PolicialesCaso del doble crimen de las turistas francesas
La ONG, Innocence Project Argentina. repudió el brutal traslado por la fuerza pública de Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, concretado este viernes en la provincia de Salta, el cual fue informado por Gente de Salta.
Beatriz Yapura fue requerida por la Fiscalía para aportar una muestra genética en el marco de la nueva investigación, a fin de cotejarla con rastros biológicos femeninos detectados por el laboratorio IFEG de Francia.
“Nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente”, aseguró Manuel Garrido, presidente de la ONG.
Pese a ello, oficiales la arrastraron por la fuerza para extraerle una muestra de ADN. Lo hicieron contra una mujer que atraviesa un delicado estado de salud y pese a que su defensa había apelado la orden que autorizaba esa extracción. “Este proceder carece de racionalidad y viola garantías básicas reconocidas por la Constitución Nacional. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso”, agegó en un comunicado.
La extracción compulsiva de ADN no es una diligencia menor ni puede ejecutarse como si fuera un trámite común. Es una prueba corporal invasiva, que exige control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad.
Garrido indicó: “Tampoco se ha puesto a disposición de la defensa el perfil con el que pretende compararse el ADN de Beatriz, lo que debería estar claramente definido de antemano para evitar la manipulación de muestras y eventuales fraudes. Y se elude injustificadamente la designación de un perito de parte idóneo para que controle el procedimiento. Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años, se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz”.
Y culminó: “Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error. Repudiamos con profunda indignación que esta causa vuelva a estar marcada por la violencia estatal, la arbitrariedad y el apartamiento del derecho. Lo ocurrido con Beatriz Yapura es inadmisible”.