Se suma a la detención de Pedroza
El hombre detenido el lunes pasado, por su posible participación en las maniobras defraudatorias que captaba familias vulnerables a las que les vendía terrenos inhabitables en el municipio de San Lorenzo, presentándose como abogado, fue imputado por estafa y asociación ilícita, entre otros delitos, y le otorgaron la prisión preventiva.
Se trata de la causa en la que el abogado Santiago Pedroza se encuentra detenido desde el 27 de mayo pasado, imputado y con arresto domiciliario.
Tras la detención, en la jornada de ayer, los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el hombre, de 45 años, a quien acusaron como autor de los delitos de estafa en 40 hechos, asociación ilícita, falsedad ideológica, ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión y usurpación de propiedad, en concurso real.
Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, la Unidad Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, en atención a los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga, y considerando la expectativa de pena en abstracto.
Asimismo, los fiscales solicitaron que se realicen informes respecto de la salud mental y estudios ambientales del imputado.
El juez audiencista del distrito Centro, Federico Diez, luego de escuchar a las partes, hizo lugar a lo solicitado por los fiscales y dispuso su prisión preventiva, para garantizar el avance de la investigación por 40 denuncias vinculadas a la comercialización de lotes en el municipio de San Lorenzo, donde se encuentra investigado como miembro de una organización que captaba, a través de punteros, familias en situación de vulnerabilidad y recaudaba dinero bajo promesas de adjudicación de lotes declarados inhabitables e inundables.
La investigación
La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 35 años, que aseguró haber sido engañado en la compra de un lote en la zona de Atocha.
Los hechos se remontan a 2023, cuando se produjo una ocupación ilegal de terrenos ubicados sobre la ribera del río Arias.
Tras el desalojo de los ocupantes, un abogado se habría presentado ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal y soluciones habitacionales.
De acuerdo con la investigación, la maniobra habría alcanzado a unas 400 personas, y los montos abonados por las familias oscilaban entre los 500 mil pesos y cerca de 8 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias bancarias realizadas en domicilios particulares o en un estudio jurídico.
En muchos casos, la entrega de comprobantes habría sido irregular.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno para solicitar información sobre las gestiones que se les habían prometido.
Allí, autoridades provinciales les informaron que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos ni Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales que se mencionaban como respaldo habían sido rechazados.
Desde Tierra y Bienes también advirtieron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron a los afectados radicar las denuncias correspondientes.
Las actuaciones permitieron confirmar además que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos, situación que agravó la vulnerabilidad de las familias involucradas.
Los fiscales solicitaron a todas las personas que consideren haber sido perjudicadas por maniobras similares que se presenten en la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2, con la documentación respaldatoria, especialmente comprobantes de pago y cualquier otro elemento que permita acreditar la operación realizada.