PolicialesCrónica de otra muerte evitable en Salta
Otra vida truncada, otra mujer a la que asesinaron pero que podrían haber salvado. ¿Cómo? Llegando a tiempo frente a los gritos desgarradores que muchas veces no se oyen, ante una realidad que pasa por las mismas narices de quienes dicen velar por la sociedad y lo único que hacen es llegar tarde. Natalia Cruz, al igual que su hermanita Amira Albana Vázquez y otras tantas mujeres, fue asesinada por el machismo salteño.
Más de diez días pasaron del femicidio de Natalia y entre marchas, críticas, quejas y acciones tendientes a reclamar ni más ni menos que justicia y la aparición urgente del autor del crimen, Daniel Orlando Serapio, expareja de la víctima, el gobernador Gustavo Sáenz anunció en sus redes sociales la intervención de Gendarmería Nacional y el pago de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aportaran datos sobre el paradero del prófugo.
Si bien estas acciones por parte del Gobierno tienen que ver con un protocolo de seguridad -al menos se supone que debería ser así-, lo que se vuelve a cuestionar, una y otra vez, es la negligencia de un Estado para prevenir, en este caso un femicidio que, como muchos otros, suelen ser crónicas de “muertes anunciadas”.
El calvario que Natalia Cruz vivía a raíz de la violencia de su expareja, capturado recientemente, la llevó a poner en aviso en más de una oportunidad la situación, el peligro al que estaba expuesta por parte de Serapio. Según su familia, la justicia le impuso al sujeto una perimetral, pero la medida estaba sin efecto, con lo cual la víctima solicitó varias veces, aún viajando a la ciudad, que se renueve sin ser escuchada.
La podrían haber salvado cuando la joven madre solicitó custodia, en ese momento clave, el o los policías que atendieron su clamor deberían haber trasladado la inquietud —grito desesperado— a sus superiores y estos, si hacía falta, al jefe de la Policía.
Pero no, una vez más la respuesta fue la falta de personal en la dependencia, con lo cual el desenlace fue el peor.
“No damos abasto, hay muchos pedidos, no tenemos ni móviles en condiciones”, se oye decir a efectivos que intentan hacer su trabajo en comisarías del interior.
Y así, una vez más se evidencia cómo legislar emergencias sin un sistema preparado para ello es perder el tiempo en crear organismos y destinar sueldos a observadores de dicha emergencia, que al final no hacen más que contabilizar las muertes.
Otras muertes evitables
Lo de Natalia no es un femicidio aislado, se repitió en varias oportunidades en Salta: en La Caldera aún sigue sin aparecer Jéssica Gutiérrez, en torno a su ausencia pasaron cosas como el suicidio de Dardo Mamaní, pareja de Jéssica, tres días después de ser vista por última vez.
Más de nueve años pasaron del espantoso e indignante femicidio de Andrea Neri, asesinada por su pareja, Chirete Gabriel Herrera, en el interior de la celda 372 del pabellón E en Villa Las Rosas. Desde ese crimen el sistema de seguridad del penal cambió.
Uno de los casos paradigmáticos de la inseguridad de las víctimas en Salta es el de la docente Rosa del Milagro Sulca. Lo último que quedó registrado fue: “Me están matando”, frase de la víctima segundos antes del fatal ataque. La docente llamó al 911, cinco minutos después, dos policías llegaron hasta el domicilio y, como no obtuvieron respuestas, se volvieron a la dependencia. La docente yacía sin vida en el lugar, asesinada por dos jóvenes que ingresaron a robar.
Y si de hechos emblemáticos se trata, en este tipo de negligencias estatales a la hora de prevenir, el de la salteña Paola Tacacho es quizás uno de los más representativos. No ocurrió en Salta, fue en Tucumán, lo que expone que las deficiencias también ocurren en otros distritos. La joven profesora de inglés había presentado 13 denuncias contra el femicida, sin embargo, a Mauricio Parada Pareja, alumno de la víctima, nada ni nadie lo detuvo hasta perpetrar su cometido.
