Justicia y narcotráfico en Salta
Martina Oliva, la exmodelo condenada a siete años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, volvió a apelar. Esta vez lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por el momento, logró mantener el beneficio del arresto domiciliario.
A cuatro meses de haber sido condenada, la exreina de la belleza de Orán aún no pisó una cárcel, pese a que la sentencia dictada el 12 de marzo pasado dispuso el cumplimiento efectivo de la pena.
Quien sí conoce el interior de una unidad penitenciaria federal es su expareja, Joaquín Tolaba. Aunque Oliva intentó responsabilizarlo por el traslado de 15 kilos de marihuana para evitar una condena, la estrategia defensiva no logró convencer a los jueces.
Oliva fue juzgada y condenada por el Tribunal Oral Federal 1, integrado por las juezas Alejandra Cataldi, Marta Snopek y Gabriela Catalano, quienes rechazaron la hipótesis planteada por la defensa.
Durante el juicio, la joven intentó mostrarse como una mujer sometida por amor a las decisiones de su pareja. Sin embargo, la fiscalía, representada por el fiscal general Eduardo Villalba, sostuvo que Oliva tuvo un rol activo en el traslado de los 15 kilos de marihuana desde Orán hacia Salta.
El tribunal compartió los argumentos de la acusación y concluyó que Oliva formaba parte de la organización narcocriminal que, el 5 de febrero de 2025, trasladó la droga desde Orán hacia la casa de José Burgos, un revendedor local del barrio 17 de Octubre que abastecía de marihuana a distintos puntos de venta de la zona.
La acusada intentó convencer a los jueces de que desconocía el plan de su pareja y que ignoraba que la droga sería trasladada en un Citroën C3 conducido por Benjamín Delgado, quien viajaba acompañado por Juan Romero y Roberto Leitón.
Como “coche puntero” se desplazaban Tolaba y Oliva a bordo de una camioneta Toyota, en la que también viajaba Ángela Cuenca, pareja de Delgado y encargada de transmitirle a su novio las instrucciones de la pareja que dirigía el traslado de la marihuana.
La detención de la banda no fue casual. La fiscalía venía siguiendo sus movimientos desde fines de 2024 y, el día del operativo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ya aguardaban a los sospechosos en el expeaje Aunor, en el acceso a la ciudad.
Los ocupantes de la camioneta, que llegaron primero, fueron detenidos. Los integrantes del automóvil, en cambio, huyeron al advertir la presencia de la comisión policial y fueron perseguidos hasta la finca San Juan de Dios, en el límite con Jujuy.
Delgado realizó un giro en “U” y regresó por la ruta 9/34 hasta la rotonda de Torzalito. Luego tomó una ruta provincial, mientras sus acompañantes arrojaban los panes de marihuana por las ventanillas del vehículo. Sin embargo, la maniobra quedó registrada y la droga fue recuperada.
Delgado y Leitón escaparon a pie, mientras que Romero fue detenido luego de que el auto quedara inutilizado en un pastizal. Días después, todos terminaron detenidos.
Burgos, quien esperaba a Tolaba y Oliva, fue arrestado el mismo 5 de febrero. En su domicilio, los investigadores encontraron un bolso con seis millones de pesos, dinero que, según la acusación, estaba destinado al pago de los 15 kilos de marihuana.
En la cuenta bancaria de Oliva, la fiscalía también detectó numerosos envíos de dinero realizados por Burgos, por una suma superior a los diez millones de pesos. Para los investigadores, esos movimientos evidenciaban que los negocios vinculados a la actividad narco se remontaban a tiempo atrás y que, por los montos involucrados, resultaban más redituables que la actividad comercial que Oliva y su pareja tenían como pantalla.
El caso no presentaba fisuras para la fiscalía. Tanto fue así que todos los cómplices, con excepción de Oliva y Tolaba, acordaron sus condenas mediante juicios abreviados. De ese modo, dejaron a sus presuntos jefes en una situación comprometida ante el tribunal de juicio, que finalmente dictó las condenas: siete años de prisión para Oliva y diez años para su pareja.
Primera apelación
Tras dictar la condena, el tribunal mantuvo el beneficio del arresto domiciliario que Oliva había obtenido antes de llegar a juicio, hasta tanto la sentencia quedara firme.
Para evitar que ello ocurriera, la exmiss Orán recurrió al penalista Marcelo Arancibia, con un doble objetivo: revertir la condena y mantener el arresto domiciliario.
El abogado pidió la nulidad del juicio y de la sentencia por una presunta ausencia de defensa efectiva. Sostuvo que, durante el debate, el defensor de Oliva había desarrollado una teoría exculpatoria, pero no había incorporado prueba documental que favorecía a su clienta, lo que habría llevado al tribunal a adoptar una decisión errónea y arbitraria.
También cuestionó las pruebas presentadas por la fiscalía sobre la participación activa de Oliva y planteó que el caso no había sido juzgado con perspectiva de género, al descartarse la situación de vulnerabilidad alegada por la defensa.
En ese marco, sostuvo que la participación de Oliva había sido secundaria y solicitó una reducción de la pena, al considerar que el delito no había llegado a consumarse.
El planteo fue rechazado el 17 de junio pasado por los camaristas Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Javier Carbajo, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes confirmaron la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral Federal 1.
“Con atención a la forma en que se ha desarrollado el debate, las intervenciones de la defensa de la acusada, sus alegatos y las pruebas ofrecidas, concluyo que no se verifica un supuesto de falta de defensa eficaz como invoca su nueva representación, ni se observa lesión a la garantía prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, sostuvo la jueza Ledesma.
La magistrada también consideró que la prueba producida durante el proceso no solo permitía descartar la hipótesis defensiva, sino que brindaba un sólido respaldo a la acusación fiscal. Según sostuvo, ello permitió al tribunal afirmar, “sin atisbo de duda”, que la imputada había participado de manera voluntaria y consciente en la maniobra de transporte de estupefacientes.
Segunda apelación: ahora ante la Corte Suprema
Tras el rechazo de su planteo, Oliva volvió a apelar. Esta vez, su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue formalizado el 1 de julio pasado, aunque todavía no fue elevado al máximo tribunal.
La Cámara Federal de Casación deberá analizar primero si el planteo cumple con los requisitos formales exigidos para este tipo de recursos. Se trata de una instancia extraordinaria mediante la cual se pretende que la Corte Suprema intervenga y determine si corresponde revisar la condena.
La presentación tiene, además, un objetivo inmediato: mantener el beneficio del arresto domiciliario. Mientras el planteo permanezca en trámite, la medida no puede ser revocada.
Para acompañar su estrategia, Oliva también redujo su exposición en las redes sociales, donde hasta ahora había exteriorizado su alegada inocencia y su rechazo a la condena.
Si el recurso supera el análisis formal, su tratamiento por parte de la Corte Suprema podría demorar al menos un año más. Para ello, la exmodelo deberá abonar una suma cercana al millón y medio de pesos, correspondiente a la tasa establecida para los recursos extraordinarios que llegan al máximo tribunal de justicia del país.