Doble crimen de las turistas francesas: “¿Nos quieren hacer lo mismo que con Vera? Por supuesto que sí”

Un nuevo episodio, triste y lamentable, que involucra a la familia de Santos Clemente Vera volvió a escribirse en la causa del doble crimen de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, un caso que a casi 15 años de ocurrido todavía sigue sin resolverse en Salta. 

El viernes pasado, Beatriz Yapura, esposa de Vera, fue trasladada por orden judicial al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la extracción de una muestra genética. La diligencia terminó en medio de forcejeos, gritos y escenas que rápidamente se viralizaron.

Horas después, el Ministerio Público Fiscal difundió un extenso comunicado en el que acusó a Yapura de “obstaculizar” la medida judicial. Según la versión oficial, la mujer se negó a colaborar, debió ser reducida por personal policial femenino e incluso habría intentado morder a integrantes del CIF.

Desde la defensa de la familia Vera rechazaron de manera categórica esa reconstrucción de los hechos. El abogado Roberto Reyes aseguró que ni él ni su colega, José Humberto Vargas, impidieron el accionar policial y sostuvo que la verdadera discusión giraba en torno a la presencia de un perito genetista de parte.

“Nosotros no obstruimos absolutamente nada. En los videos se observa claramente que estábamos lejos de la policía y lejos de la señora -Yapura- mientras era arrastrada por el piso”, afirmó Reyes.

El letrado explicó que la defensa solicitó que el procedimiento se realizara con participación de un especialista propuesto por ellos, un genetista de Buenos Aires al que definió como “tremendamente prestigioso a nivel internacional”. Según dijo, el pedido nunca fue atendido por los fiscales.

“La señora no se negó a la prueba. Lo que pidió fue que incorporaran a nuestro perito mediante Zoom para garantizar sus derechos constitucionales. Nadie salió a atendernos”, sostuvo. De acuerdo a lo exprasado por la misma familia, la esposa de Vera desde hace un tiempo lucha contra una una enfermedad oncológica.

El episodio volvió a poner bajo la lupa el costado más humano y doloroso de una causa que marcó y lo sigue haciendo a la familia del jardinero de San Lorenzo. Santos Clemente Vera pasó más de 11 años preso en Villa Las Rosas, condenado por el crimen de las turistas francesas, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia. Posteriormente, el Tribunal de Impugnación declaró extinguida la acción penal por el paso del tiempo.

En ese contexto, Reyes vinculó lo ocurrido con lo que considera una histórica persecución contra Vera y su entorno familiar. “No es una testigo cualquiera. Es una mujer que vivió más de once años con su marido preso injustamente a consecuencia de una manipulación de una muestra genética”, expresó.

Y fue más allá: “¿Nos quieren hacer lo mismo que con Vera? Por supuesto que sí, porque quieren achatar la investigación, dejarla ahí, hacer como que Vera estuvo en la escena del crimen y jactarse de que nunca se equivocaron. Pero es mentira, una vez resuelto eso por supuesto van a seguir evitando investigar más arriba como debería ser y corresponde, donde todos saben quiénes son los culpables”.

Para la defensa, el temor de Yapura no es infundado. Reyes insistió en que la mujer sí se realizará el hisopado bucal, aunque bajo condiciones que permitan controlar la cadena de custodia y el procedimiento pericial.

“Eso no lo vamos a permitir. La señora se hará la extracción de ADN, pero con la presencia de un perito de parte”, remarcó.

Denuncia por abuso de autoridad

Otro de los puntos cuestionados por el abogado fue el secuestro de teléfonos celulares y equipos durante el operativo. El MPF sostuvo que Yapura tenía oculto un micrófono inalámbrico. Reyes negó cualquier irregularidad y explicó que antes de trasladarse al MPF la mujer era entrevistada por gente de Francia para un documental internacional, cuando llegó la policía.

“No estaba oculto ni había ningún espionaje. Los operadores se olvidaron de retirarle el micrófono cuando apareció el patrullero y comenzaron a apurarla para llevársela”, explicó.

El abogado también denunció que el fiscal Gabriel González Espilocín ordenó el secuestro de su teléfono celular en un procedimiento que calificó como “abuso de autoridad”.

“Es mi herramienta de trabajo. Ahí tenía documentación profesional, pero también fotos de los últimos días de vida de mi esposa. Eso me destruyó”, relató con visible carga emocional.

Mientras la investigación intenta avanzar sobre nuevos estudios genéticos para determinar el origen de un perfil femenino hallado en el cuerpo de una de las víctimas, la causa vuelve a exponer controversias, heridas que, tras casi 15 años, siguen abiertas.

La familia Vera, que durante años tuvo que padecer irregularidades, armado de pruebas y errores judiciales, hoy asegura sentirse nuevamente bajo sospecha. Y en medio de un expediente aún impune, la disputa entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal vuelve a reavivar interrogantes sobre uno de los casos policiales más importantes en la historia criminal de Salta.