Corrupción
El juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Kila Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza se reanudó este miércoles, con la declaración de los dos contadores que tuvieron a su cargo la auditoría externa solicitada por el denunciante, el actual intendente de la comuna, Manuel Saravia.
El informe de los contadores comprendió los ejercicios presupuestarios del municipio de San Lorenzo durante los períodos 2018 y 2019.
Al comienzo de su exposición, los auditores señalaron que su tarea se vio limitada por la escasa documentación respaldatoria que encontraron en la sede comunal.
Los testigos indicaron que existía una clara discrecionalidad en esos procesos, señalaron que no se cumplían los requisitos de la Ley 8072, sobre Procedimientos de contrataciones, que garantiza la transparencia de los gastos públicos en cuestiones como licitaciones públicas, publicidad oficial y competencia de oferentes, entre otros.
Asimismo, se refirieron a la adquisición de bienes, como una camioneta Chevrolet, televisores, estufas y tablets, que se obtuvieron sin cumplir la normativa vigente, mediante un sistema paralelo e informal de vales con los que se acusaba la salida de fondos sin documentación que respaldara el destino del dinero.
Luego, mencionaron que la camioneta que se adquirió mediante un vale no había sido dada de alta en el patrimonio municipal y no se encontraba en el parque automotor.
A la vez, mediante vales también se adquirió un equipo de GNC y se habían abonado reparaciones, repuestos y cargas de combustible para ese rodado, mientras que se comprobó la emisión de vales para la compra de neumáticos de vehículos que no pertenecían a la Municipalidad.
Los auditores no pudieron acceder a reportes bancarios
Los contadores precisaron que durante la auditoría no pudieron acceder a reportes bancarios, y destacaron la inexistencia de una trazabilidad documental de los recursos que entraban y salían del municipio, necesaria para la rendición de cuentas que debe hacer todo funcionario.
Indicaron que, paralelo al sistema informal de vales, se emitían órdenes de pago que constituían un sistema formal, pero sin facturas o comprobantes para respaldar los gastos.
En relación a los planes sociales, los testigos señalaron que las autoridades del municipio recibían fondos nacionales destinados a programas específicos, pero no se hacía rendición de ese dinero, al tiempo que no existían facturas que respaldasen el destino de los recursos, y comentaron que la Sindicatura General de la Provincia ya había puesto el foco en estas irregularidades.
En definitiva, los profesionales remarcaron que, en el período auditado, el municipio de San Lorenzo no contaba con un circuito formal de rendición de fondos.
El juicio
El juicio, que comenzó el pasado 11 de febrero, tras una serie de postergaciones planteadas por la defensa de los acusados, está a cargo del tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, que lo preside, Paola Marocco y Francisco Mascarello, y por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria.
En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, que es apoderada de la comuna, mientras que la defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
El Kila Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real, mientras que Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, y Aldo Dalmiro Gonza por peculado, en calidad de partícipe necesario.
El actual intendente ratificó que al asumir había un “caos financiero” en el municipio
El intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia, declaró este lunes en el juicio seguido contra su predecesor, y ratificó su denuncia, en la que plantea una situación financiera caótica al asumir en el cargo, con inconsistencias como el faltante de documentación, la existencia de cheques de pago diferido sin procesos de contratación, un sistema de vales para entregar dinero a los funcionarios y una camioneta que no figuraba en el parque automotor, entre otras.
Gonza llegó a este juicio imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real, mientras que el contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real; y el hermano del ex intendente, Aldo Dalmiro Gonza, está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
Este lunes, el juicio continuó con la etapa de recepción de declaraciones testimoniales, y en ese marco compareció, entre otros, el actual intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia Arias.
Una transición ordenada que nunca se logró
El testigo respondió preguntas referidas a la denuncia que presentó el 9 de junio de 2020 y a la declaración testimonial que brindó días después, en la Fiscalía, y recordó que luego de ganar las elecciones, en noviembre de 2019, fue a ver al entonces intendente Ernesto Gonza para solicitarle una transición ordenada y acceder así a un cabal conocimiento de la situación de la comuna al asumir su gestión.
Saravia sostuvo que ese traspaso consensuado nunca se concretó y que el 10 de diciembre de 2019, día de su asunción, se constituyó en la Municipalidad acompañado por dos escribanos, con la intención de documentar e inventariar los bienes recibidos.
Durante su declaración, señaló que en esa instancia se labraron las actas correspondientes, no sin atravesar una serie de inconvenientes, como el impedimento para ingresar a ciertas oficinas y la constatación de que se habían eliminado registros de las computadoras.
El testigo indicó que la situación era “tan caótica”, que tuvo que pedir una dispensa al Concejo Deliberante para la presentación de la ejecución presupuestaria del último trimestre de 2019, que le correspondía a su gestión, por haber asumido en diciembre, y frente a este panorama solicitó una auditoría externa que estuvo a cargo de dos contadores, con el conocimiento del Concejo Deliberante.
La auditoría develó numerosas inconsistencias
El informe final de esa auditoría reveló numerosas inconsistencias, según indicó el jefe comunal, quien detalló que se constató el faltante de documentación y la existencia de cheques de pago diferido sin procesos de contratación, lo que dificultó el pago de sueldos al inicio de su gestión y se vio obligado a solicitar una refinanciación.
Asimismo, contó que salió a la luz un sistema de “vales” mediante los cuales se les entregaba dinero en efectivo a algunos funcionarios, y precisó que después, los responsables, trataban de “emprolijar” las irregularidades consiguiendo facturas.
En tanto, señaló que, a partir de estos vales, se supo de la existencia de una camioneta Chevrolet adquirida para el municipio que no figuraba en el parque automotor cuando asumió su gestión, tras lo que indicó que los vales también se usaban para retirar efectivo que se sorteaba en lotas que organizaba la comuna, durante la campaña electoral.
El testigo también hizo referencia a un intento frustrado del intendente saliente de retirar dinero del banco, el 10 de diciembre de 2019, un día después de haber finalizado su mandato.
Saravia Arias mencionó también que los imputados utilizaban los recursos del Estado como si fueran propios, mencionó como otro hecho irregular la autoconcesión por parte de Gonza de dos parcelas en el cementerio de San Lorenzo, a través de un contrato con vigencia de 99 años, e hizo referencia a inconsistencias detectadas en el registro de pagos por el alquiler de maquinaria pesada sin proceso previo de contratación.
También declaró el expresidente del Concejo Deliberante
Durante la audiencia desarrollada este lunes, también declaró como testigo el expresidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, que es otro de los denunciantes en la causa, aseguró que durante 2019, el cuerpo deliberativo no recibió fondos del Ejecutivo municipal para afrontar sus gastos de funcionamiento ni para el pago de las dietas de los concejales.
En su testimonio señaló además que, desde el Concejo, se realizaron numerosos pedidos de informes al Ejecutivo, en el marco de las facultades de control que ejerce el órgano legislativo.
Sin embargo, sostuvo que la mayoría de esos requerimientos no obtuvo respuesta, lo que —según indicó— impidió al Concejo Deliberante cumplir plenamente con su función de contralor sobre la administración municipal.
El juicio, que continúa después de una serie de postergaciones por planteos de la defensa de Gonza, está a cargo del tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez, que lo preside, Paola Marocco y Francisco Mascarello.
Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria, mientras que en la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, que es apoderada de la comuna.
La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza está en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.