Procesal Penal.
En respuesta, la Corte de Justicia de Salta remitió la causa al Tribunal de Impugnación, que finalmente dictó el sobreseimiento de Vera por los motivos antes señalados.
El caso
Cassandre Bouvier y Houria Moumni aparecieron sin vida, en el Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, el 29 de julio de 2011, con signos de violencia sexual.
El juicio oral se realizó en 2014, en la Sala 2 del Tribunal de Juicio, a cargo de los jueces Ángel Amadeo Longarte, Bernardo Ruiz y Carlos Héctor Pucheta, quienes el 2 de junio de ese año condenaron a 30 años de prisión a Gustavo Orlando Lassi, por el doble homicidio calificado criminis causa, abuso sexual agravado y robo calificado, y absolvieron por la duda a Vera y a Daniel Vilte Laxi.
En ese fallo, Pucheta había votado "por la absolución en forma lisa y llana" a favor de Vilte y de Vera, "por no ser los autores de los delitos investigados".
En tanto, Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional "por resultar autores penalmente responsables del delito de encubrimiento".
Luego, el Tribunal de Impugnación condenó a Vera a prisión perpetua en un fallo luego cuestionado y, tras permanecer más de siete años en la cárcel y con el patrocinio de la organización internacional Innocence Project, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió su liberación.