Tragedia en la Quinta Presidencial
La desesperación se filtraba en cada mensaje. Rodrigo Andrés Gómez, un joven soldado de 21 años, destinado a la guardia en la Quinta Presidencial de Olivos, se sentía atrapado en una red invisible.
Antes de tomar la trágica decisión que lo marcaría para siempre, había buscado desesperadamente una salida, recurriendo a préstamos y a la ayuda de sus compañeros. Pero la presión de sus extorsionadores no cedía. "No pude conseguir nada... Ya estoy jodido", tecleó a las 23.17 del 15 de diciembre. Unas horas después, entre las sombras de la madrugada, la tragedia se consumó. Según el periodista Gabriel Di Nicola en La Nación, Gómez se arrodilló, apoyó su fusil en la frente y disparó.
El joven soldado murió instantáneamente.
La convicción que lo atormentaba era que su verdugo era un miembro de una fuerza de seguridad, alguien que le exigía dinero para hacer desaparecer una supuesta denuncia presentada por la presunta madre de una adolescente de 17 años a la que había conocido a través de una aplicación de citas. Una sombra de falsa sospecha que lo consumía.
La trama detrás de la muerte en Olivos
Pero la verdad era aún más oscura.
Sus extorsionadores no eran policías, sino reclusos de cárceles bonaerenses. Desde sus celdas, habían tejido una red de engaño, creando un perfil falso en la aplicación Evermatch, donde Gómez, sin saberlo, caería en la trampa. Realizó varias transferencias que sumaron un total de 1.413.000 pesos a distintas cuentas.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, describió la situación en una reciente resolución donde procesó con prisión preventiva a siete integrantes de la organización criminal: "Ante la imposibilidad de conseguir el dinero (siendo que para ello Gómez no sólo recurrió a solicitar préstamos a sus compañeros, sino también a intentar obtenerlos mediante aplicaciones o sitios de otorgamientos de préstamos) y ante el temor de que cumplieran con el objeto de la extorsión (la exposición pública de su vida privada y/o su detención), entre las 4 y las 5 del 16 de diciembre pasado tomó la drástica decisión de terminar con su vida en el interior del puesto 9 ubicado en la esquina de la avenida Maipú y Malaver, dentro de la quinta presidencial de Olivos, en oportunidad en la que −en su condición de Soldado Voluntario del Ejército Nacional− se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia de la seguridad personal del Presidente de la Nación".
En el momento de la extorsión, los dos presuntos líderes de la banda, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, se encontraban recluidos en la cárcel de Magdalena, mientras que su cómplice, identificado como Kevin Sandoval, estaba alojado en la Unidad 26 de Olmos, La Plata.
Las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.
La banda estaba formada por Tomás Francavilla. de 21 años; Mauricio D.A., de 24; Kevin S. de 29; Iara Cosentino. de 22; Karen C. de 25; Camila M. de 24; y Erica T. de 36, todos ellos detenidos y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Todas las cárceles desde donde operaban son pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Desde allí, orquestaron el plan criminal utilizando teléfonos celulares.
Las medidas tomadas tras el caso
Ante esta situación, la jueza Arroyo Salgado no solo procesó a los sospechosos, sino que también envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, solicitando la implementación de medidas urgentes para evitar que los internos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires sigan teniendo acceso a dispositivos móviles, poniendo así un freno a la continuidad de este tipo de delitos.