Lavado narco
El juez José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó el congelamiento de criptoactivos y otros bienes en una causa por lavado de activos.
La investigación es liderada por el fiscal federal Agustín Chit, a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal general Diego Velasco.
La investigación señala que los imputados realizaron movimientos de fondos significativos a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras tradicionales.
El origen de los fondos no pudo ser justificado, especialmente considerando la inconsistencia entre los montos operados y el perfil patrimonial y fiscal de los investigados, pero serían 185 millones de dólares lavados a través de criptomonedas solo en el período mayo de 2022- septiembre de 2023.
La investigación detectó la recepción de activos y su diversificación mediante operaciones de “trading” de criptomonedas.
Se presume que los fondos retornaban a Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño prófugo y vinculado a investigaciones penales en Argentina y Brasil por lavado de activos provenientes de actividades criminales, como el narcotráfico.
La fiscalía considera a Alves de Sousa responsable de canalizar activos ilícitos pertenecientes al Comando Vermelho, con ramificaciones en Argentina.
Colaboración de Organismos Especializados del MPF
La fiscalía contó con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), liderada por María del Carmen Chena, para analizar la trazabilidad de los criptoactivos.
El estudio transaccional de información de proveedores de servicios de activos virtuales y fuentes abiertas de la “blockchain” permitió reconstruir la operatoria de las cuentas investigadas, lo que facilitó el congelamiento de criptoactivos en “exchanges” y USDT (criptodólares) almacenados en direcciones sin custodia.
La información proporcionada por operadoras de criptoactivos confirmó el congelamiento de USDT 208.693, correspondientes a direcciones bajo investigación. Por orden judicial y a solicitud de la fiscalía, estos fondos fueron incautados en carácter de depósito judicial durante el proceso penal.
Adicionalmente, se solicitó la inhibición de ocho participaciones sociales (siete en el extranjero), cuatro vehículos (uno en el extranjero), aproximadamente 50 productos bancarios (varios en el extranjero) y diez inmuebles en el exterior.
Cumplimiento de estándares internacionales
La investigación del MPF se adhiere a los estándares internacionales de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Recomendación N°4 promueve el decomiso de ganancias y bienes provenientes de delitos, mientras que la Recomendación N°30 destaca el rol proactivo y la efectividad de las autoridades de investigación y enjuiciamiento.
Los resultados obtenidos, que incluyen sanciones penales, multas millonarias y la recuperación de activos ilícitos, representan un avance significativo en el fortalecimiento del sistema penal económico, según destaca el Ministerio Público Fiscal.
Este caso reafirma el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la persecución del lavado de activos y la recuperación de bienes provenientes del delito, como políticas prioritarias para proteger la integridad del sistema financiero y económico nacional.