Panorama complicado para los Gonza y el ex secretario de Hacienda
En una audiencia presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarella, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Claudia Geria, solicitó penas de prisión efectiva e inhabilitación para el ex intendente de San Lorenzo, Fernando Ernesto “Kila” Gonza, su hermano y actual concejal Aldo Gonza, y el ex secretario de Hacienda del municipio, Rogelio Guaymás. La solicitud se basa en acusaciones de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante la gestión de Ernesto Gonza.
La fiscal penal solicitó siete años de prisión efectiva con inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para "Kila" Gonza. Para Rogelio Guaymás, pidió seis años de prisión efectiva con la misma inhabilitación, y para Aldo Gonza, requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación.
En sus alegatos, Geria reconstruyó "un esquema sostenido de manejo irregular de fondos públicos" durante la gestión del ex intendente Ernesto Gonza. La fiscal describió, basada en prueba documental, pericial y testimonial, lo que consideró "un mecanismo deliberado para sustraer y desviar dinero del erario." Según Geria, “No estamos hablando de una economía familiar, estamos hablando de una economía municipal”, enfatizando la gravedad institucional de los hechos.
La fiscal explicó que los imputados, dada la naturaleza de sus cargos, administraban, percibían y custodiaban los fondos públicos. Según su acusación, las maniobras investigadas se concretaron durante el ejercicio de esas funciones. "Se evadió toda forma de registración para que nadie los pueda controlar", afirmó, según se afirmó en un comunicado de prensa, al referirse a la lógica que atravesó las operatorias detectadas.
Pagos irregulares y falta de control
El eje central de la acusación por peculado se basó en distintos hechos que, según la fiscal, evidencian un patrón común: la salida de dinero sin respaldo legal ni registración contable. Geria describió un sistema de pagos mediante vales y recibos que funcionaba por fuera de los circuitos formales, sin documentación que acreditara el destino de los fondos. “No me cabe duda de que había una salida de fondos sin justificación”, sostuvo ante el tribunal.
De acuerdo a la fiscal, a partir de este mecanismo, se realizaron entregas de dinero en efectivo sin control, con montos que excedían cualquier práctica administrativa regular y sin correlato en documentación válida. En muchos casos, la registración era inexistente o se intentaba justificar con comprobantes que no coincidían en fechas ni conceptos, lo que, según su interpretación, revela una operatoria destinada a encubrir el destino real de los fondos.
También se destacó la adquisición de bienes con dinero municipal sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, sin actos administrativos, registros patrimoniales ni inventarios que acreditaran la incorporación de esos bienes al municipio.
Programas sociales y patrimonio municipal
La fiscal también abordó el manejo de fondos con destino específico, particularmente en el marco de programas sociales, afirmando que existían partidas transferidas al municipio que no fueron rendidas conforme a la normativa vigente. “Era dinero con fines específicos, no se podía disponer libremente”, remarcó Geria.
En relación al estado del patrimonio municipal, la fiscal hizo hincapié en inconsistencias entre los gastos registrados y la situación real de los bienes, especialmente en el parque automotor. Se documentaron compras y reparaciones que no se reflejaban en la realidad, lo que a su criterio, demuestra una disposición irregular de fondos sin contraprestación efectiva. También se mencionó la existencia de préstamos informales y erogaciones sin respaldo administrativo. “Se desvió dinero cuya administración tenían en su poder”, sintetizó.
Incumplimiento de deberes y participación necesaria
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la fiscal sostuvo que los imputados omitieron de manera reiterada remitir información obligatoria a los órganos de control, impidiendo el ejercicio de las funciones de fiscalización. “No hay una negligencia, hay una intencionalidad en no cumplir con las leyes”, afirmó, descartando cualquier explicación basada en desorden administrativo.
Respecto de Aldo Gonza, la fiscal planteó que su intervención fue necesaria en algunas de las maniobras, lo que permitió imputarle participación en el delito. En el caso de Ernesto Gonza, además, le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al haber intervenido en un acto en beneficio propio desde su cargo.
La fiscal concluyó que los hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un patrón de conducta sostenido en el tiempo, con una clara finalidad de sustraer recursos públicos y evitar los controles institucionales. En ese sentido, sostuvo que la gravedad de las conductas radica no solo en el perjuicio económico, sino en el daño a la administración pública y a la confianza institucional.
Finalmente, en función del riesgo procesal y la gravedad de los hechos, la fiscal requirió la detención inmediata de los tres acusados, medida que quedó sujeta a la decisión del tribunal.
Panorama complicado para el ex intendente
En diciembre la Sala IV del Tribunal de Impugnación le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público. Lo que implica privación para llevar a cabo un empleo o cargo público, privación del derecho electoral, incapacidad para obtener cargos y empleos y comisiones públicas y suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro.
En ese fallo al Kila Gonza le impusieron tres años de prisión condicional, con lo cual si en esta última causa los jueces deciden condenar al ex jefe comunal de San Lorenzo, pasaría a tener una pena efectiva. De acuerdo al expediente, los delitos fueron cometidos durante su gestión como intendente, por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real.