Qué pasó con los seis equipos del Materno Infantil
La investigación por la sustracción de equipamiento médico del Hospital Público Materno Infantil derivó en una acusación formal contra los médicos Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, socios de Neofénix SRL, por el delito de peculado. En paralelo, la Fiscalía solicitó y obtuvo el sobreseimiento de Javier Campos y Javier Nazr Usandivaras, quienes también habían sido vinculados inicialmente a la causa por integrar la sociedad en sus orígenes.
La causa comenzó en junio de 2025, luego de una denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, tras una inspección del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (PROFICCSSA), en la que se detectó la posible presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio dentro del servicio de Neonatología que funciona en la Clínica del Centro y que era operado por Neofénix SRL.
La intervención quedó a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien inició una investigación para determinar cómo seis equipos médicos que figuraban como patrimonio del hospital terminaron instalados en una institución privada.
Según la hipótesis fiscal, dos humidificadores y un oxímetro pertenecientes al Hospital Materno Infantil, junto con otros tres oxímetros entregados bajo comodato al nosocomio, habrían sido retirados irregularmente y utilizados dentro de la estructura privada de Neofénix, generando un beneficio económico para quienes tenían participación en la empresa.
Durante un allanamiento ordenado por la Justicia, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF encontró los equipos instalados y en funcionamiento en el área de terapia intensiva pediátrica y Neonatología de la clínica privada. Debido a que estaban brindando soporte vital a pacientes, quedaron bajo custodia judicial hasta que se dispuso su restitución al hospital público.
La Fiscalía posteriormente constató que los números de serie coincidían con los registros patrimoniales aportados por el Hospital Materno Infantil, confirmando la titularidad estatal de los bienes.
La defensa de Neofénix: "Los equipos son nuestros"
Cuando trascendió el hallazgo, la gerente de Neofénix SRL, la médica Verónica Murúa, sostuvo públicamente que los equipos pertenecían a la empresa y que habían sido adquiridos "de buena fe".
"Estamos tan sorprendidos como ustedes y ya estamos en búsqueda de una aclaración a todo esto", había expresado la profesional, quien aseguró: "Todos los equipos que tenemos son de propiedad de Neofénix, adquiridos de buena fe".
Murúa afirmó que la empresa trabaja desde hace más de una década brindando servicios de terapia intensiva pediátrica y neonatología, y negó irregularidades. También denunció una supuesta "campaña de desprestigio" contra la firma.
"Somos gente seria y, como quien dice, el que nada debe nada teme. Por eso, aquí estoy, a disposición", manifestó en ese momento.
La médica señaló además que algunos equipos mostrados públicamente eran de reciente adquisición y contaban con documentación respaldatoria. "Nos vamos a ocupar de ver cómo fue que llegaron, pero son nuestros", había insistido.
Por su parte, la Red IMAC negó tener vínculo societario, contractual u operativo con Neofénix y rechazó cualquier relación con los hechos investigados.
La acusación contra Murúa y Ubal
Con el avance de la investigación, la UDEC presentó acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa como coautores del delito de peculado previsto en el artículo 261 del Código Penal.
Para la Fiscalía, ambos médicos habrían aprovechado su condición profesional y el acceso al equipamiento del sistema público para disponer de bienes estatales que estaban bajo custodia del Hospital Materno Infantil e incorporarlos a una actividad privada de la cual obtenían beneficios económicos.
La acusación sostiene que el caso no sólo afecta el patrimonio público, sino también la confianza y los deberes de transparencia, fidelidad y probidad que deben regir el funcionamiento de la administración estatal.
El caso de Javier Campos y Javier Usandivaras
Desde el inicio de la causa, Javier Campos explicó a Gente de Salta que su inclusión surgió por figurar como socio fundador de Neofénix en la escritura societaria publicada en el Boletín Oficial en 2014.
Según su versión, la sociedad comenzó integrada por Noemí Murúa, Livio Ubal, Javier Nazr Usandivaras y él, pero Usandivaras se retiró pocos meses después y Campos formalizó su salida en septiembre de 2020.
El pediatra sostuvo que nunca tuvo intervención en compras, administración, ingreso de equipamiento ni manejo económico de la empresa. Afirmó que su función dentro de la firma era secundaria y vinculada a la atención médica y recursos humanos.
También explicó que al regresar al Hospital Materno Infantil en 2020 dejó de trabajar en Neonatología y pasó al área de Cuidados Intermedios Pediátricos, por lo que no tenía acceso al sector donde estaban los equipos investigados.
Su defensa argumentó que el delito de peculado requiere una relación funcional directa con los bienes supuestamente sustraídos y que Campos no tenía bajo su custodia el equipamiento perteneciente al servicio de Neonatología.
Finalmente, la Justicia dispuso el sobreseimiento de Javier Campos y Javier Nazr Usandivaras, confirmando que no había elementos suficientes para sostener una acusación penal contra ellos.
Una causa que continúa
Con la resolución de la Fiscalía, la situación procesal quedó diferenciada: mientras Campos y Usandivaras fueron desvinculados de la investigación, Murúa y Ubal continúan acusados formalmente por peculado.
La causa seguirá su curso para determinar si existió una maniobra irregular en el traslado y utilización de equipamiento estatal y establecer las responsabilidades penales correspondientes. La imputación y la acusación fiscal no implican una condena, y será la Justicia la que determine finalmente la responsabilidad de los involucrados.
La investigación que inicialmente involucraba a los cuatro socios de Neofénix SRL bajo la sospecha de una posible sustracción de equipamiento médico del Hospital Público Materno Infantil quedó delimitada de la siguiente manera:
- Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa quedaron como los únicos acusados formalmente por la Fiscalía bajo la figura de peculado (artículo 261 del Código Penal).
- Javier Campos y Javier Nazr Usandivaras fueron desvinculados mediante pedido de sobreseimiento, al concluir la UDEC que no había elementos para sostener su participación.
Tal como lo había planteado meses atrás, Javier Campos sostenía que la investigación debía diferenciar las responsabilidades y no incluir automáticamente a todos los integrantes originales de Neofénix por el solo hecho de figurar en la sociedad constituida en 2014. De esta manera, dejó de avanzar contra los cuatro socios que aparecían inicialmente mencionados y quedó enfocada en determinar la eventual responsabilidad penal de quienes, según la hipótesis fiscal, habrían tenido intervención directa en la disposición y utilización del equipamiento perteneciente al Hospital Público Materno Infantil.
A un paso del juicio
La acusación formal es una de las etapas más importantes dentro de un proceso penal. Implica que la Fiscalía, luego de reunir elementos durante la investigación, considera que existen pruebas suficientes para sostener que una persona podría haber participado en un delito y solicita que el caso avance hacia una instancia de juicio.
En términos técnicos, en el sistema penal argentino se denomina requerimiento de elevación a juicio. No significa que la persona acusada sea culpable ni que exista una condena, sino que la investigación alcanzó un nivel en el que el Ministerio Público Fiscal entiende que corresponde que un tribunal analice las pruebas y determine la responsabilidad penal.
A partir de este momento, la defensa puede cuestionar la acusación, plantear objeciones, solicitar el sobreseimiento o discutir la calificación legal del hecho. Si la acusación supera el control judicial, la causa puede ser elevada a juicio oral y público.