Policiales Ocurrió en Campo Quijano
El femicidio de Natalia Cruz, ocurrido en la localidad salteña de Campo Quijano, sigue su curso investigativo. En esta oportunidad, nueve efectivos policiales que cumplían funciones en la Comisaría de Campo Quijano son sometidos a audiencias de imputación por presunto incumplimiento de sus deberes funcionales y, en algunos casos, por la presunta confección de un informe policial falso.
Según informó el estudio jurídico que representa a la querella, las audiencias se llevaron a cabo el martes y miércoles pasado, mientras que la semana que viene será la última. Medida que se desarrolló luego de que la Fiscalía receptara los pedidos formulados por los querellantes Sol Pastrana y Federico Vanni.
La investigación busca establecer la responsabilidad de los funcionarios que debían cumplir una consigna policial fija dispuesta por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, una medida ordenada con el objetivo de resguardar la vida y la integridad de Natalia Cruz. De acuerdo con la querella, dicha medida no habría sido cumplida, situación que habría permitido que se produjera el femicidio de la mujer.
Además, la investigación alcanza a algunos efectivos por una conducta posterior al crimen. Según los representantes legales la familia de la víctima, habrían confeccionado un informe policial falso, consignando que antes del hecho habían concurrido al domicilio de la víctima y que no había ninguna persona en el lugar. Esa versión, de acuerdo con la investigación, habría sido posteriormente desmentida.
Desde la querella consideraron que las imputaciones representan un avance significativo para esclarecer las responsabilidades funcionales de quienes tenían a su cargo la protección de Natalia Cruz, así como también las conductas desplegadas después del femicidio por algunos de los funcionarios involucrados.
El femicidio de Natalia Cruz
El hecho ocurrió el 17 de febrero pasado, en una vivienda del barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano. Natalia Cruz, de 37 años, fue atacada a golpes y asfixiada por su pareja, Daniel Orlando Serapio, de 34 años.
La mujer fue auxiliada por sus familiares y trasladada de urgencia, pero murió antes de llegar al hospital local, mientras el principal sospechoso escapaba del lugar.
Serapio permaneció prófugo durante 11 días, hasta que fue localizado y detenido durante la noche del 27 de febrero, en inmediaciones de la estación Diego de Almagro, luego de un amplio operativo de búsqueda en la zona de precordillera.
En el marco de la investigación, la fiscal especializada en femicidios María Luján Sodero Calvet había solicitado órdenes de detención para dos personas mayores de edad, ante la presunción de que habrían colaborado y asistido activamente al principal sospechoso durante su fuga.
Posteriormente, dos familiares de Serapio fueron imputados como sospechosos de encubrimiento agravado, por su presunta vinculación con un delito particularmente grave. En mayo de 2026, el juez de Garantías del Distrito Centro, Ignacio Colombo, confirmó la prisión preventiva de ambos tras rechazar el pedido de revisión planteado por la defensa.
Ahora, la investigación avanza sobre los policías que tenían la obligación de cumplir las medidas de protección dispuestas para Natalia Cruz. Para la querella, se trata de una instancia clave para determinar si existieron incumplimientos que contribuyeron a dejar desprotegida a la víctima y si, posteriormente, se intentó alterar o falsear información relacionada con la actuación policial.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género y la responsabilidad de los funcionarios encargados de garantizar su cumplimiento.