PolicialesEx intendente de San Lorenzo
Un tribunal de Salta condenó al ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, a siete años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia también involucra al exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y al concejal Aldo Dalmiro Gonza, quienes recibieron penas de cinco y tres años respectivamente.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, representada por la fiscal penal Claudia Geria, fue la encargada de llevar adelante la acusación. El tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en los hechos investigados.
Ernesto “Kila” Gonza, quien ya contaba con una condena condicional previa, deberá cumplir una pena unificada de siete años de prisión efectiva, además de la inhabilitación absoluta perpetua. Rogelio Higinio Guaymás fue condenado a cinco años de prisión efectiva con inhabilitación absoluta, mientras que Aldo Dalmiro Gonza recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, actuando como partícipe necesario en un hecho de peculado.
Se le impusieron además reglas de conducta por el término de tres años, incluyendo fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos. El tribunal ordenó la inmediata detención de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, quienes fueron trasladados a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.
La denuncia que desató la investigación contra los ex funcionarios fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, Manuel Saravia. Tras asumir su primer mandato, el intendente dispuso la realización de una auditoría externa sobre la gestión anterior, cuyo informe final reveló numerosas inconsistencias.
Investigarán un falso testimonio
La fiscal Claudia Geria defendió la solidez del proceso judicial. "La investigación y el juicio se desarrollaron con pleno apego a las garantías constitucionales", afirmó, recordando que el requerimiento de elevación a juicio fue oportunamente controlado por el juez de Garantías. Geria también remarcó que la actuación del Ministerio Público Fiscal se rige por el principio de legalidad, descartando cualquier finalidad ajena al proceso.
La fiscalía también solicitó que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de un testigo que declaró durante el debate, así como otros hechos que podrían revestir carácter delictivo y que surgieron en el transcurso del juicio.