PolicialesConmoción en Salta
La muerte de Fabiana de los Ángeles Morales Andrada sigue causando estupor, conmoción en Salta, un hecho que vuelve a poner bajo la lupa situaciones que, según denuncian no pocas familias, ocurren puertas adentro de clínicas y hospitales, pero no siempre salen a la luz y, mucho menos, llegan a la Justicia.
El martes debía realizarse la junta médica en el edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público Fiscal, una instancia clave dentro de la investigación por la presunta mala praxis que derivó en el fallecimiento de la mujer. Sin embargo, la audiencia se postergó luego de que el médico representante de la parte acusada solicitara una prórroga argumentando que no había podido analizar la historia clínica. La nueva fecha fue fijada para el próximo 29 de este mes.
Producto de una profunda crisis emocional, el abogado Roberto Reyes no pudo asistir a la reunión. En representación de la familia estuvieron su hijo, Exequiel Reyes; el abogado querellante, Juan Casabella Dávalos; y el genetista Emiliano Echeverría.
En diálogo con Gente de Salta, Exequiel Reyes aseguró que la causa recién atraviesa una etapa preliminar, aunque remarcó que las sospechas son graves y apuntan a un posible delito penal.
“Estamos ante la sospecha de un homicidio culposo por mala praxis, que incluso podría agravarse si se determina abandono de persona o algún otro tipo de conducta más grave”, expresó.
Según explicó, la investigación busca reunir pruebas que permitan avanzar hacia imputaciones concretas y posteriormente a la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP).
El principal apuntado hasta el momento es el médico Juan Emanuel Gutiérrez, quien estuvo a cargo de las intervenciones quirúrgicas realizadas a Fabiana. No obstante, la querella pretende determinar si hubo responsabilidad de otros profesionales de la salud que participaron en la atención médica.
“Vamos a tratar de establecer si hubo responsabilidad penal de otros médicos, del personal de guardia, anestesistas, enfermeros y todas las personas que intervinieron tanto el 21 como el 24”, sostuvo Exequiel Reyes.
Pero además, la familia puso el foco sobre el rol institucional del instituto médico. “El Hospital Privado de Tres Cerritos tiene una responsabilidad enorme”, afirmó contundente el hijo de la víctima, al señalar que no solo podrían existir responsabilidades civiles, sino también penales por parte de la clínica.
La familia también denunció presuntas irregularidades vinculadas a documentación médica y falta de información durante el tratamiento. “Nadie se comunicó con nosotros”, manifestó Reyes, quien reveló que debieron afrontar gastos particulares para acceder a estudios médicos que, según asegura, la clínica nunca informó que debían retirarse.
Entre los puntos que les generan sospechas a los denunciantes es la ausencia de ecografías dentro de la historia clínica entregada por el sanatorio. “Dicen que ese material no se conserva y que lo eliminan de los archivos. Nos resulta algo atípico y sospechoso”, expresó.
“Algo que no se supera más”
El dolor de la familia atraviesa cada una de las declaraciones públicas. Exequiel relató el impacto devastador que provocó la muerte de su madre.
“Se nos fue el noventa por ciento de la familia. Era la persona que nos sostenía a todos. Perderla de esta manera es algo que no se supera nunca”, dijo visiblemente afectado.
La investigación está a cargo del fiscal penal de la Unidad Fiscal 2, Santiago López Soto, quien lleva adelante las medidas tendientes a esclarecer lo ocurrido.
“A mi esposa la mataron. No murió por una complicación inevitable. Murió por lo que este sujeto hizo junto a todos los que participaron”, afirmó Roberto Reyes, luego de ver la autopsia. La causa promete avanzar en las próximas semanas con nuevas pericias y la esperada junta médica, mientras el caso genera una fuerte repercusión en Salta y reabre el debate sobre los controles, responsabilidades y posibles negligencias dentro del sistema de Salud.