PolicialesFuerte acusación
Oriunda de Salta, pero desde hace unos años residente en Buenos Aires, Marlen Villarrubia volvió en enero pasado a la ciudad para visitar a su abuela enferma, pero todo terminó mal.
A los días de su arribo, el sumario policial indica que el 5 de enero, a las 5.30 de la madrugada, fue detenida en barrio San Benito por una orden de captura que pesaba en su contra desde 2021.
Sucedió cuando una patrulla policial, encabezada por el oficial ayudante Ángel Antonio Claure, interceptó a Villarrubia en la vía pública. Se indicó que de la consulta con los sistemas que verifican antecedentes, (SIPS y SIFCOP) surgió que registraba un pedido de captura por un incidente de prisión domiciliaria.
Tras el cacheo, fue reducida y trasladada a la Comisaría del Barrio Santa Cecilia, desde donde luego fue trasladada al Centro de Contraventores, pero no ingresó a ese centro de detención debido a su condición de mujer. Casi en simultáneo, se detectó que la orden de captura, emitida por el Tribunal Oral Federal 1, ya no estaba vigente, por lo que la dejaron en libertad.
Sobre este derrotero, sin embargo, la policía habría incurrido en irregularidades en el registro de las actas de detención y posterior liberación, a la vez que, por parte del tribunal federal, tampoco quedó muy en claro por qué saltó el pedido de captura si ya la orden no estaba vigente.
Lo cierto es que María Medrano, presidenta de la Asociación Civil “YoNoFui” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene por función el acompañamiento y protección de mujeres y personas LGTBIQNB+ detenidas y luego de recuperar su libertad, reportó que tuvo un contacto con Villarrubia el 7 de enero, ocasión en que le informó que había sido detenida en la vía pública.
Medrano indicó que el motivo de la detención fue por la orden de captura del 2021 y que luego de esa comunicación ya no tuvo más contacto con “La Grillo”, quien estuvo desaparecida hasta el 22 de enero. En ese tiempo, se tramitaron dos pedidos de habeas corpus, tanto en la justicia provincial como federal.
La Defensoría General de la Nación, a partir de lo comunicado por Medrano, fue la que interpuso la solicitud en el juzgado federal de feria, mientras que el Comité para la Prevención de la Tortura hizo lo propio ante el juzgado de garantías de feria, de la justicia provincial.
Al reaparecer, Villarrubia afirmó que estuvo desaparecida “justamente porque la policía de la Segunda me llevó detenida, sin justificación alguna. Me dijeron que tenía un pedido de captura, lo cual no sé si es verdad o es mentira”.
Reconoció que los policías le dijeron que su detención se debía a un pedido de un tribunal federal, pero “no me hicieron firmar papeles de detención ni nada”, tras lo cual aseguró que estuvo “accionada y coaccionada en varias ocasiones por gente que no conozco. Fui golpeada, esto es lo que me pasó, tengo puntos por dentro, por fuera”.
Al respecto, evidenció signos de una lesión visible en el labio superior, con heridas y puntos de sutura.
Sobre los causantes de esos golpes, Villarrubia apuntó contra la policía y adelantó que “no me voy a ir de Salta hasta que no se haga justicia de lo que se me hizo. No me pienso ir, y sobre todo porque soy una sobreviviente”.
Qué pasó y dónde estuvo
Hace unos días, en tanto, dio una versión más completa de lo sucedido, entre el 5 y 22 de enero.
Gente de Salta pudo conocer detalles de su relato. En primer término, confirmó que fue detenida por la policía en dos oportunidades.
La primera vez fue el 5 de enero, pero a los dos días, entre el 7 y 8, personal de la misma Comisaría Segunda la detuvo otra vez. En este caso, alegó que le robaron su teléfono celular, la golpearon y que todo sucedió en la comisaría. Luego, la liberaron en la rotonda de la ciudad judicial.
Dijo que caminó unos 150 metros, cuando de pronto fue interceptada por una camioneta, de la que descendieron “personas encapuchadas”. La redujeron y la subieron al vehículo, el que primero se desplazó por un camino de asfalto y luego de ripio.
El viaje terminó en una casa ubicada en un descampado, donde permaneció cautiva en un “sótano oscuro, sin comida ni agua. Me arrojaron en el sótano, había música fuerte y hacía frío”, señaló al describir el lugar donde, según su versión, estuvo retenida.
Sostuvo que fue víctima de golpes, muchos de ellos a la altura de las costillas y que las personas que la golpearon “tenían botas idénticas a las de la policía”. Dijo que mientras era golpeada, fue interrogada sobre “cuál era su militancia política”.
También indicó que, debido a los golpes recibidos, resultó con un corte en los labios, por lo que recibió atención sanitaria de una “mujer y un hombre vestido de médicos” y agregó que esta situación de encierro y violencia duró hasta el 21 o 22 de enero, cuando la liberaron en un descampado.
Ante de dejarla ir, sus captores la amenazaron para que evite inculpar a la “cana”. Con este relato, la defensoría inició una investigación, con numerosas diligencias, con el caso enmarcado como un hecho de violencia institucional, privación ilegítima de la libertad agravada, tortura, persecución por identidad de género, transodio y violación a la Convención Internacional de los Derechos Humanos.
Por último, resaltó otro incidente que vivió y relacionó al caso. Mencionó que el 29 de enero pasado, tras concurrir a la defensoría, fue interceptada en horas de la noche por dos policías, quienes dijeron ser de la Brigada. Uno de ellos, se identificó y la conversación estuvo dirigida a que firme un acta, a lo que se negó sin estar presente su abogado.
En tanto se define la competencia, se ordenaron varias tareas probatorias, entre ellas la recopilación de cámaras de video de los lugares en que habría sido reducida y obligada a subir a una camioneta. El caso sigue abierto.