Hasta hace pocos meses, Martín Migueles era prácticamente un desconocido para el gran público, pero su nombre empezó a circular en programas de espectáculos cuando comenzó su relación con Wanda Nara tras la separación de la empresaria con Mauro Icardi. Sin embargo, ahora el empresario de Nordelta quedó envuelto en algo mucho más delicado: una causa judicial que investiga presuntas coimas millonarias vinculadas al sistema de importaciones que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández.
La investigación, que avanzó a partir del análisis de teléfonos celulares secuestrados en distintos allanamientos, expuso conversaciones donde se hablaba de porcentajes, pagos en dólares y supuestas gestiones para “sacar rápido” autorizaciones de importación. Y aunque el expediente todavía busca identificar a todos los los involucrados, los chats ya dejaron algo claro: detrás de las trabas para acceder al dólar oficial habría funcionado un circuito paralelo que movía cifras millonarias y que incluso salpica a personas vinculadas al actual Gobierno nacional.
El corazón del caso gira alrededor de las SIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina que implementó el Gobierno nacional en medio del cepo cambiario y que obligaba a las empresas a pedir autorización para importar mercadería y acceder a divisas al valor oficial. En teoría, el mecanismo buscaba administrar la salida de dólares del país. En la práctica, terminó convirtiéndose en un cuello de botella para miles de empresas que podían esperar meses hasta conseguir una aprobación.
De acuerdo con el expediente, empresarios desesperados por destrabar operaciones pagaban entre el 10% y el 15% del valor total de sus importaciones para acelerar trámites que normalmente podían tardar hasta 180 días. A cambio, las autorizaciones salían en apenas una semana o diez días. Durante esos años, acceder al dólar oficial significaba comprar divisas muchísimo más baratas que en el mercado blue, donde la brecha cambiaria llegó a dispararse por encima del 100%, según reveló una investigación publicada por Clarín.
En una de las conversaciones analizadas por la Justicia, un contacto agendado como “Adriel La Plata” le envía documentación societaria a Migueles y luego lanza una frase que terminó convirtiéndose en una de las más llamativas de toda la causa: “Billete cara grande jaja”. Según la investigación, el mensaje apareció en medio de negociaciones vinculadas al pago de supuestas coimas para acelerar autorizaciones de importación.
Los investigadores creen que Migueles actuaba como una especie de intermediario entre privados y personas con capacidad de influir dentro del circuito administrativo que aprobaba las importaciones. Parte de esa sospecha surge de distintos audios incorporados a la causa.
“Yo consigo que te den la SIRA rápido”, dice uno de los mensajes analizados por la Justicia. En otro audio, el empresario habla directamente de porcentajes y tiempos: “Sale en una semana con toda la furia”, asegura mientras negocia un costo del “11%”.
Pero el expediente escaló todavía más cuando apareció el nombre de Ariel Germán Saponara, quien según documentación incorporada a la causa y perfiles laborales públicos trabajaría actualmente en Casa Rosada. En uno de los audios mencionados por la investigación, el propio Saponara le comenta a Migueles: “Estoy laburando acá en el Ministerio”.
La conversación entre ambos gira alrededor de importaciones de autoelevadores y repuestos. Allí se habla directamente de “cometas”, porcentajes y diferencias para “ganarse un punto” extra dentro de las operaciones. “Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%”, aparece en uno de los mensajes incorporados al expediente. Migueles responde que podía conseguirlo “al 11 o 12%” y luego remata: “Pásale 12 o 13 y nos ganamos un punto”.
Según la causa, una de las operaciones investigadas rondó los US$54.600 y contemplaba pagos internos para distintos intermediarios. En otro de los chats, un hombre identificado como Héctor Ezequiel Caputto, alias “El Pipo”, incluso calcula cómo debía repartirse el dinero de la supuesta coima y cuánto quedaba “adentro”, en referencia a quienes intervenían dentro del circuito administrativo que autorizaba las operaciones.
El expediente también conecta a Migueles con el financista Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, con quien compartió distintos negocios vinculados al mercado financiero y casas de cambio. Para la Justicia, parte de esas estructuras podrían haber sido utilizadas para operaciones relacionadas con el dólar blue y el acceso irregular a divisas oficiales.
Según las estimaciones preliminares, las maniobras investigadas habrían movido al menos US$900 millones entre operaciones de importación, compra de dólar oficial y posterior reventa en mercados paralelos. Un esquema que explotó durante los años más tensos del cepo y que recién comenzó a quedar bajo la lupa judicial tras el avance de distintos sumarios impulsados por el Banco Central.
Mientras tanto, el costado mediático de Migueles siguió creciendo al ritmo de su relación con Wanda Nara. En las últimas semanas, la empresaria mostró en redes sociales algunos de los regalos que recibió del empresario mientras filmaba en Uruguay, incluyendo flores, bolsos de lujo y distintos obsequios.
Sin embargo, el foco ahora parece haberse corrido completamente hacia la causa federal que analiza chats, audios y transferencias que podrían revelar cómo funcionaba uno de los negocios más sensibles de la era del cepo: acelerar importaciones a cambio de dinero.