Estricto protocolo
Los remanentes de muestras tomadas a las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, víctimas del doble femicidio ocurrido en Salta, en julio de 2011, fueron trasladados este viernes, bajo un estricto protocolo y vía aérea, desde el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires al Laboratorio del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de la capital salteña, para analizar la posibilidad de realizar nuevos estudios genéticos con tecnología actualmente disponible.
En el marco de la investigación, un integrante de la Unidad Fiscal Especial conformada para este caso y personal del Servicio de Biología Molecular del CIF se dirigieron al Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, para verificar la existencia de material remanente de los hisopados tomados oportunamente a las víctimas del doble crimen, durante las autopsias realizadas en 2011, y trasladarlo a Salta.
Tras cumplir con los protocolos del caso, la comisión trasladó las muestras a Salta vía aérea, para su depósito final en el Laboratorio de Biología Molecular del CIF, donde se analizará la posibilidad de realizar nuevos estudios genéticos con medios tecnológicos que no estaban disponibles al momento de los hechos, con la participación a todos los interesados y de acuerdo al estado de conservación de las mismas .
Del trámite, que se originó a partir de un requerimiento de información enviado al laboratorio el 11 de febrero de este año, el cual confirmó la presencia de material remanente el 11 de marzo, participó el agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia en la Argentina, teniente coronel Vincent Audon, según la información brindada este viernes por el Ministerio Público.
Un estudio de trazabilidad de las actas de secuestros permitió dar con los remanentes trasladados
La existencia de los remanentes se determinó mediante un estudio de trazabilidad de las actas de secuestro y constancias de remisión realizado por la Unidad Fiscal y personal del CIF, quienes confeccionaron un inventario y ordenamiento de los elementos secuestrados.
Durante la última visita a Salta del padre de una de las víctimas, Jean Michel Bouvier, se le informó sobre la información obtenida y la posibilidad de realizar nuevos estudios genéticos, si el estado de conservación de las muestras lo permite.
En este sentido, se anticipó que se le ofrecerá la posibilidad de designar un perito de parte, al igual que a los familiares de la otra víctima.
La Unidad Fiscal busca acelerar los tiempos de respuesta de las autoridades judiciales de Francia para este fin.
Los hechos
Houria y Cassandre fueron halladas sin vida, en El Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, en Salta, el 29 de julio de 2011, con evidentes signos de haber sido violadas y golpeadas, y haber recibido disparos de armas de fuego, y luego de permanecer desaparecidas durante casi 15 días.
Por el caso, el único preso es Gustavo Lasi, quien en el juicio realizado en 2014 había sido condenado a la pena de 30 años de prisión luego de confesar el crimen, pero casi dos años después, la sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó la sentencia y lo condenó a perpetua.
En ese mismo fallo, el tribunal condenó también a prisión perpetua a Santos Clemente Vera, quien había sido absuelto por el beneficio de la duda en el debate oral y público, por lo que se ordenó su inmediata detención.
Esta resolución judicial fue puesta en tela de juicio, por haberse concretado en un procedimiento sin inmediación, sin publicidad, sin oralidad, sin darle la oportunidad a Vera de ser oído.
Tras una intensa tarea, la defensa de Vera, con la asistencia de la organización Innocence Project Argentina y el apoyo de Bouvier, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tardó varias años en resolverse pero que finalmente, el 7 de diciembre de 2023, dejó sin efecto la condena que se le impuso en segunda instancia, y ordenó que se dictara un nuevo fallo.
De esta manera, Clemente Vera, que estuvo más de 10 años preso por esta causa, recuperó su libertad.
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministerio Público de Salta decidió, a principios de 2025, la creación de una Unidad Fiscal Especial integrada por María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM); el fiscal de transición Pablo Rodrigo Paz; el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gabriel González; y el fiscal penal Daniel Espilocín, quienes coordinan la investigación.