SPPS, la peor crisis de su historia
La situación de las mujeres privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (SPPS) expone una trama estructural de abandono, discriminación y vulneración sistemática de derechos humanos. En medio de una crisis terminal que atraviesa el SPPS, hace dos años, desde el Comité contra la Tortura de Salta, vienen alertando sobre la situación, un escenario crítico que se profundiza con el crecimiento sostenido de la población penal femenina.
En la última década, el número de mujeres encarceladas aumentó de manera constante. El dato no es menor: alrededor del 80 por ciento de las detenidas están procesadas o condenadas por infracciones a la Ley 23.737 (narcotráfico), principalmente por delitos vinculados al narcomenudeo, una problemática atravesada por la desigualdad social y la feminización de los eslabones más bajos del circuito delictivo.
“Las mujeres están siendo encarceladas en espacios que nunca fueron pensados para ellas. No existe en Salta ningún edificio penitenciario diseñado para alojar población femenina”, advirtió la doctora Tania Kiriaco, asesora legal del Comité contra la Tortura.
Cárceles sin diseño, sin seguridad y sin dignidad
Actualmente, la provincia cuenta con cuatro espacios destinados al alojamiento de mujeres: las Unidades Carcelarias 4 y la 9, la Alcaidía femenina de Salta Capital y la Granja Penal de Mujeres de Rosario de Lerma, esta última con capacidad para apenas 16 internas.
Lejos de responder a estándares mínimos, los lugares son estructuras adaptadas de manera precaria. La UC 4 funciona como un anexo de la cárcel de varones; la Alcaidía femenina es un galpón construido dentro del Centro de Contraventores; y la UC 9 de Orán opera en una casa refuncionalizada, donde incluso funciona una panadería, lo que representa un riesgo permanente para la vida de las internas.
“El encierro de mujeres en estos espacios es una forma de violencia institucional. No solo no garantizan derechos, sino que ponen en peligro la integridad física de las detenidas”, señala el Comité en uno de sus informes.
Salud: una deuda estructural
La falta de acceso a la salud es una de las principales denuncias relevadas durante los monitoreos. La atención médica resulta absolutamente insuficiente y se encuentra casi exclusivamente a cargo del personal de enfermería. El Servicio Penitenciario no cuenta con médicas mujeres, ni con profesionales especializados.
“En toda la historia del Servicio Penitenciario de Salta hubo una sola médica para atender a mujeres privadas de libertad, y permaneció apenas seis meses”, remarcó Kiriaco.
A esto se suma la falta de medicamentos adecuados. Según el Comité, se suministran fármacos genéricos sin contemplar las especificidades de género, como tratamientos para dolores menstruales, menopausia, depresión posparto o trastorno disfórico premenstrual.
Tampoco se entregan insumos básicos para la gestión menstrual. Las mujeres no reciben toallas higiénicas suficientes ni alternativas como toallas ecológicas, ropa interior absorbente o tampones. “La menstruación se vive como un castigo más dentro del encierro”, alertaron desde el organismo.
Medicalización forzada y consumo problemático
Uno de los aspectos más graves denunciados es la medicalización forzada. El Comité recibió testimonios que indican que, ante crisis emocionales, situaciones de aislamiento o incluso para “mantener la tranquilidad” de los pabellones, se suministra una medicación conocida como “S.O.S”, sin prescripción médica y contra la voluntad de las internas.
“Se medica para disciplinar. Ante cualquier inconducta, la respuesta es química, no terapéutica”, afirmó Kiriaco.
No existen, además, dispositivos adecuados de acompañamiento o tratamiento para el consumo problemático de sustancias, una problemática frecuente entre las mujeres privadas de libertad.
Malos tratos y sanciones discrecionales
Los informes también dan cuenta de malos tratos físicos y psicológicos, hostigamiento y prácticas discriminatorias por parte del personal penitenciario. Las sanciones con aislamiento son utilizadas de forma reiterada y, en muchos casos, sin criterios claros ni posibilidad real de apelación.
Las celdas de aislamiento de las unidades femeninas no cumplen con estándares mínimos de habitabilidad. En la UC 4, por ejemplo, las celdas tienen apenas 4,22 metros cuadrados, con ventilación mínima, sin baño, sin mobiliario y, en ocasiones, sin colchón. Las internas deben pedir autorización para ir al baño y suelen enfrentar demoras prolongadas.
“El aislamiento en estas condiciones constituye trato cruel, inhumano y degradante”, sostuvo el Comité contra la Tortura.
Las sanciones se aplican de manera discrecional, con motivos genéricos como “alterar el orden” o “no respetar las normas”. Incluso se sanciona a mujeres por autolesiones, intentos de suicidio o manifestaciones socioafectivas, y se han constatado aislamientos que superan los 15 días, en abierta contradicción con los estándares internacionales.
Control del cuerpo y estereotipos
A diferencia de lo que ocurre en las unidades masculinas, en las cárceles de mujeres rigen normas estrictas sobre la vestimenta y la apariencia. Está prohibido usar ropa negra, remeras escotadas, pantalones cortos, zapatos con tacos y maquillaje.
“Estas regulaciones refuerzan una lógica de control sobre el cuerpo de las mujeres y reproducen patrones patriarcales dentro del encierro”, explicó Kiriaco.
Talleres con sesgo patriarcal
El acceso a la capacitación laboral es limitado y desigual. Las mujeres pueden incorporarse, con cupos reducidos, a talleres de costura, peluquería, bijouterie, tejido, marroquinería o artesanías. Desde el Comité advierten que estas propuestas refuerzan estereotipos de género y condicionan la reinserción laboral futura.
“Mientras a los varones se les ofrece capacitación en construcción, carpintería o computación, a las mujeres se las sigue formando para tareas históricamente feminizadas y precarizadas”, denunciaron.
Además, la escasez de cupos dificulta el acceso a actividades que permiten avanzar en la progresividad de la pena, profundizando la desigualdad dentro del sistema.